De Vido, la clave para saber si finalmente la impunidad llegó a su fin

Cuando el 22 de febrero de 2012 un tren se incrustó enloquecido en la estación de Once y mató a 52 personas, Julio De Vido era ministro de Planificación. A lo largo de los años había recibido advertencias del Congreso e incluso de los organismos de control, que aun temerosos y arrinconados habían señalado la falta de mantenimiento de los trenes administrados por los empresarios Cirigliano y su riesgo en las condiciones de seguridad. Pero el negocio era extraordinario. El gobierno le había entregado más de $3600 millones en contratos y subsidios, y parte del dinero los Cirigliano lo camuflaban con pagos entre empresas de su propio grupo.

De todas formas, el enriquecimiento personal era solo una cara de la manzana podrida; al girarla aparecía la tierra arrasada que quedaba en el Estado, porque la complicidad permitía desinvertir y generaba consecuencias, por ejemplo, que un tren sin mantenimiento tuviera dificultades para frenar. Ahora, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María López Iñíguez deberán decir el miércoles si De Vido, con su vista gorda sobre las advertencias, también fue responsable. Pero hay acusadores intranquilos a la luz del opaco panorama judicial de los últimos días.

La absolución de Carlos Menem esconde una pregunta. ¿Existe entre el peronismo y sectores del macrismo un acuerdo tácito para marcarle límites a las condenas de los exfuncionarios? Esa es la denuncia de Elisa Carrió que dejó a la coalición gobernante al borde de la fractura. En todo caso, el oficialismo tiene en el antecedente de su impulso al desafuero a De Vido la muestra de que si existe un acuerdo, los exministros están afuera de la protección.

De Vido sembró desde el penal de Marcos Paz ideas destinadas a intranquilizar a quienes ahora gobiernan en la Casa Rosada. Dijo en su declaración que si lo condenaran por Once se generaría una doctrina que podría "responsabilizar a los ministros por los accidentes de tránsito producidos por el estado de las rutas". El argumento puede haber encarnado en el espíritu intranquilo de algún ministro de Mauricio Macri, pero es absolutamente falso. De Vido no enfrenta un juicio por su política de transporte, sino por la connivencia entre empresarios y funcionarios que se enriquecieron a costa de abandonar la seguridad ferroviaria.

La maniobra era inigualable. El ministerio a cargo de De Vido, a través de los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi permitió que la concesionaria TBA de Claudio Cirigliano invirtiera menos de lo estipulado en el mantenimiento de los trenes. Luego, el Estado debía hacerse cargo de la reparación de los ferrocarriles. ¿A quién contrataba? A la empresa Emfer, de Cirigliano.

La voracidad carecía de límites. Gran parte de la catarata de subsidios públicos que recibía TBA luego iban a pagar un contrato de "asesoramiento" de otra firma, Cometrans SA. ¿De quién era Cometrans? De Cirigliano. El fiscal Ricardo Delgado lo calificó como "triangulación de fondos".

Preventivamente, después del choque de Once, miles de documentos se quemaron en Emfer, según denunciaron los delegados de la empresa. Es probable que las llamas consumieran pruebas; los cuadernos de Cirigliano. La Oficina Anticorrupción rastreó en la Jefatura de Gabinete los expedientes de las advertencias de los organismos de control sobre la falta de inversión. Algunos habían desaparecido para siempre. "De Vido sabía del estado del sistema ferroviario y no hizo nada para evitar la tragedia -argumentó Laura Alonso, de la OA-. Lo que sí hizo sistemáticamente fue garantizar el saqueo a pesar de las alertas de seguridad".

Nada es gratis. El yate con hidromasaje y grill que los investigadores judiciales atribuyen a Jaime había sido comprado a través de Carlos Luch, un asesor del Grupo Cirigliano. La ruta del dinero todavía tiene espacios en blanco. La desinversión, en cambio, se detectó en los compresores que faltaban para los "frenos largos" de los trenes o en los equipos oxidados de los vagones.

Schiavi, primer jefe de campaña de Macri, se entregó ayer a la Justicia luego de que Casación le rechazara un recurso extraordinario de apelación. Lo mismo hizo Cirigliano y el motorman, Oscar Córdoba. La decisión de Casación tranquilizó los ánimos convulsionados de los familiares tras la absolución de Menem. Pero la verdad se conocerá el miércoles.

Existe una clave de lectura para interpretar la sentencia. Los acusadores pidieron que sobre De Vido recaigan los delitos de administración fraudulenta y estrago. "Hay pruebas suficientes para condenarlo por los dos", enfatizó Leonardo Menghini, abogado de los familiares. La combinación es el punto. No es solo un problema de corrupción (administración fraudulenta). No es solo un daño (estrago). Es la forma como ambos se entrelazaron para segarle la vida a 52 personas: una combinación que Once resumió con su trágico aprendizaje: la corrupción mata.