De la Rúa enfrenta una Justicia que nunca domesticó

Fernando de la Rúa renunció a la presidencia acorralado políticamente. El día después, en la Casa de Gobierno, parecía aliviado. Pero los problemas no se terminaron para él. Sin cargo ni investidura, deberá enfrentar otras tensiones y en lugar de lidiar con políticos tendrá que hacerlo con jueces y fiscales.

De la Rúa no modificó la conformación de la Corte Suprema ni domesticó a la justicia federal, como había hecho su antecesor, Carlos Menem. La independencia del Poder Judicial fue una de las banderas del gobierno de la Alianza, igual que la lucha contra la corrupción.

Durante sus 24 meses de gestión sólo nombró a un juez y a un camarista federales seleccionados por el Consejo de la Magistratura, aunque en el fuero que investiga las causas de corrupción hay otras cuatro vacantes.

"Sabe perfectamente que él no tiene un paraguas protector como el que liberó a Menem", razonó ante LA NACION una alta fuente judicial que pidió no ser identificada. El jefe del PJ recuperó la libertad después de casi seis meses de arresto domiciliario por la venta de armas gracias a un fallo que dictó la Corte el 20 de noviembre.

Pocas horas después de la dimisión, De la Rúa advirtió que no está a salvo. Dos jueces federales, María Servini de Cubría y Norberto Oyarbide, le prohibieron salir del país por la represión policial de los saqueos y las manifestaciones del jueves último.

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado lo denunciaron por "homicidios reiterados, privación ilegal de la libertad, lesiones graves y gravísimas, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", por las siete muertes que dejó la represión en las cercanías de la Plaza de Mayo y las otras 20 en el resto del país.

Los fiscales son los mismos que responsabilizaron a su amigo Fernando de Santibañes por el pago de los presuntos sobornos en el Senado a cambio de la ley de reforma laboral, aprobada en abril de 2000.

Presos y con pena máxima

Freiler aseguró ayer en declaraciones a Radio Continental que el ex presidente y sus ex colaboradores denunciados (el ex ministro del Interior Ramón Mestre, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos) "no sólo deberían estar presos, sino que tendrían que ser condenados a la pena máxima legal", que asciende a 25 años de prisión.

"De ninguna manera pueden irse del poder huyendo a oscuras, habiendo sido responsables de lesiones gravísimas y de muertes sin que esto no tenga ningún tipo de costo", aseguró el fiscal.

De la Rúa tiene abierta una veintena de causas penales, confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

Enfrenta una denuncia por traición a la patria por la reconversión de la deuda, que presentó la diputada del ARI Elisa Carrió e investiga el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Fue imputado por el fiscal federal Miguel Angel Osorio por malversación de caudales por el megacanje de bonos de la deuda pública. En ese expediente están imputados además el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, a quienes el juez federal Jorge Ballestero les prohibió abandonar el país hace cuatro días.

De la Rúa, Cavallo y varios funcionarios de su gabinete también son investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a raíz del decreto que fijó restricciones para la extracción de efectivo.

El ex jefe del Estado tiene además deudas pendientes con la justicia de instrucción por su gestión como jefe del gobierno porteño.

El fiscal de instrucción José María Campagnoli pidió su indagatoria por irregularidades en la concesión del predio de la Rural y su par Alejandro Molina Pico hizo lo mismo este año por estafas en la renegociación de la concesión de la autopista Arturo Illia.

En esa causa el fiscal también solicitó la declaración como sospechosos del ex secretario general de la Presidencia Nicolás Gallo, del todavía procurador general del Tesoro, Ernesto Marcer, y del ex secretario de Hacienda porteño Eduardo Delle Ville. Mientras De la Rúa estaba en el poder, el juez de instrucción Nelson Jarazo no hizo lugar al pedido. Las cosas cambiaron.