Denuncian en la APDH cobros de honorarios por trámites gratuitos

Uno de los titulares de la organización formuló la acusación y fue separado del cargo
Uno de los titulares de la organización formuló la acusación y fue separado del cargo
Mariano De Vedia
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30 de julio de 2015  

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el emblemático organismo que reunió a Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Meijide y Alfredo Bravo, entre otros referentes de la defensa de la democracia y las garantías constitucionales, quedó envuelta en un grave conflicto interno.

El enfrentamiento estalló a raíz de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la reparación económica a miembros de los testigos de Jehová detenidos durante la última dictadura por negarse a cumplir el servicio militar.

Los protagonistas del conflicto son dos de los tres copresidentes actuales de la APDH: Horacio Ravenna acusó a Ernesto Julio Moreau de cobrar honorarios por trámites administrativos gratuitos y utilizar el nombre de la institución en beneficio propio. La denuncia fue desestimada por la mesa directiva, que luego suspendió al denunciante y abrió un sumario en su contra.

En diálogo con LA NACION, el presidente honorario de la APDH, el ex diputado Miguel Monserrat, ratificó que la denuncia fue rechazada "por infundada y falaz" y atribuyó el enfrentamiento entre Ravenna y Moreau a "diferencias personales".

El conflicto arroja un manto de sospechas sobre la organización, identificada con la lucha por la vigencia de los derechos humanos en los años 70 y 80. Incluso, motivó una declaración conjunta de varias entidades, firmada por Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Adolfo Pérez Esquivel (Servicio de Paz y Justicia), entre otros, que transmitieron su preocupación por la denuncia y pidieron "una expedita e imparcial investigación".

La reparación

En agosto de 2007, luego de nueve años de "incesante trabajo" por parte de la APDH -como detalló el obispo metodista Aldo Etchegoyen en una carta dirigida al entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne-, el Gobierno reconoció el derecho a la reparación económica de los testigos de Jehová, como víctimas del terrorismo de Estado, luego de que varios de sus miembros hubieran sufrido persecución política, discriminación, detenciones arbitrarias y torturas entre 1974 y 1983.

El punto de partida fue el caso Daniel Víctor Guagliardo, quien se había negado a incorporarse como soldado conscripto, empuñar armas y recibir entrenamiento militar. En represalia, fue detenido y sometido a tratos inhumanos, al igual que otros creyentes de esa misma fe que invocaban una objeción de conciencia.

Con esa resolución, el Gobierno habilitó a centenares de miembros de los testigos de Jehová para percibir una reparación económica, que variaba entre $ 200.000 y $ 600.000, según los casos, y garantizó un trámite gratuito para su cobro.

"Moreau tramitó en sede judicial unos 700 y cobró honorarios profesionales, cuando la gestión administrativa era gratuita", reveló una fuente de la APDH cercana a Ravenna, quien denunció a su colega en una reunión de la mesa directiva del organismo. Los cálculos más moderados sostienen que los honorarios ascendían a 15% y llegaron a un total de $ 42 millones. Ravenna denunció ante la mesa directiva que Moreau incurrió "en una falta ética grave, que merece ser investigada, al utilizar a la institución y cobrar honorarios por trámites gratuitos".

La APDH rechazó la moción el 11 de mayo, por 25 votos contra 9 y tres abstenciones, y acto seguido un delegado propuso expulsar del organismo al denunciante, que finalmente fue suspendido por tres meses, además de disponerse el inicio de un sumario en su contra.

Monserrat desestimó la denuncia. Dijo que Moreau patrocinó como abogado los casos de los testigos de Jehová desde mediados de los 90 en el estudio jurídico que comparte con su esposa, Sonia Casale. Y, en diálogo con LA NACION, deslizó que Ravenna había intentado que la APDH obligara a Moreau, quien presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires, a ceder parte de sus honorarios. Sin parentesco directo con el ex diputado radical Leopoldo Moreau, el cotitular de la APDH no respondió la requisitoria de LA NACION.

El conflicto repercutió negativamente entre las organizaciones de derechos humanos, si bien Monserrat relativizó la declaración firmada por las entidades.

Ante una consulta de LA NACION, Fernández Meijide no se mostró extrañada por las denuncias. Lamentó que "la APDH haya entrado en una lógica muy kirchnerista" y marcó diferencias con la etapa fundacional de la organización. "Una cosa era tener políticos muy comprometidos en plena dictadura y otra, poner la organización al servicio de una estructura política", dijo.

Otras voces, que prefieren el anonimato, se preguntaron por qué la APDH nunca se pronunció por los asados en la ex ESMA ni por el poder otorgado al ex jefe del Ejército y ex hombre fuerte de inteligencia César Milani.

La visión de dos referentes

Miguel Monserrat

Presidente Honorario APDH

"La denuncia de Ravenna es falaz e infundada. El conflicto es por diferencias personales"

Graciela Fernández Meijide

Ex dirigente de la APDH

"Lamento que la APDH haya entrado en una lógica muy kirchnerista"

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