De la Rúa convocó a una consulta popular para bajar el gasto político

Dijo que éste es el momento de la reacción argentina o de la rendición y que "encontrar evasores es hacer patria"
Dijo que éste es el momento de la reacción argentina o de la rendición y que "encontrar evasores es hacer patria"
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23 de agosto de 2001  

El Presidente saldó anoche un debate intestino de su administración al anunciar que algún domingo posterior al 14 de octubre habrá una consulta popular sobre la reforma política.

La convocatoria, que no tiene fecha ni forma definida, sorprendió incluso a algunos de los funcionarios que trabajan en el tema.

El texto original del discurso, que intentó dar un tono épico al acuerdo con el FMI y anunciar el final de los padecimientos económicos, no la contemplaba. A media tarde, un ministro que participó de su elaboración hizo saber a LA NACION que analizaban incluir la convocatoria pero, al caer la tarde, un integrante del entorno presidencial avisó que se había decidido lo contrario. Varios integrantes del gabinete se sorprendieron al escuchar el mensaje por televisión.

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, dijo anteanoche, cuando LA NACION le preguntó si se analizaba lanzar una consulta popular después de las elecciones, que no tenía sentido hacerlas separadas del 14 de octubre y que sería un gasto de dinero.

Un encumbrado funcionario, que integra el círculo íntimo del Presidente, había asegurado el viernes último, ante la misma consulta, que no habría consulta alguna.

"Es tiempo de la transformación de nuestro sistema político -dijo De la Rúa anoche-. El pueblo reclama que se realice enseguida. Tenemos que achicar el gasto de la política. Poco después de las elecciones legislativas, porque no puede hacerse el mismo día elegiremos un domingo para que el pueblo se expida."

Quienes participaron, en las últimas semanas, de la discusión sobre la pertinencia de la consulta (en el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia) explicaron que el Presidente decidió que no se la convocara junto con las elecciones legislativas porque no quiso arriesgarse a superar un obstáculo legal importante.

El obstáculo fue creado por una decisión anterior del mismo De la Rúa: la de promulgar sin un solo veto la ley que reglamentó la figura de la consulta popular, contemplada en la Constitución reformada de 1994. Esa ley establece en uno de sus artículos que la consulta popular no puede coincidir con elecciones nacionales. Se redactó así para evitar que los gobiernos utilicen los plebiscitos para mejorar sus oportunidades electorales.

Eso, exactamente, era lo que querían quienes impulsaban en el Gobierno la realización de la consulta. Pero De la Rúa no quiso vetar el artículo porque no quería dar la impresión de que buscaba evitar una catástrofe electoral. El tiempo de los vetos pasó y la ley fue promulgada.

Pero la idea de la consulta era tentadora, especialmente después de que el gobernador José Manuel de la Sota obtenía un triunfo con la suya en Córdoba. Porque, ¿quién puede negarse hoy a bajar el gasto de la política?

Había dos opciones: que el Presidente firmara un decreto anulando el artículo prohibitivo, arriesgando un revés en la Corte, o que hiciera la consulta en fecha separada. La mayor objeción a la última opción es el costo: en tiempos de déficit cero, el Gobierno deberá invertir, como mínimo, $ 2,5 millones en la consulta. Prevaleció la tentación de un triunfo seguro.

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