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Demora de nueve meses para formar la Comisión de Etica Pública

En el Congreso se retrasa la integración de un órgano clave creado por ley
Martín Dinatale
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21 de agosto de 2000  

Investigar a funcionarios públicos, exigir y dar a publicidad sus declaraciones juradas patrimoniales, controlar la conducta y eventuales incompatibilidades de los hombres de los tres poderes del Estado. La puesta en práctica de todas estas y otras acciones que fueron fijadas por ley se encuentra trabada hoy por una mora parlamentaria: la creación de la Comisión Nacional de Etica Pública.

Si bien la Oficina Anticorrupción investiga a los funcionarios del Gobierno y exige de ellos las declaraciones juradas de bienes, lo cierto es que esa dependencia responde directamente al jefe del Estado y escapa al espíritu original de la ley de ética, sancionada en noviembre último.

En rigor, es la Comisión de Etica la que en forma autárquica del Poder Ejecutivo debería cumplir gran parte del papel que le fue conferido por decreto a la Oficina Anticorrupción.

Pero hasta ahora, esa comisión establecida por ley no fue creada, por implícitas diferencias que subsisten entre el PJ y la Alianza y por problemas presupuestarios, según admiten por lo bajo representantes del Gobierno.

La Comisión de Etica debería estar conformada por un representante de la Corte Suprema, otro del Poder Ejecutivo, un delegado del procurador general de la Nación y ocho miembros puestos por el Congreso, dos de los cuales deben surgir de la Defensoría del Pueblo y de la Auditoría General de la Nación.

Desde la Procuración General de la Nación, la Auditoría y la Defensoría del Pueblo, espacios liderados por el peronismo, ya designaron representantes. La Corte se negó a integrar esa comisión al aducir que ello significaba una injerencia de poderes. El Poder Ejecutivo no designó a representante alguno.

De esta manera, restan los seis cargos que deberán definir las cámaras de Senadores y de Diputados. Teniendo en cuenta la mayoría justicialista de la Cámara alta, tres de esos puestos serían ocupados por el PJ y tres por la Alianza, con lo que el oficialismo quedaría con un número desfavorable en la Comisión de Etica. Se enfrentaría así el eventual peligro de que ese cuerpo, hipotéticamente manejado por el PJ, cuestionara discriminadamente a funcionarios o legisladores aliancistas.

Razón de ser

Empero, más allá de esta pulseada política, en los últimos 15 días hubo tres hechos que mostraron la necesidad de contar en lo inmediato con una Comisión de Etica Pública:

  • La Oficina Anticorrupción que conduce José Massoni dio a conocer un listado de 46 funcionarios de la administración delarruista que fueron investigados por presuntas incompatibilidades y conflicto de intereses, de acuerdo con el cargo que ocupan y las funciones que cumplieron en la actividad privada antes de asumir. Según pudo saber La Nación , y a pesar de que Massoni lo desmienta, no fueron pocos los funcionarios del Gobierno que se quejaron ante la Oficina Anticorrupción por dar a trascender a la prensa esa investigación.
  • El juez Juan José Galeano, que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray, pidió al Congreso las declaraciones juradas del padre de la ex funcionaria, el ex diputado Alvaro Alsogaray. Esas declaraciones se mostraron a puertas cerradas en la Secretaría Administrativa de la Cámara baja. Las primeras declaraciones juradas del dirigente ucedeísta son de 1991 y no estaban comprendidas en la ley de ética. Pero sí lo estaba la declaración jurada presentada en febrero último, aunque se abrió en secreto. Actualmente, no se puede tener acceso a ninguna declaración jurada de diputados o senadores nacionales, pese a que la ley lo permite. La excusa que ponen las autoridades del Congreso es que no está creada la Comisión de Etica.
  • La Oficina Anticorrupción anunció que investiga "de oficio" el eventual caso de soborno en el Senado. Pero el tema, que involucra al Poder Ejecutivo y a los legisladores, debería ser investigado por un órgano autárquico. Es que la oficina de Massoni no está facultada para investigar al Congreso.
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