Dejaron de investigar sospechas de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) , el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.

El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.

Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).

El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.

La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.

"En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico", ironizó uno de los informantes. "Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas."

Ese límite deja un amplio margen de acción a miles de argentinos que entre 2000 y 2009 extrajeron del país más de 95.800 millones de dólares, en muchos casos sospechados de estar vinculados con la corrupción y la evasión tributaria, según la estimación realizada por el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).

En contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, la UIF recibe y envía a través de esa red pedidos de datos sobre investigaciones en curso.

Así, si en la Argentina se investiga a una empresa, puede pedirles a las otras unidades toda la información que puedan tener sobre esa compañía. Y viceversa, también. Es decir que puede recibir requerimientos de colaboración sobre una persona o compañía investigada en Europa o Asia o el Caribe, por ejemplo.

Esa interacción secreta es bastante habitual, hasta el punto de que entre 2003 y 2011 la UIF envió 794 solicitudes de información y recibió 441 desde el exterior, según las últimas estadísticas oficiales que difundió el propio organismo a fines de ese año.

Desde el exterior, sin embargo, también llegan comunicaciones espontáneas sobre operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias, entre otras, vinculadas con argentinos.

"Lo típico es que una unidad extranjera le avise a la UIF que tal persona está moviendo dinero y pregunte qué hay sobre él en el sistema local", graficó un segundo informante. "El problema es qué se hace acá con eso", abundó.

Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargan en la base de datos y se verifica si esa persona ya se encontraba bajo la lupa del organismo, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añade a su legajo y se examina.

Al archivo

El problema, sin embargo, ocurre cuando no es así. Si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limita a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.

"Eso significa que si un argentino está limpio en el país, puede presentarse con una valija repleta de dólares en un banco en el extranjero para abrir una cuenta sin temor a un sobresalto porque cuando la unidad antilavado de ese país lo informe a la UIF, no se investigará", detalló la tercera fuente.

Controlada por la Dirección de Relaciones Institucionales de la UIF, la información que llega por la red del Grupo Egmont registró, de todos modos, al menos dos incidentes serios durante los últimos años. Uno ya es conocido; el otro es un secreto a voces dentro del organismo.

El primer incidente ocurrió durante la campaña electoral de 2009, cuando la UIF recibió información de inteligencia financiera sobre Francisco de Narváez proveniente de la unidad antilavado estadounidense (FinCen) y esos datos terminaron publicados en Página 12, en lo que el diputado describió como una utilización política de datos confidenciales.

Este episodio llevó a la ruptura de relaciones entre ambos organismos durante más de dos años, que recién durante los últimos meses comenzaron a recomponerse de manera progresiva y parcial.

El segundo incidente , por el contrario, afecta a la justicia local y ocurrió mientras el líder de la hoy CGT disidente, Hugo Moyano, mantenía una relación aceptable con el Gobierno.

Así, según reconstruyó LA NACION, cuando el juez federal Norberto Oyarbide preguntó a la UIF si había recibido consultas desde el exterior -y, en particular, desde Suiza- sobre el referente de los camioneros, desde el organismo ofrecieron una respuesta favorable para Moyano, previo retoque de unas fechas sobre las consultas recibidas vía Egmont.

Más allá de De Narváez o Moyano, sin embargo, y por fuera del ámbito de investigación de la unidad antilavado local, quedaron otros dirigentes, que incluyen a funcionarios, políticos, empresariales y sindicales.

Junto con miles de argentinos más, extrajeron los cerca de US$ 95.800 millones del país en flujos ilícitos entre 2000 y 2009 que calculó el GFI. Pero que quedaron fuera del "zoológico" de la UIF.

La unidad antilavado centralizó, además, numerosas objeciones del principal foro intergubernamental del mundo de prevención y lucha contra el lavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre otras, fijó que la UIF debía mejorar su interacción con sus pares de otros países para combatir mejor los delitos económicos.

Sometido a un proceso de revisión especial, el país mostró mejores resultados durante los últimos plenarios del GAFI, que de todos modos lo mantiene dentro de su "lista gris" (ver aparte), con críticas cosechadas desde Estados Unidos, Alemania y España, entre otros. Desde este último país, incluso, llegó a la Argentina una alerta desde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Se centraba en el luego presidente de la "nueva" Ciccone, Alejandro Vandenbroele, y su socio Fabián Carosso Donatiello, el futuro inquilino del departamento del vicepresidente, Amado Boudou . Dada la práctica de cazar en el zoológico de la UIF, ninguno fue investigado hasta después de que estalló el caso Ciccone.

Sbattella y una decisión controvertida

La UIF resolvió no investigar reportes desde el exterior

• La resolución de la UIF
  
  Desde hace años no investiga los reportes sospechosos que se envían desde el exterior, a través del denominado Grupo Egmont
• Paraísos fiscales
  
  Esos reportes provienen habitualmente de destinos sospechosos como Liechtenstein, Suiza, la isla de Man y el atolón de Nauru
• Posibles beneficiados
  
  Entre quienes dejaron de ser investigados se encuentran funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos
• 95.800
  
  millones de dólares
  
  Es lo que estimó el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI) que se fugó del país entre 2000 y 2009 en operaciones ilícitas como corrupción y evasión tributaria
• 441
  
  reportes desde el exterior
  
  Es lo que recibió la UIF entre 2004 y 2011 por pedidos basados en operaciones sospechosas. Buena parte de esa información ha sido archivada sin profundizar en la investigación

Dos antecedentes polémicos

• HUGO MOYANO
  
  Secretario de la CGT
  
  Cuando todavía tenía buen vínculo con el kirchnerismo, la UIF ajustó las fechas de consultas recibidas desde el exterior para favorecer su situación ante una requisitoria del juez Oyarbide
• F. DE NARVÁEZ
  
  Diputado peronista
  
  En la campaña de 2009 la UIF recibió información de inteligencia financiera reservada sobre el principal rival de Kirchner y fue filtrada intencionalmente en una nota en Página 12

DÓLARES Y CAJAS DE SEGURIDAD

José Sbattella

estuvo asociado a definiciones polémicas desde que llegó a la UIF. A fines de 2011 dijo que la ley antiterrorista podría ser aplicada con los medios de comunicación. En abril de 2012 se pronunció a favor de "desdolarizar por las buenas o por las malas", lo cual acentuó el debate sobre el tema. Y a fin del año pasado consideró que la costumbre argentina de guardar dinero en cajas de seguridad facilita el encumbrimiento del lavado.

Del editor: qué significa