Del júbilo a un presente que aflige

El escándalo por los supuestos sobornos consumió fuerzas y tiempo al gobierno de coalición, preocupado por la economía
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24 de octubre de 2000  

Del júbilo por el triunfo y el fortalecimiento de la Alianza a la aflictiva tarea de salvar una debilitada coalición de gobierno.

De la obsesión por controlar un desenfrenado déficit fiscal al imperativo de reactivar una economía que parece indomable.

Política y económicamente, los hechos y los tiempos no resultaron como lo preveían radicales y frepasistas hace sólo doce meses. Entonces, con algo más de nueve millones de votos (casi el 50%), Fernando de la Rúa y su compañero de fórmula, Carlos Alvarez, ponían punto final a más de diez años de gobierno justicialista.

Hoy se cumple el primer aniversario de aquella victoria electoral, sólo empañada por la derrota de Graciela Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires.

Con diez meses y medio de gestión, se puede hablar aún de un gobierno novel, aunque en despachos oficiales reconocen que ya se gastó el handicap que otorga el triunfo para los primeros tiempos de una administración.

Al recordar qué proyectaba la Alianza y evaluar con qué cuenta hoy, a no pocos funcionarios y dirigentes oficialistas los invade una sensación cierta de frustración.

Por eso, en el Gobierno comienzan a abandonar la obsesión por el déficit para obsesionarse por el repunte económico. A resignarse por la renuncia de Alvarez a la vicepresidencia de la Nación para intentar salvar la coalición del naufragio.

Por eso, cuando De la Rúa se refiere por estas horas a la economía, afirma: "Vamos a crecer". Y sobre Alvarez y el Frepaso, dice: "Debemos seguir juntos".

Prioridades anunciadas

En la noche de aquel 24 de octubre, el jefe del Estado electo hizo hincapié en que apostaba al consenso y no al enfrentamiento. Y fijó sus prioridades de gobierno: reducir el déficit fiscal, modificar la estructura ministerial, acelerar la nueva ley de coparticipación federal y fomentar la actividad de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) para generar empleo: * Las medidas contra el rojo fiscal llegaron a los pocos meses. Hubo mayores exigencias impositivas, que principalmente afectaron a los sectores sociales intermedios, y un fuerte ajuste del gasto estatal, que incluyó rebajas salariales a decenas de miles de empleados públicos. * La nueva ley de ministerios fue aprobada por el Congreso el mismo día del recambio presidencial. Y si bien fue modificada en los hechos al eliminarse el Ministerio de Infraestructura, su proyecto estrella, el plan de obras públicas, acaba de recibir la primera venia legislativa.

* La nueva ley de coparticipación federal, que en octubre último arrastraba una mora constitucional de casi tres años, sigue sin ver la luz, aunque en los albores de la administración aliancista se firmó con las provincias un compromiso federal.

* El Congreso, que hace una semana aprobó la emergencia económica y una iniciativa contra la evasión tributaria, ya sancionó la ley para incentivar las Pyme y convirtió el Banco Nación en una entidad crediticia de apoyo a ese sector.

Entretanto, la Alianza aprobó sobradamente su primer test electoral, con el triunfo de Aníbal Ibarra en la Capital Federal.

En política exterior, mantuvo buena parte de la línea que había trazado Carlos Menem. Dio prioridad al Mercosur, preservó los buenos vínculos con los Estados Unidos y con países europeos que tienen inversiones en la Argentina y comenzó a procurar la apertura de mercados no tradicionales, como China, entre otros.

¿Qué pasó, entonces, para que la proyección que hizo el Gobierno para este año de un generoso 4% para el crecimiento del producto bruto interno (PBI) haya llegado, luego de periódicas rectificaciones, al 0,7%?

Hay quienes creen que las decisiones económicas no han sido las más acertadas para revertir la inercia de una recesión que lleva 28 meses. También se intentó buscar explicaciones en los efectos negativos que estaría produciendo para el desarrollo un aparente pesimismo generalizado.

Punto de inflexión

Lo cierto es que hubo un escándalo que estalló hace tres meses y que se convirtió, progresiva y rápidamente, en crisis política.

El caso por el presunto pago de sobornos a senadores consumió tiempo, fuerzas y expectativas, en el primer tramo del camino de un gobierno que se jactó de haber llegado para acabar con la corrupción.

Como tal, la crisis alteró un proceso y generó dudas. Frenó discusiones de fondo sobre políticas de Estado, sembró cierta desconfianza entre inversores del exterior y no permitió hasta ahora comprobar si las medidas económicas son efectivas o no.

En contraposición, hace un año, empresarios y economistas avizoraban que la victoria aliancista permitía acordar un ajuste fiscal y, así, ganar confiabilidad para las inversiones.

Mientras el sindicalismo advertía que no iba a ser concesivo, el candidato peronista derrotado, Eduardo Duhalde, pedía "ayudar al presidente electo" y el justicialismo en pleno coreaba su voto de confianza para el gobierno en cierne. Hoy, las opiniones en el principal partido opositor pasaron a ser críticas desembozadas.

De ahora en más

La renuncia del titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, elemento disonante para el gobierno de coalición, parece ser el último escollo salvado para salir de esta crisis política.

En contemporaneidad con el primer aniversario del triunfo, la Alianza, maltrecha por lo que significó la fuga de Alvarez de la función pública, se propone cicatrizar heridas y recuperar el tiempo perdido.

Empero, no son pocos los recelos y las diferencias que subsisten entre los socios y dentro del radicalismo. También queda latente el resquemor que provoca en la mayor parte del oficialismo frentista la sola posibilidad de acercarse al ex ministro Domingo Cavallo, emblema de confianza para los mercados y la estabilidad económica.

La administración aliancista comenzó a poner sus energías para procurar el crecimiento económico.

Alvarez no sólo piensa en que se debe recuperar la acción que paralizó la crisis, sino en la reacción a ésta ante la aletargada economía: "El país está pidiendo una estrategia de desarrollo productivo", reclama.

Opina que "la crisis política encierra al Gobierno y lo aleja de la sociedad y de los problemas que hay que resolver". Y los primordiales son de índole económica, aunque el escándalo por los supuestos sobornos también acelerará la reforma que pretende dar transparencia a la actividad política.

En la Casa Rosada coinciden con el ex vicepresidente en que hay que "trabajar por la recomposición de la coalición gobernante, por lo que votó la gente en el ´97 y en el ´99".

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