Por el caso de estatales que cobran subsidios. De la Sota investiga en los municipios si hubo irregularidades

Cruzan listas de agentes y beneficiarios

6 de enero de 2004

CORDOBA.- El gobierno provincial extendió a los municipios el cruzamiento de listados de empleados públicos para verificar si en esas jurisdicciones existen casos de percepción simultánea de sueldos estatales y subsidios del plan Jefes y Jefas de Hogar.

El gobernador José Manuel de la Sota anunció el viernes que se había detectado que 718 dependientes del Estado provincial estaban cobrando, al mismo tiempo, su salario y el subsidio de $ 150 mensuales, una circunstancia incompatible y que configura una irregularidad grave. Hasta ayer se comprobaron 320 casos.

La reacción del mandatario se produjo a raíz de las investigaciones que hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán sobre anomalías en el manejo de planes sociales en distintos municipios, de lo cual informó LA NACION.

Entre los gremios estatales ha sido tomada con recelo la resonante denuncia del mandatario, formulada en su primeras declaraciones de 2004 al periodismo. La presienten orientada a minar ante la opinión pública los reclamos laborales que le han venido planteando a De la Sota.

"Creemos que existe una gran probabilidad de que se repita lo que ya hemos descubierto en la provincia", señaló ayer a LA NACION el secretario general de la gobernación, Marcelo Falo, el funcionario en quien recae la tarea revisora de la nómina de personal de la administración pública y de las planillas en que figuran los beneficiarios de los subsidios.

En función de esa presunción se comenzó a remitir las nóminas a las municipalidades, incluida la de esta capital, donde se abonan mensualmente unos 60.000 subsidios a desocupados. En toda la provincia se hacen algo más de 120.000 pagos del programa nacional de ayuda a los desocupados.

En la administración pública provincial, la irregularidad fue encontrada en las liquidaciones de haberes de noviembre. Por lo tanto, se inició una investigación hacia atrás para determinar si la falencia se repitió en meses anteriores.

De los 718 casos que mencionó De la Sota, 219 eran empleados de planta permanente y 499 contratados. Falo precisó ayer que en 320, en su mayoría contratados, no cabe ninguna duda que percibieron el doble pago, pues se cuenta con los recibos de sueldo firmados y el comprobante de pago del plan Jefes y Jefas.

Respecto de los otros cuatro centenares, se estaba en la labor de efectuar una comparación minuciosa para confirmar o desestimar la sospecha.

Queja de gremios estatales

La denuncia provocó incomodidad entre los gremios estatales. Pocos dirigentes han hablado sobre un tema que saben irritante y que indispone contra sus representados.

Los sindicatos mantuvieron durante parte de 2003 una ofensiva apuntada, entre otras reivindicaciones, a conseguir una recomposición salarial. Los docentes, además, demandan la restitución de la bonificación por antigüedad.

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, señaló que por primera vez en la historia el sueldo inicial de un empleado público ha quedado por debajo del salario mínimo, vital y móvil establecido la semana pasada por el gobierno nacional en $ 350. "De esto no se habla", observó.

De la Sota ha reiterado que no contempla aumentos salariales para el año que acaba de iniciarse.

Igualmente, está sobre el tapete la situación de 11.000 contratados. Falo dijo ayer que se les había renovado el vínculo hasta 2005. Pihen objeta: "Si se les sigue renovando el contrato, deben pasar a planta permanente".

No bien pasen enero y febrero, los estatales volverán con las movilizaciones.

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