Dan por superada la tensión con Chávez

El líder de Venezuela dijo que fue una broma su promesa a Lula de que las firmas brasileñas serían las únicas en no ser nacionalizadas
Mariano Obarrio
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28 de mayo de 2009  

El gobierno nacional dio anoche por superado el entredicho con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez , después de que el líder bolivariano aclarara públicamente, por pedido de Cristina Kirchner, que había hecho en "broma" al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, al decirle que sólo las empresas brasileñas quedarían excluidas del proceso de nacionalización .

Con comunicados de uno y otro país, anoche en la Casa Rosada se mostraron conformes con un extenso texto de la cancillería venezolana en el que Chávez sostuvo: "En medios de comunicación han buscado manipular un comentario que, en tono de broma, hiciera en una reunión de trabajo".

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, saldó anoche las diferencias . "Con esto queda terminada la cuestión", dijo a LA NACION. Sin embargo, en el Gobierno deslizaron que no podían dar como satisfactorio un comunicado en el que Chávez hablaba de una broma. "Es poco serio", agregó un funcionario, después de hablar con la Presidenta. En público, Randazzo insistió: "Por suerte recibimos un comunicado donde todo quedó claro".

El entredicho que se abrió con el socio privilegiado de la Argentina en medio de la campaña electoral alteró al Gobierno por las críticas que recibió tanto desde el empresariado como desde la oposición, después de que Chávez decidiera expropiar tres empresas del grupo argentino Techint.

El matrimonio Kirchner se molestó con la trascendencia pública que tomó la "broma". La Presidenta escribió ayer al mediodía un párrafo que envió a la agencia estatal de noticias Télam, en el que advirtió que de ser ciertas esas palabras, eran un hecho "discriminatorio" e "inaceptable" y le pidió a Chávez, por teléfono, una aclaración pública.

El entredicho comenzó anteayer cuando, durante una reunión entre Lula y Chávez, el venezolano le anticipó que no expropiará empresas brasileñas, diálogo que fue captado por la prensa.

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Cruce de comunicados

El cruce de comunicados comenzó con una inusual advertencia de Cristina Kirchner. "Una afirmación de ese tenor -de haber existido- implicaría un grado de discriminación y discrecionalidad que excede la esfera de soberanía propia de cada Estado independiente e implicaría una actitud inaceptable por parte de Estados democráticos de derecho, además de ser absolutamente contradictorio con los acuerdos estratégicos que nuestro país ha celebrado con la República Bolivariana de Venezuela".

Ese fue el único párrafo entrecomillado de Cristina Kirchner. "Lo hicimos para que Chávez entienda que no puede dejarnos tan mal parados", dijo a LA NACION uno de los hombres que comparte la intimidad a diario con el matrimonio presidencial.

La respuesta de Chávez llegó por la tarde, mientras en los despachos oficiales crecía el nerviosismo. "El gobierno venezolano rechaza el intento de manipulación de algunos medios de comunicación y ratifica todo su respeto y su confianza por el pueblo argentino, por su gobierno y por los empresarios argentinos", expresó la cancillería venezolana.

En el diálogo telefónico, anteanoche, Chávez le había prometido a Cristina Kirchner una desmentida. Pero por las dudas, ante las consecuencias que deparaban las decisiones de Chávez para el Gobierno en medio de la campaña, la Presidenta envió un fuerte mensaje ante la eventualidad de una insatisfactoria respuesta de Caracas.

En el gobierno nacional sostienen que la relación con el presidente Chávez no cambiará, aunque mostraron su molestia con el bolivariano no por las nacionalizaciones en sí, sino porque se anunció a menos de un mes de las elecciones. En la Casa Rosada despotricaban contra los dichos de Chávez, pero en público dejaron en claro que no se pondría en riesgo la relación con Venezuela.

Según supo LA NACION, el ministro de Planificación, Julio De Vido, llamó al director de relaciones institucionales del grupo Techint, Luis Betnaza y le reiteró que el Gobierno respetará la "decisión soberana" de Venezuela de estatizar las empresas, pero que reclamará a la administración de Chávez una indemnización.

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