Denuncian a Báez por asociación ilícita

El empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fueron denunciados ayer ante la Justicia como integrantes de una presunta "asociación ilícita fiscal" por los millones de pesos en facturas truchas que salieron de Bahía Blanca para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

La denuncia la radicó la diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, quien consideró que esa operatoria podría representar el delito precedente para acusar a Báez por lavado de activos en la causa por "la ruta del dinero K" que instruye el juez federal Sebastián Casanello. Stolbizer también apuntó contra los empresarios de Bahía Blanca dueños de las usinas de facturas truchas -en particular, la familia de Enzo, Franco y Silvio Ficcadenti-, así como contra varios funcionarios de la AFIP en esa ciudad, como el jefe de la Regional, Juan Pablo Fridemberg, y uno de sus colaboradores, Norberto Filipini.

"La investigación de las maniobras, profundizando en las operatorias, empresas y sus contabilidades, personas involucradas y el cotejo del circuito de los beneficios económicos podría constituir el delito precedente necesario para configurar luego la maniobra de encubrimiento y/o lavado de dinero ilícito", le planteó Stolbizer a Casanello, al que le solicitó ampliar su investigación en marcha.

"Del entramado de relaciones entre todas las personas participantes de los hechos, tanto los que conducen organismos públicos como los que integran sociedades particulares, podría concluirse también la existencia de una asociación ilícita fiscal que debería investigarse", añadió la legisladora.

Casanello deberá analizar ahora si le corre vista al fiscal federal Guillermo Marijuan, en plena feria judicial de verano, para que éste defina si amplía el número de imputados en el expediente y pide nuevas medidas de prueba. Horas antes de que los tribunales entraran en receso durante enero, Marijuan llegó a pedir, por primera vez, que se llamara a Báez a indagatoria por presunto lavado.

Con su escrito, sin embargo, Stolbizer profundizó ayer por la senda del posible delito previo que la ley antilavado anterior -que rige para esta pesquisa por la fecha de la primera denuncia- imponía como paso ineludible para acusar a alguien por blanqueo.

Apoyada en información que recogió "en diversos organismos públicos" y revelaciones de los diarios LA NACION y Perfil, Stolbizer sostuvo que Austral Construcciones recurrió a facturación falsa para "justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que, luego, todo ese altísimo circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavado de dinero". Para eso, la legisladora apuntó también contra Echegaray, "por omitir el cumplimiento de la normativa vigente, beneficiando al empresario Báez, es pasible del delito de encubrimiento de las maniobras delictivas".

Según argumentó Stolbizer, Echegaray conocía "al menos desde hacía dos años" la operatoria de facturación falsa que la Regional Bahía Blanca había detectado. Pero nunca se radicó una denuncia contra las usinas -entre ellas, Calvento y Grupo Penta, de los Ficcadenti-, ni contra las empresas beneficiarias, Constructora Patagónica -de la familia Pedraza- y Austral Construcciones.

"Debe resaltarse que en cumplimiento de sus obligaciones -recordó Stolbizer-, la AFIP debió formular la correspondiente denuncia penal agravada contra los Ficcadenti y/o contra los integrantes de Grupo Penta, los socios de Constructora Patagónica SA y los titulares de Austral Construcciones SA", lo que no ocurrió. Por el contrario, según denunció el gremio, se habría ordenado el cierre de la Regional Bahía Blanca del organismo para tapar lo ocurrido.

Stolbizer alertó a la Justicia, además, que la operatoria irregular continuaría en marcha con la creación de otra firma, Terrafari SA. "Integrada por Enzo y Franco Ficcadenti, hijos de Silvio Ficcadenti, quienes conforme surge de registros de la AFIP, habrían figurado hasta 2011 como empleados del Grupo Penta", recordó, Terrafari le facturó en poco más de dos años "a Austral Construcciones -su único cliente- más de 30 millones de pesos".

El énfasis de Stolbizer sobre la facturación trucha no pasa sólo por la eventual evasión que facilita. "También permite la acumulación y reserva de dinero negro, mal habido para facilitar con éste el pago de «compensaciones» (coimas), el envío al exterior y/o la reinserción del mismo en un circuito legal luego de pasar por el proceso de lavado de los activos mediante operaciones bancarias, financieras, inmobiliarias", destacó.