Denuncia de los fondos buitre contra funcionarios

Difundieron una lista con el incremento del patrimonio de 14 referentes del Gobierno; duras respuestas
Silvia Pisani
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11 de febrero de 2015  

WASHINGTON.- Tal vez no fue lo que se propusieron. Pero, con una repetida denuncia de "corrupción" en el gobierno de Cristina Kirchner , los llamados "fondos buitre" dieron al ministro de Interior, Florencio Randazzo, la primera ocasión de mostrarse atacado desde el exterior por su condición de "precandidato" a la presidencia.

"Yo me siento honrado con que esos delincuentes me ataquen", dijo el ministro y aspirante a la Casa Rosada, apenas supo que "los buitres" lo señalaban por la "inexplicable" multiplicación de su patrimonio personal durante el tiempo que lleva junto a la Presidenta.

El contrapunto saltó porque ATFA, una entidad que opera como grupo de presión de los fondos que litigan contra la Argentina por la deuda impaga, denunció el "inexplicable" aumento del patrimonio personal de 14 funcionarios del Gobierno y lo atribuyó al "patrón de corrupción que se repite" en la gestión de la Presidenta.

Entre los citados en el informe figuran, además de Randazzo y de uno de sus asesores, Marcio Barbosa Moreira; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; el ex secretario de Comercio y hoy designado en la embajada en Roma, Guillermo Moreno, así como el ex jefe de Gabinete y hoy senador Juan Manuel Abal Medina.

También se cita a funcionarios de menor exposición pública. Tal el caso de los ministros de Salud, Juan Luis Manzur, y de Turismo, Carlos Meyer, así como a uno de sus subsecretarios, Daniel Pablo Aguilera.

En esa misma segunda línea están, en el área de Salud, Eduardo Samuel Garvich y Gabriel Eduardo Yedlin; el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Horacio Gustavo Roura, y el ex ministro de Defensa Arturo Puricelli. La nómina incluye a un ex funcionario del Ministerio de Agricultura, Aroldo Amado Lebed, así como a Oscar Alberto Martini, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"El gobierno de Kirchner dice que no paga sus deudas para proteger de la pobreza a sus ciudadanos. Pero la verdad es que los argentinos sufren pobreza e inflación, mientras que los funcionarios del Gobierno y los que están cerca de la Presidenta se enriquecen", dijeron los denunciantes del lobby buitre.

Declaración jurada

Todos los datos se basan en la declaración jurada de los funcionarios en cuestión. Tanto Randazzo como Abal Medina se comunicaron para indicar que, si bien los datos eran correctos, la interpretación de "enriquecimiento injustificado" era un "auténtico disparate".

La diferencia de números "se debe al revalúo dispuesto por la provincia de Buenos Aires", dijo Randazzo, quien atribuyó el ataque a un intento de impedir su deseo de llegar a la Casa Rosada. "Comprenderán que, que esta gente intente descalificarme, es un honor", dijo.

Abal Medina calificó de "insólita" la interpretación de los datos. "Los buitres leyeron mal mi declaración jurada y me atribuyeron la totalidad de una antigua empresa familiar cuando, en realidad, sólo poseo de ella el 17 por ciento", explicó.

Los lobbistas de los buitres insistieron en que "ojalá el Gobierno recapacite y negocie" el pago de los fallos adversos que obtuvo en su litigio ante los tribunales norteamericanos. "Los argentinos sufren pobreza porque el país no puede volver al mercado de capitales", dijeron.

El contrapunto sirvió para que, una vez más, el Gobierno renovara su discurso en contra del pago del fallo desfavorable que avaló la Corte Suprema de este país, que lo condenó a pagar más de 1300 millones de dólares al fondo Elliott, propiedad del magnate norteamericano Paul Singer, así como a una decena de ahorristas de nuestro país.

"Nosotros no estamos dispuestos a pagarle a esta gente lo que pide", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof. "Eso es algo que no hará esta presidenta ni tampoco este ministro de Economía", sostuvo.

El funcionario recordó que lo que sí está dispuesto a pagar el gobierno es "lo mismo" que ofreció a la mayoría de los tenedores de bonos de deuda. En su momento, los holdouts rechazaron esa oferta y optaron por un largo proceso judicial que, diez años después, les dio la razón con un fallo firme. Kicillof había dicho, meses atrás, que el pago no podía efectuarse mientras estuviera en vigor la llamada cláusula RUFO.

Contratado por "currículum"

  • El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, aseguró ayer que la dependencia que encabeza contrató a Carlos Alberto García Muñoz, condenado en España por violar a su ex esposa, por currículum y "referencias" que acercaron "militantes".
  • "Su currículum presentaba referencias que eran suficientes para contratarlo", indicó Fresneda a Radio La Red.

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