Del enfrentamiento a la cooperación

Antonio Camou y Guillermo Rozenwurcel Para LA NACION
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28 de febrero de 2010  

Ante la inminente entrada en operaciones de una plataforma de exploración petrolera en el área de las islas Malvinas, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto 256, el cual establece que "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar" por la zona "deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente".

Tal como fue presentada, se trata de una medida de resonante impacto mediático aunque de dudosa practicidad y que, muy posiblemente, ejerza un efecto nulo sobre las actividades británicas. Pero, sobre todo, la decisión constituye un improvisado eslabón de una política que debería ser repensada desde sus raíces.

En principio, corresponde recordar que la reforma constitucional de 1994 introdujo una disposición transitoria que ratifica nuestros derechos sobre las islas y mares australes. Esta cláusula puede ser la base de un extendido acuerdo nacional en la materia, pero requiere un debate serio, plural y democrático, que nos permita alcanzar una clara definición sobre nuestros mejores intereses en el diferendo, un amplio consenso interno y una sostenida voluntad diplomática.

Lamentablemente, no podemos decir que estos elementos se hayan conjugado de forma positiva y coherente a lo largo de muchos años.

En este marco, en el que cíclicos virajes nos han hecho perder en un movimiento el avance que habíamos logrado en el paso previo, quizás ha llegado la hora de discutir profundamente las escasas virtudes, los magros frutos y las muchas desventajas de una estrategia de política exterior fundada en el choque permanente como medio idóneo para recuperar el territorio insular.

Como hemos planteado en nuestras discusiones del Club Político Argentino, tal vez estemos ante una oportunidad para establecer las bases de una nueva política, que ciertamente cuenta con valiosos antecedentes, que haga de la cooperación, y no del enfrentamiento, el camino más adecuado para alcanzar nuestros objetivos estratégicos.

Entre los componentes principales de esa política podríamos señalar los siguientes:

En primer lugar, deberíamos asumir que, en el mediano plazo, los mejores intereses argentinos no consisten en una (muy) improbable recuperación territorial del archipiélago, sino en una apropiada inserción de nuestro país en el mundo y en un adecuado aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

En segundo término, sería conveniente reducir cualitativamente el tenor político y simbólico del conflicto, pasando a una instancia de diferendo diplomáticamente administrado.

Sin que medie ninguna renuncia formal a nuestros derechos, deberemos comprometernos en una difícil, paciente y franca negociación que involucre no solamente a los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña, sino también a los isleños.

Y, finalmente, el eje de la nueva estrategia ha de ser contribuir a instalar en el área un esquema de cooperación, con arreglo a intereses concretos en diferentes campos: pesca, petróleo, turismo, comunicaciones, desarrollo científico-tecnológico, política ambiental, etcétera.

Somos conscientes de que se trata de un camino arduo y delicado, y en cuya marcha todavía quedan dolorosas heridas por cicatrizar.

Pero también creemos que una ciudadanía crítica, madura y responsable se aleja día tras día de las estériles promesas de un cerrado nacionalismo territorial.

En tierras malvinenses y en las aguas del mar austral ofrendaron su vida cientos de soldados y militares argentinos.

Muchos de esos combatientes eran hijos de la pobreza o de la marginalidad, todos habitantes de un tiempo violento, ciudadanos a medias de una Argentina sin rumbo.

Honrar hoy su digna memoria nos obliga a construir una sociedad más democrática, próspera, pacífica e igualitaria, que ofrezca a los descendientes de aquellos caídos las oportunidades de vida y de progreso que ellos no pudieron disfrutar.

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