Del sueño hegemónico al control de los fiscales

Carlos Pagni
Carlos Pagni LA NACION
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2 de abril de 2015  

A medida que se acerca el final de su mandato, es más fácil advertir que la mayor frustración de Cristina Kirchner ha sido la imposibilidad de reformar la Constitución. Es lógico: la fantasía de romper la barrera de la legalidad es consustancial a un liderazgo que convocó al "vamos por todo". No hay sueño hegemónico que pueda realizarse sin una modificación de las reglas fundamentales. Como no lo consiguió, la Presidenta confía hoy en su propia fuerza de voluntad para doblegar las normas. Una apuesta urgente a que, en el último minuto, la política se imponga sobre la ley.

Entre los empeños más importantes de la señora de Kirchner en su ensoñación de eternidad está la designación de Roberto Carlés en la Corte Suprema de Justicia. El kirchnerismo ya aprobó el pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado. Ahora se propone conseguir que algunos opositores se ausenten, y así alcanzar los dos tercios de los miembros de la Cámara que se requieren para convertirlo en juez. En este contexto, la ausencia de los peronistas disidentes Carlos Verna y Adolfo Rodríguez Saá durante la audiencia encendió las alarmas en la oposición. Sin embargo, anteanoche Rodríguez Saá se comprometió ante el radical Ernesto Sanz a que su grupo votará en contra de Carlés. Miguel Pichetto, el presidente de la bancada oficialista, no se da por vencido: está punteando la lista de senadores con los que se puede conversar, empezando por la popular neuquina Lucila Crexell, allegada a Carlos Zannini.

La otra gestión de Cristina Kirchner para obtener con voluntarismo lo que le hubiera suministrado una reforma de la Constitución es su multifacética reforma judicial. Así como Sergio Massa hizo fracasar en 2013 el proyecto "eterna Cristina", el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, malogró la pretensión de subordinar el Consejo de la Magistratura al poder electoral del kirchnerismo. Lo hizo cuando el más alto tribunal rechazó la denominada "democratización" de la Justicia.

Desde entonces, la señora de Kirchner intenta asaltar los tribunales por la ventana. Como no logró avasallar a los jueces controlando el Consejo, se propuso anularlos transfiriendo su poder a los fiscales. Allí está la clave del nuevo Código Procesal Penal.

La aspiración de la Presidenta es ambiciosa: conservar influencia en los tribunales a pesar de la salida del poder. Para eso piensa en dotar a las fiscalías de poderes especiales, cubrirlas con abogados afines a su grupo y mantener al frente de ese sistema a la pasionaria Alejandra Gils Carbó, la actual procuradora. Esa ingeniería se basa en un axioma: cuando se está en la Casa Rosada, es importante tener jueces que defiendan a los funcionarios; en cambio, cuando se está fuera de ella, es preferible contar con fiscales que los enloquezcan.

El kirchnerismo prepara ahora una ley orgánica del Ministerio Público que profundiza la orientación del Código Procesal. La reforma del procedimiento ya convirtió al fiscal en el dueño de las causas. Los jueces quedarán relegados a ser meros garantes del ritual. Por ejemplo, con la nueva norma la jueza Fabiana Palmaghini no podría corregir los movimientos de la fiscal Viviana Fein en la investigación de la muerte de Alberto Nisman. En poco tiempo, la opinión pública se olvidará del nombre de los magistrados.

La ley orgánica que se proyecta reforzaría el poder de los fiscales, sobre todo porque les asigna atribuciones generosas e imprecisas. Por ejemplo, intervenir siempre que estén afectados "los intereses generales de la sociedad" (artículo 1). O garantizar "la paz social" (artículo 8). También prevé que obedezcan las "instrucciones generales" del procurador, como aquellas por las que los organismos de derechos humanos vapulearon en los años 80 al gobierno de Alfonsín. Y otorga rango legal a procuraciones especializadas, que limitan la actuación de los fiscales ordinarios. Entre otras, una constitucional, para unificar la doctrina en esta materia.

Como la mayoría de las reformas impulsadas por la Presidenta, ésta también fue elaborada mirando el espejo retrovisor. Más que diseñar el futuro de una institución, pretende corregir el resultado de batallas ya perdidas, como la de las cautelares constitucionales en el caso de la ley de medios. A pesar de que habla mucho del "proyecto", el principal motor del kirchnerismo es la venganza.

