Debate en Diputados por la ley cultural

Defensa de expertos y de empresarios
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26 de junio de 2002  

La Cámara de Diputados fue sede ayer de un intenso debate sobre la identidad de los medios de comunicación, en el contexto del tratamiento del proyecto de ley que establece una protección especial para las empresas periodísticas a fin de evitar que sean absorbidas por sus acreedores externos.

Empresarios, constitucionalistas y autoridades del área cultural expusieron su defensa a la instrumentación de un régimen especial para el sector ante un plenario de comisiones legislativas.

Diputados de todos los bloques señalaron reparos a la redacción del texto aprobado en el Senado hace 20 días, aunque destacaron mayoritariamente su acuerdo con el objetivo.

El proyecto fija un tope del 30% a la participación foránea en los medios de comunicación (excepto aquellos en los que actualmente se supera ese porcentaje) y exime a las empresas periodísticas de la aplicación del mecanismo de la capitalización forzosa, previsto en la ley de quiebras.

Ese instrumento establece que una empresa en concurso preventivo puede ser adquirida por su acreedor o por un tercero.

"La Constitución nacional no sólo no prohíbe, sino que impone al Parlamento dictar una cláusula protectora de los bienes culturales", argumentó el constitucionalista Alberto García Lema, aunque dijo que "es una cuestión de interpretación saber si ésta es la mejor forma de ejercer esa protección".

Alberto Gowland Mitre, titular de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (Aedba) y miembro del directorio de LA NACION, destacó la necesidad de evitar que la crisis económica lleve a la pérdida de la identidad cultural en el sector.

"No debe esperarse que el capital extranjero cuide la identidad nacional. No se trata de xenofobia ni nada parecido. Se trata de crear un área de reserva que vele por los intereses estratégicos del país", argumentó.

Guillermo Ignacio, de la Asociación de Empresas Periodísticas de Argentina (ADEPA), señaló: "Es una circunstancia de excepción y por eso se habla de una política de emergencia".

Entre los diputados se cuestionó el texto aprobado por el Senado en el sentido que postula en su primer artículo defender a una larga lista de empresas culturales, pero luego sólo especifica un régimen de excepción para los medios de comunicación.

El peronista Eduardo Di Cola, presidente de la Comisión de Legislación General, indicó que el debate del proyecto seguirá la semana próxima y no descartó que puedan introducirse algunos cambios para satisfacer las objeciones señaladas por los diputados.

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