Debatirá el Consejo de la Magistratura el caso de los "ñoquis"

El plenario está previsto para el jueves
Hugo Alconada Mon
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11 de octubre de 2004  

El Consejo de la Magistratura analizará el jueves próximo la situación laboral de los empleados del Jurado de Enjuiciamiento, lo que amenaza con generar un conflicto institucional cruzado con el Jurado de Enjuiciamiento y la Corte Suprema de Justicia.

Tal como había anticipado LA NACION, el consejero Beinusz Szmukler denunció que el Jurado gasta más de $ 1,5 millón por año en los sueldos de 54 empleados, aunque un alto porcentaje de esos supuestos trabajadores no existen: son "ñoquis".

El Consejo debía celebrar un plenario extraordinario el jueves último, pero faltaron 10 de los 20 consejeros, por lo que no hubo quórum para resolver qué medidas se tomarán en el tribunal encargado de juzgar, absolver o destituir a los jueces acusados de irregularidades o delitos.

La situación de los presuntos "ñoquis" se debatiría el jueves próximo. Así figura, al menos, en el orden del día del próximo plenario, que comenzaría a las 9, mientras se registran reformas menores y se agudiza el conflicto.

El viernes último, la administradora general del Poder Judicial, Cristina Akmentins, detalló que ocho de los 24 empleados de planta permanente del Jurado fueron trasladados a otras dependencias, lo que resulta insuficiente para Szmukler y los consejeros que apoyan los cambios: Eduardo Orio, Marcela Rodríguez, Luis Pereira Duarte y Humberto Quiroga Lavié.

Szmukler denunció en agosto último que el Jurado tramitó apenas 1,33 juicio político por año, pero con una planta cinco veces más grande que la de cualquier tribunal oral.

El escándalo por la situación de esos empleados se agudizó cuando el presidente del Jury, el ministro de la Corte Augusto Belluscio, ordenó un relevamiento de quiénes trabajaban y quiénes faltaban, y detectó un alto porcentaje de ausencias.

Molesto, Belluscio abrió un sumario. Las sospechas se concentraron, en especial, sobre el personal de tres miembros del Jurado: los senadores Sergio Gallia (PJ-Neuquén) y Jorge Agúndez (UCR-San Luis) y el camarista federal de La Plata Sergio Dugo, según confirmó a LA NACION un alto funcionario del Jury, con acceso al sumario.

"La investigación sobre los empleados de Agúndez y Gallia se cerró porque ambos senadores se hicieron responsables si algo ocurre. Y, en el caso de Dugo, se suspendió el sumario a resultas de lo que ocurra en la causa penal abierta", detalló el funcionario consultado.

Dugo afronta dos causas penales: una por su supuesto enriquecimiento ilícito y otra por presuntas irregularidades o delitos detectados en la situación laboral de empleados que revisten en el Jury, pero trabajan en la Cámara Federal.

Agúndez se defendió de las acusaciones, que calificó de falsas, y criticó a Szmukler y al Consejo por las "desprolijidades" detectadas en las acusaciones que envía al Jurado, a las que definió como "defectuosas".

"Debo decir, además, que el doctor Szmukler, cuyo sueldo mensual supera los 12.000 pesos mensuales, cuenta con un personal de más de ocho secretarios y prosecretarios letrados, cuyos sueldos promedio superan los 4000 pesos mensuales", atacó.

Mientras, cada uno de los 54 empleados de planta permanente o "colaboradores" de los vocales en el Jurado cobra un sueldo promedio de $ 2156 pesos por mes, más aguinaldo, según el último informe de ejecución presupuestaria de la Administración General del Poder Judicial.

La Corte, expectante

La Corte Suprema mantiene el poder de superintendencia sobre el Jurado, que sólo delegó. Por ahora decidió no intervenir, mientras el propio Jurado y el Consejo analizan qué hacer con los empleados.

Algunos consejeros y legisladores impulsan eliminar el carácter permanente del Jurado, que sólo se constituiría en forma transitoria y para juzgar casos particulares. Otros bregan por mantener el Jury, pero reduciendo su planta de empleados.

Mientras, la diputada nacional Nilda Garré (Frepaso-Capital) presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para requerirle a Belluscio que informara al Congreso cuántos empleados trabajan en el Jurado y detallara las situaciones laborales de cada uno de ellos, cuánto cobran, a quién responden y quién los controla.

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