Delia Ferreira Rubio: "Me sorprendieron los aportes truchos en Cambiemos"

La directora de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, sigue muy de cerca el escándalo que sacude a Cambiemos sobre los aportantes falsos a la última campaña electoral en Buenos Aires. Enfatizó que no la sorprendió tanto la noticia como el hecho de que quienes aparecen involucrados en la denuncia sean de Pro.

"Me sorprendió que pertenezcan a Pro, un partido que enarboló la bandera del cambio y de la transparencia. Hubo casos anteriores de aportantes falsos que afectaron a otros partidos y que se descubrieron gracias a las auditorías. Casos en los que, por ejemplo, aparecieron jubilados que cobraban la mínima aportando a campañas electorales. No es la primera vez que sucede, pero sí me sorprendió que hubiese ocurrido en Cambiemos", admitió Ferreira Rubio, en diálogo con LA NACION.

-¿Urge, por lo tanto, una nueva ley de financiamiento de las campañas electorales?

-Es importante avanzar en una nueva legislación, pero este caso no tiene nada que ver con falencias de la ley actual. Aquí hubo una violación simple y directa de la ley. Esta es clara cuando establece que no puede haber donaciones anónimas y que el partido tiene la obligación de reportar el origen de los fondos para sus campañas. Entonces, el problema es que tenemos un partido que no cumple con la ley porque no reportó el verdadero origen de los fondos, sino que apeló a aportantes que no son los reales para mantener en el anonimato a los verdaderos aportantes.

-¿Cómo se podría evitar este problema?

-Evidentemente, con un control más eficiente y exhaustivo. Uno de los puntos claves que propone la nueva ley de financiamiento de las campañas electorales que presentó el Gobierno es que distintos organismos del Estado, como la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, la Oficina Anticorrupción, la superintendencia de bancos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tendrán la obligación de facilitarle a la Justicia Electoral la información que requiera en su tarea de auditar los fondos. Esto no figura en la ley actual y es muy importante, porque a partir del cruce de distintas bases de datos se puede llegar al origen de los fondos aportados a las campañas.

-Este escándalo dejó en evidencia el uso partidario de las bases de datos oficiales. Los aportantes falsos son beneficiarios de planes sociales.

-Es otro tema. Las bases de datos oficiales tienen que garantizar que los datos personales que custodian se usan para los fines para los que han sido requeridos. La base de datos de personas que reciben subsidios, planes sociales o la Asignación Universal por Hijo no está para que el partido del gobierno de turno la use para simular aportes de campaña. Este es otro problema que debería investigarse. Pero el tema central es otro.

-¿Cuál es?

-Saber de dónde salieron los fondos. Aquí hubo un dinero reportado y gastado por el partido (Cambiemos), pero quienes aparecen como aportantes dicen no haber hecho esos aportes. Entonces, quién dio el dinero es la pregunta central. Queremos saber quién financia las campañas, no por una cuestión de curiosidad, sino porque eso significa la puerta de ingreso a potenciales conflictos de interés, a compromisos que después se traducen en decisiones públicas, contratos, beneficios.

-El nuevo proyecto prohíbe el aporte en efectivo y obliga a la bancarización. ¿Esto puede ayudar?

-La bancarización es una buena cosa, pero la ley vigente ya establece una única cuenta bancaria donde deben ingresar todos los fondos de la campaña. Además, no a va impedir los llamados "bolseros": las personas que juntan dinero de otras que no quieren aparecer donando. El bolsero después va a ir al banco y dará su nombre, pero los aportantes reales quedarán en el anonimato.

-¿Cómo debería ser la investigación de estos delitos?

-La tarea debe recaer en la justicia federal con competencia electoral; debe controlar y verificar el cumplimiento de la ley. De eso no hay duda; por ello, hay que fortalecerla con recursos humanos, económicos y tecnología. En cuanto al juzgamiento de los delitos, el proyecto del Gobierno propone una serie de normas procesales de las que no estoy segura si facilitarán la aplicación de las sanciones o, por el contrario, demorarán y complicarán el proceso. Me preocupa la expresa disposición de que no se van a admitir querellantes en el caso de los delitos electorales. Eso complica.

-A dos años y medio desde que asumió Mauricio Macri, ¿qué balance traza sobre los avances en materia institucional?

-Hubo avances, pero pocos. Fueron importantes la sanción de la ley de acceso a la información y medidas de mayor transparencia en la presentación y acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios. Se avanzó menos en los temas sobre conflictos de interés y aún se adeuda una nueva ley de ética pública, como también la creación de una Oficina Anticorrupción independiente del Gobierno.