La potenciación de las fiscalías tuvo otro avance anteayer: Gils Carbó creó un equipo para que se vayan transfiriendo las facultades de la Oficina de Observaciones Judiciales de la ex SIDE a la Procuración. Para tranquilizar a quienes temen que las escuchas telefónicas carezcan de neutralidad, Gils Carbó encomendó la tarea a Romina Ronda, ex candidata a legisladora por el Frente para la Victoria de Mendoza. Estará asesorada por Carlos Arslanian, Alberto Binder, Marcelo Saín -director de la Escuela Nacional de Inteligencia por iniciativa de Aníbal Fernández- y el fiscal Félix Crous, militante de la agrupación oficialista Justicia Legítima.

Esta selección demuestra que, más allá de las virtudes o vicios de las organizaciones, la prioridad para el Gobierno es reclutar al personal con criterios de facción. Es lógico. Desde que se aprobó la reforma del Código Procesal, el kirchnerismo enfrentó varios episodios que demostraron que un fiscal puede ser mucho más dañino que un juez. Nisman era fiscal. Gerardo Pollicita y Germán Moldes son fiscales. En cambio, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero son jueces.

Esos clementes magistrados, que se negaron a investigar si la denuncia de Nisman contra la Presidenta tenía algún fundamento, volvieron más verosímil la idea de una negociación entre la Casa Rosada y el fuero federal de la Capital, que investiga la corrupción de los funcionarios.

El Gobierno acaba de corroborar ese fantasmagórico armisticio. Prepara una reglamentación del Código Procesal donde se establece que, en el caso de los magistrados federales, el recorte de facultades en beneficio de los fiscales no tendrá fecha de aplicación. Dependerá de lo que decida una comisión integrada por representantes de la Corte, las dos cámaras del Congreso, las cámaras de Casación, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo (artículo 2 inciso b). En cambio, para la justicia nacional de garantías, el Código comenzará a regir el próximo 1° de agosto, y para la de la ciudad de Buenos Aires, el 1° de julio del año que viene. Esta última será dividida en cuatro circunscripciones cuya delimitación será materia de una discusión interesantísima. Por ejemplo, ¿qué jueces y fiscales quedarán a cargo del distrito financiero?

La concesión a los jueces federales coincide con las exigencias que plantearon algunos de ellos en su negociación con el Gobierno. Los más activos fueron Ariel Lijo -hoy el caudillo más destacado del fuero-, cuyo hermano Alfredo oficia como gestor tribunalicio de Julio De Vido, gracias a su amistad con el secretario privado del ministro y presunto agente de la nueva SIDE, José María Olasagasti.

Para demostrar su eficacia, el pacto judicial debería ofrecer nuevos indicios. Por ejemplo, ¿qué hará la Cámara de Casación Penal con la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán? Anteayer, ese tribunal requirió al Ejecutivo la documentación del proceso -lo que incluye los cables diplomáticos- para resolver a mediados de mayo. La Cancillería protagonizó un pequeño papelón durante la audiencia: su representante aseguró que Héctor Timerman nunca había notificado a Interpol la firma del acuerdo. Pero el abogado de la DAIA exhibió esa comunicación, que lleva la firma de Timerman.

El caso plantea una paradoja. El kirchnerismo quiere que el tratado sea declarado constitucional para que se vuelva operativo. Por esa vía, si se siguiera el criterio del juez Rafecas, terminaría cometiendo el delito que le imputó Nisman. Rafecas sostuvo que no hubo encubrimiento porque el memorándum nunca se puso en práctica. Por suerte para la Presidenta, los iraníes jamás lo convalidarán.

La presunta transacción corporativa con los jueces sólo se volverá creíble con una resolución favorable a la señora de Kirchner en la causa que más la mortifica: la de presunto lavado de dinero por los negocios familiares de Hotesur. La Cámara de Casación fijó una audiencia para el lunes próximo en la que deberá decidir si Claudio Bonadio sigue al frente de la investigación. El expediente es inquietante, porque involucra a Máximo Kirchner. Ayer el hijo de la Presidenta fue postulado, otra vez, como posible integrante de la lista bonaerense de diputados nacionales del Frente para la Victoria. La candidatura debería inscribirse el 22 de junio. Una fecha para recordar: a partir de ese día, el joven Kirchner tendría fueros.

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