Denuncian nuevos vínculos de Maduro con el crimen organizado

Con la Argentina a la cabeza, el Grupo de Lima ratificó ayer su condena al gobierno de Nicolás Maduro, anunció que avanzará en la investigación de los supuestos testaferros del líder chavista y avaló el informe reciente de la ONU que revela la existencia de casi 7000 muertes en manos del régimen.

En la cumbre del grupo, que se desarrolló ayer en Buenos Aires, los representantes de 11 países volvieron a ejercer presión diplomática contra el chavismo a través de la renovación del respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó -habló en la reunión por videoconferencia-, y la condena a las "sistemáticas violaciones de los derechos humanos". Además, hicieron un llamado a mantener la cooperación regional para abordar la crisis migratoria.

En un documento de 15 puntos, el Grupo de Lima también acordó remitir a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional el último informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se dio a conocer a principios de mes, luego de una visita de la expresidenta de Chile y su equipo a Venezuela, que certifica sistemáticas violaciones de los derechos humanos en ese país.

"[El grupo] hace suyas las conclusiones y recomendaciones del informe. Además, coincide en la necesidad de que se establezcan, a la mayor brevedad, los mecanismos apropiados de seguimiento y de investigación en el Consejo de Derechos Humanos", dice el texto, difundido al término de la reunión.

En línea con una de las propuestas de Guaidó, los países miembros del grupo priorizarán las investigaciones sobre los supuestos vínculos del chavismo con el crimen organizado y habilitarán mecanismos de coordinación de información para brindar apoyo a esas investigaciones.

"[El grupo] decide apoyar las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales", dice el documento.

Más temprano, el canciller Jorge Faurie, que fue el anfitrión, pidió un "gran esfuerzo" a la región "para lograr que el restablecimiento del orden democrático se alcance a través de la convocatoria a elecciones" y denunció la existencia de una "enorme cantidad de presos políticos" y de torturas.

"Hay gente que está pagando con su sangre la vida en Venezuela. Mientras Venezuela viva esta dictadura, todas nuestras democracias se ven debilitadas", afirmó el jefe de la diplomacia argentina.

El ministro destacó las medidas tomadas en conjunto con otros países de la región para abordar el éxodo de cuatro millones de venezolanos. Además, conversó por videoconferencia con Guaidó, quien no viajó a la Argentina, pero envió a un representante.

"Desde la Argentina hemos hecho un gran esfuerzo para lograr incorporar a nuestra vida a más de 130.000 venezolanos, y abrimos un registro nacional para recoger todas las denuncias que puedan hacer [contra el régimen]", detalló Faurie.

Además de la representante de Venezuela en la Argentina, Elisa Trotta, asistieron a la cumbre, en el Palacio San Martín, los cancilleres de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana y Perú, además de altos representantes de los gobiernos de Canadá, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía.