En Diputados. Debaten el castigo para el espionaje de e-mails

Reacción legislativa ante las denuncias

13 de Junio de 2006

LA NACION

Las recientes denuncias por espionaje informático contra periodistas, empresarios y funcionarios encendieron la alarma. Las que por el momento sobran en el Congreso son dudas y divergencias sobre los mejores caminos por seguir para penar con mayor eficacia este tipo de delitos, todavía sin sanción específica en el contexto legal vigente.

La Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, que encabeza el kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, comenzó el martes último y seguirá hoy el análisis y tratamiento de los proyectos que penan concretamente la violación de correspondencia electrónica, que proliferaron en las últimas semanas.

En la reunión, a la que se sumaron las titulares de la Comisión de Legislación Penal, Rosario Romero (FV), y Libertad de Expresión, Silvana Giudici (UCR), se escuchó la opinión de los expertos Alejandro Fargossi y Mauricio de Núñez, que mostraron divergencias sobre los proyectos para castigar la intromisión en el correo electrónico. Hoy habrá reunión de asesores y se plantearán las diferencias entre los diversos proyectos de ley.

Hace tres semanas, los correos electrónicos de varios periodistas, legisladores y funcionarios fueron hackeados por extraños. Se presentaron denuncias en la Justicia, pero la legislación no es muy clara en este tema. En el Congreso, hay dos posturas para atacar la cuestión (que dividen al propio kirchnerismo). Algunos, como Núñez y el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, creen que hay que avanzar con los proyectos que reforman el Código Penal y establecen penas específicas para los delitos informáticos.

Nemirovsci, en cambio, afirmó: “No creo que haya un vacío legal. Las leyes vigentes, como la 19.798 de telecomunicaciones, cubren la jurisprudencia necesaria para estos casos”. De todos modos, garantizó que su comisión –a la cual se giraron seis proyectos sobre la materia– debatirá los proyectos.

La regulación

En general, las iniciativas tienden a incorporar a la legislación la regulación del e-mail, aunque difieren en las penas y los objetivos.

La norma con mayores probabilidades de rápido avance parlamentario es la que presentó la kirchnerista Diana Conti y que ya firmó Rossi. El proyecto, modificatorio de los artículos 153 a 157 del código, equipara el delito de violación de correos electrónicos efectuados por particulares con el de estafa, que alcanza una pena máxima de seis años de prisión.

Si quien comete ese delito es funcionario o miembro de una fuerza de seguridad, las penas que se contemplan van de 1 a 10 años de reclusión. “Al revisar la legislación nos dimos cuenta de que, por falta de adecuación a los nuevos tiempos, nuestro Código Penal no pena claramente los delitos por medios electrónicos. Los jueces nos están pidiendo estas modificaciones y vamos en ese sentido”, explicó Conti a LA NACION.

Un proyecto de la peronista federal Graciela Camaño incorpora cambios al Código Penal para las figuras de “sustracción, apropiación, copia y obtención de cualquier información que se encuentren almacenados en archivos o bases de datos”.

En la mesa de debate de las comisiones también estará un proyecto similar al de Conti –aunque con una penalidad menor– presentado por Delia Bisutti (ARI). El texto establece que “será reprimido con una multa de 1500 a 90.000 pesos” aquel que, al violar correspondencia electrónica, ocasione perjuicios a terceros.

Más allá de las divergencias, los diputados coinciden: el espionaje a periodistas, empresarios y políticos tiene un efecto intimidatorio. “Es un mensaje de amedrentamiento a los periodistas y la sociedad”, dijo Giudici, que se manifestó desilusionada porque, en la última reunión, “no se trataron proyectos concretos”.

El temor en la oposición es que la comisión de Nemirovsci dilate el tratamiento de las iniciativas.

Jaime Rosemberg

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