La venta ilegal de armas. Debaten si Erman González tiene fueros
Polémica: en el PJ consideran que el ministro de Trabajo puede ser indagado sin necesidad de juicio político previo; otras opiniones.
¿Tiene realmente un ministro del Poder Ejecutivo inmunidad ante la Justicia? ¿Puede un funcionario del Gobierno presentarse en forma espontánea ante los tribunales a prestar declaración indagatoria? ¿Es necesario el previo enjuiciamiento político de un ministro para que éste sea convocado por un magistrado?
Una vez más, el debate jurídico-político relacionado con la presunta inmunidad que tienen los ministros del Poder Ejecutivo ante la Justicia se abre en un abanico de dudas.
La compleja situación en que se encuentra el ministro de Trabajo, Antonio Erman González, al ser requerido por el juez federal Jorge Urso para prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, despertó una discusión que parecía enterrada.
El funcionario cuestionado se presentó la semana última en forma espontánea para declarar ante Urso, pero fue rechazado por el magistrado, quien entendió que González cuenta con inmunidad de ministro y que previo a su testimonio cabría un enjuiciamiento político del Congreso para definir si corresponde o no quitarle sus fueros. Paso seguido, Urso presentó el pedido de juicio político a González en Diputados. Ayer, el ministro de Trabajo redefinió su estrategia y presentó un escrito ante el juez Urso para ponerse a su disposición. Ahora la última palabra la tiene el magistrado: si acepta o no la declaración del ex ministro de Defensa.
Ante esta situación, existen muchas dudas de carácter jurídico-constitucional. El vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Melchor Cruchaga (UCR), expresó a La Nación que, "según lo que sostiene el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal, González sólo podría ser indagado si previamente es destituido o suspendido por la Comisión de Juicio Político o si renuncia".
No opina lo mismo el titular de la Comisión de Juicio Político, el menemista César Arias, que entiende que un ministro, al igual que los legisladores, puede presentarse en forma espontánea ante los tribunales como lo hizo Domingo Cavallo. El diputado del PJ sustenta esa teoría en la ley consuetudinaria que sostiene que los legisladores tienen "inmunidad de arresto pero no de proceso".
Al menos dos diputados justicialistas de la Comisión de Juicio Político consultados por La Nación expresaron en forma reservada que no adhieren a la idea de Arias y sí a la de Cruchaga.
Por lo pronto, la Comisión de Juicio Político comenzará a analizar mañana el pedido extendido por Urso y todo indica que el justicialismo demorará ese trámite legislativo para darle un respiro político a González.
La Ley Fundamental
En los artículos 69 y 70 de la Constitución está contemplada la inmunidad judicial para los senadores y diputados. Pero no se hace referencia alguna a los ministros del PE. Los fueros trasladados a los funcionarios de gobierno responden a una concepción consuetudinaria y no a una cláusula escrita.
"Los ministros no tienen fueros o inmunidad ante la Justicia, por lo que pueden declarar cuando un magistrado lo requiera. No hay impedimento para ello", destacó a La Nación el constitucionalista del justicialismo Héctor Masnatta, en una definición que profundiza aún más el debate. Es decir que para el jurista del PJ no haría falta que González pase por la Comisión de Juicio Político si está decidido a declarar ante Urso.
Mientras tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay explicó que si bien la inmunidad de los ministros "es un tema discutible", González "podría presentarse a declarar ante los tribunales renunciando a su inmunidad pero no a su cargo". Con esta interpretación jurídica se simplificarían y acelerarían los pasos previos para que el ministro de Trabajo declare ante Urso. Se evitaría así el tamiz de la Comisión de Juicio Político, donde el justicialismo podría proteger al funcionario o bien demorar una resolución.
No obstante, Sabsay estimó que "en un país racional un ministro que tiene semiplena prueba de haber participado en el desvío de armas no duraría un solo día en su cargo".
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