Denuncian espionaje en la bonaerense

El sindicato policial planteó que se hacen seguimientos internos de actividades gremiales
Pablo Morosi
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8 de marzo de 2013  

LA PLATA.- Un sumario interno abierto contra un efectivo de la policía bonaerense que participa de actividades sindicales tuvo una inesperada derivación: podría revelar acciones de inteligencia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, sobre la acción de diversos sectores políticos.

Así lo denunció el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) ante la justicia federal platense por la presunta violación de la ley de inteligencia a fines del año pasado. El caso está en manos del juez federal N° 3 Arnaldo Corazza.

El hallazgo surgió de la apertura de la investigación sumarial administrativa 1050-5904/1211, de la que tomó conocimiento la nacion, que imputa de afectar "el prestigio y la disciplina de la institución" al sargento Esteban Javier Arriada, destinado a la comisaría sexta de Ezpeleta .

Arriada fue filmado y fotografiado a fines de 2011 al participar de una manifestación en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo y hacer declaraciones a la prensa "inherentes a cuestiones laborales".

La marcha se había gestado paralelamente a los reclamos del personal de la Dirección de Infantería de la policía bonaerense que se autoacuarteló el 14 de diciembre de 2011 en solidaridad con seis efectivos desafectados por la represión a militantes de La Cámpora durante el acto de reasunción de Scioli.

Arriada y su abogado, José María Andiarena, pidieron la nulidad de las actuaciones y cuestionaron a los instructores de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial por infringir el artículo cuarto de la ley de inteligencia nacional (N° 25.520).

"La obtención de filmaciones y la toma de fotografías de mi pupilo, como de distintas organizaciones sociales, en un claro accionar de inteligencia que viola la ley de la materia, coloca claramente al sargento Esteban Arriada en la condición de víctima de un delito y a la vez ocasiona todo tipo de perjuicios en lo personal y laboral", alegó Andiarena.

"Para demostrar infracciones administrativas inexistentes, cometen delitos comprobados y documentados en los expedientes administrativos que ellos mismos impulsan", se quejó Nicolás Masi, titular de Sipoba.

En la demanda, los denunciantes incorporaron parte del sumario administrativo abierto contra Arriada que incluía una serie de órdenes de servicios para el área de Prevención del Delito, despachos producidos por la Dirección de Análisis de AGAI y mensajes vía fax que llevan el número de la jefatura operativa de la policía provincial.

Los denunciantes también expusieron el asunto ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Guido Carlotto, y ante la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Carlos Bonicatto. Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial indicaron que "de ningún modo la cartera realiza tareas de inteligencia que, además, están prohibidas por ley".

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