Mayor control al Poder Ejecutivo. Debatirá hoy el Senado los límites a los decretos
Es la reglamentación de las normas de necesidad y urgencia
Luego de una polémica demora de 12 años, y de no interponerse algún imprevisto, el Senado aprobará hoy y girará a Diputados el proyecto de ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia del PE.
El bloque oficialista que encabeza Miguel Angel Pichetto confía en alcanzar, con la ayuda de la UCR, el número necesario para sesionar y aprobar el dictamen impulsado por Cristina Fernández de Kirchner (FV-Buenos Aires) que reglamenta el uso y control de los DNU, el veto parcial de leyes y de delegación de facultades emitidos por el Presidente, y que debió haberse sancionado en 1994, cuando se le dio rango constitucional a los decretos.
El proyecto, explicado por la senadora Kirchner en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales hace dos semanas y cuestionado por el socialismo y senadores de partidos provinciales, establece la creación de una Comisión Bicameral permanente de 16 miembros que determinará la "validez o invalidez de cada decreto" antes de girarla al pleno de ambas cámaras.
La senadora Kirchner destacó entonces que la nueva redacción había terminado con la sanción ficta, es decir que los decretos de necesidad y urgencia quedarán ratificados por el simple silencio del Congreso.
En su artículo 20, el proyecto autoriza a ambas cámaras a expedirse sobre el decreto enviado por el PE una vez transcurridos los 10 días de trabajo de la comisión bicameral, pero nada dice sobre los plazos con los que cuenta el Parlamento.
Así, el silencio del cuerpo o el rechazo de una sola de las cámaras hará que, efectivamente, esas decisiones -utilizadas sin rodeos por los últimos presidentes constitucionales- sigan vigentes.
Este proyecto es sustancialmente diferente del que la propia senadora presentó en 2002, en el que proponía que en 20 días hábiles ambas cámaras debían expedirse sobre cada decreto. También establecía que si una sola de las cámaras lo rechazaba, el DNU quedaba sin efecto.
Rodolfo Terragno (radical independiente) sorprendió a muchos semanas atrás cuando volvió a presentar aquel proyecto de la senadora y lo consideró acertado para resolver la mora del Congreso en este punto. De más está decir que con ello se ganó el odio del oficialismo.
A diferencia de Terragno, el bloque radical que encabeza Ernesto Sanz (Mendoza) apoyará el dictamen en general, aunque hará objeciones en el tratamiento de algunos artículos. "Es un avance que contempla la matriz de los mejores proyectos que se presentaron y se está respetando rigurosamente la Constitución", afirmó Sanz, aunque expresó su esperanza de que en el texto final se fije un plazo determinado para que el Congreso apruebe o rechace un decreto del Ejecutivo.
Contrapunto
Desde el oficialismo hay una cerrada defensa del proyecto. "Se intentaron muchos caminos, pero ningún proyecto logró consolidarse y ningún gobierno tuvo la voluntad política para solucionar esta omisión", afirmó el kirchnerista Celso Jaque, para quien el proyecto es "un avance institucional importante".
Ubicados en la oposición, el renovador Ricardo Gómez Diez (Salta) y el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) anticiparon a LA NACION su voto negativo.
"Con esta legislación no avanzamos. No se fijan plazos para expedirse, con la agravante institucional de que el rechazo de una de las dos cámaras no alcanza, con lo que se contradice la Constitución", se quejó Gómez Diez, y consideró insuficiente la cantidad de legisladores a incluirse en la comisión revisora, lo cual según su visión "dejará afuera a varios partidos minoritarios".
Giustiniani suscribió a argumentos similares: "Si bien es importante que el Congreso se aboque a la reglamentación, se está consolidando una mala práctica institucional: el abuso de los DNU".
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