Declaran constitucionales las leyes secretas

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la constitucionalidad de las leyes y los decretos secretos al revocar un fallo que, en primera instancia, los había declarado inconstitucionales.

La información fue confirmada a LANACION.com por fuentes de la sala que dictó la sentencia.

La Sala V del tribunal, con las firmas de los jueces Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Morán, consideró que "las llamadas leyes secretas y los decretos de igual carácter son algo no querido pero necesario" y que "aceptar lo contrario, por más loable que fuese, dejaría al Estado inerme ante quienes pudiesen atacar su propia existencia o su forma de gobierno".

Esas normas sirvieron para justificar, entre otras cuestiones, el pago de sobresueldos a funcionarios durante el gobierno de Carlos Menem.

El derrotero. Con su fallo la Cámara revocó una resolución de la jueza de primera instancia Clara Do Pico, que el 11 de mayo del año pasado había declarado inconstitucionales las leyes secretas y que había sido luego apelada por el Gobierno.

En su fallo, Do Pico se refirió en particular a la ley 18.302, de fondos reservados, que sirvió de fundamento para justificar el presunto pago de sobresueldos durante el gobierno menemista.

Pero también declaró inconstitucional el carácter secreto de cualquier otra ley vigente "cuyo público conocimiento no ponga en riesgo la subsistencia de la República o la seguridad de la comunidad".

La sentencia había sido dictada tras un recurso de amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans, pero no tuvo efectos inmediatos porque la sentencia nunca estuvo firme.

Apelación. De hecho, el fallo fue apelado por el Poder Ejecutivo y el Senado quince días después. En aquel momento, el Gobierno argumentó que "un ciudadano no puede obligar al Congreso a legislar, así como tampoco una sentencia judicial".

En el Congreso, estancadas. En el terreno legislativo, y pese a las promesas hechas en plena campaña por las elecciones de octubre pasado, las leyes secretas siguen siendo un misterio.

En plena vorágine proselitista, la primera dama y por entonces candidata a senadora por Buenos Aires, Cristina Fernández, alzó como bandera la urgente necesidad de dar a publicidad las 141 leyes secretas que se sancionaron durante un siglo en el país.

En tiempo récord logró que el Senado diera media sanción a una iniciativa en ese sentido, la cual incluía la derogación de dos polémicas normas, la 18.302, de 1969, y el decreto ley 5315, de 1956, ambas dictadas por gobiernos de facto. Se trata de las leyes invocadas por ex funcionarios para justificar el pago de sobresueldos con fondos reservados durante la gestión de Carlos Menem.

Pese al impulso oficial, la iniciativa de la primera dama quedó atrapada en los archivos de la Cámara baja. Debido a su posición dominante, los diputados oficialistas podrían convertirla rápidamente en ley si así lo quisieran.