Decretan que no serán extraditados represores

El Gobierno argentino decidió dejar de lado las ambigüedades y, con la firma del decreto 1581, estableció que siempre rechazará los pedidos de extradición formulados por jueces extranjeros que investiguen violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante la última dictadura.

En cambio, se comprometió a denunciar ante la justicia local todos los casos en los que los magistrados extranjeros acompañen en sus requerimientos "antecedentes, documentación o pruebas" vinculados con hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial, también adelanta que el Poder Ejecutivo rechazará las solicitudes de cooperación jurídica formuladas por magistrados de otros países que investiguen a supuestos represores que hayan actuado en el país y recomienda a los jueces argentinos no disponer arrestos temporales con miras a la extradición porque, "tratándose de hechos respecto de los cuales no procede la extradición, la medida cautelar de privación de libertad tendiente a asegurar la comparecencia de la persona requerida resulta privada de fundamento".

El decreto es la respuesta oficial al crítico informe que difundió la semana última el organismo de derechos humanos norteamericano Human Rights Watch y también una señal para sectores castrenses, admitieron fuentes del Gobierno que pidieron no ser identificadas.

El reglamento de la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal lleva la firma del presidente Fernando de la Rúa, de su hermano Jorge, ministro de Justicia; del canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, y del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.

En el decreto, el Gobierno repasó la historia desde la restauración democrática y defendió lo actuado en materia de derechos humanos por los distintos gobiernos: desde el juicio a los comandantes en 1985, pasando por las leyes de amnistía, de punto final y de obediencia debida, hasta los indultos firmados por Carlos Menem.

El Poder Ejecutivo recordó que hasta ahora siempre se rechazaron las solicitudes de ayuda internacional contra supuestos represores y "en esas oportunidades se declaró que dar curso a los pedidos iría en desmedro de la soberanía de nuestro país".

Y también aseguró que "hacer lugar a 104 pedidos implicaría conculcar el principio de non bis in idem (doble juzgamiento), de raigambre constitucional".

Hacer justicia

La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, rechazó ayer la calificación de "socio renuente" que utilizó Human Rights Watch en su informe sobre la Argentina. Dijo que la crítica del organismo norteamericano "es injusta, porque el derecho a la verdad y la independencia del Poder Judicial, que representan los ejes rectores de la política del Gobierno en la materia, demuestran avances innegables".

Sobre el decreto que adelanta la doctrina que se aplicará en los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados por tribunales extranjeros, la funcionaria afirmó que "el principio de territorialidad es uno de los pilares de resguardo de la soberanía nacional, y en nada impide la obligación de hacer justicia cuando proceda".

Consultado por LA NACION sobre el decreto, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, recordó el principio de la justicia internacional, que indica que en caso de delitos de lesa humanidad se debe "extraditar o juzgar" a los responsables. Por eso, dijo, "no objetarán la medida dispuesta por el Gobierno si las pruebas que lleguen del exterior son remitidas a la justicia local".

Explícito

Jorge de la Rúa

• El ministro de Justicia siempre consideró que conceder extradiciones por hechos ocurridos en el país durante la dictadura iba en "desmedro de la soberanía".

• El decreto no modifica el actual estado de las cosas, pero explicita la doctrina que se aplicará en el futuro.

Diana Conti

• La subsecretaria de Derechos Humanos aseguró que "el principio de territorialidad no impide la obligación de hacer justicia cuando proceda".

• Destacó que, a partir del decreto, el Gobierno se compromete a remitir a la justicia local las pruebas que lleguen del exterior.