Denuncian por peculado a la procuradora del Tesoro

El fiscal Moldes acusó a Abbona de usar recursos del Estado para defender a la Presidenta tras la denuncia de Nisman
Hernán Cappiello
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25 de febrero de 2015  

Con fina ironía, un fiscal federal denunció a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por peculado, al utilizar la estructura del Estado parta defender a la presidenta Cristina Kirchner de las acusaciones que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman cuando lo acusó de encubrir a Irán en la causa por el ataque a la AMIA.

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, uno de los organizadores de la multitudinaria marcha del silencio en homenaje a Nisman, que tuvo lugar un mes después de la muerte del fiscal, escribió que la defensa de la Presidenta debió ser asumida por abogados privados o, "si careciera de recursos", por la defensa pública o el Consultorio Jurídico gratuito que funciona en Tribunales.

Para Moldes, Abbona y los denunciados subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament Mariasch, firmantes de un escrito en el que defendieron la postura de la Presidenta antes de que el fiscal Gerardo Pollicita decidiera imputarla, hicieron "una suerte de ostentación superflua de compromiso militante".

Agregó que su presentación constituyó una "sobreactuada identificación de subordinación político-partidaria o tal vez un simple exceso entusiasta derivado de la devoción personal" por Cristina Kirchner o el resto de los denunciados.

"El respeto por las investiduras en un régimen republicano es obligación soslayable, la admiración incondicional por las personas que las detentan es también un derecho legítimo, pero compete únicamente a los particulares. Cuando esta última condición se mezcla con las responsabilidades del servicio, se hace necesario evitar confusiones", pues "se corre el riesgo de asomarse peligrosamente al borde de la infracción penal".

Abbona, como procuradora del Tesoro, es la abogada que defiende los intereses del Estado argentino ante un juicio en su contra, pero para Moldes la denuncia de Nisman no está dirigida contra el Estado ni organismos públicos, sino contra funcionarios públicos como Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el diputado camporista Andrés Larroque, y particulares como Luis D'Elía.

Tras la denuncia de Nisman, Abbona presentó un escrito que buscaba evitar la imputación contra la Presidenta. Allí expresó que "no hay pruebas de delitos" en la presentación del fiscal muerto y que no se buscó con el pacto con Irán desincriminar a los iraníes sospechosos del atentado ni hacer caer las circulares rojas de Interpol por las cuales se informan sus pedidos de captura.

Carácter institucional

Pero tal vez previendo alguna objeción a su presentación, resaltó que tenía carácter institucional y pretendía explicar "la legitimidad" del acuerdo firmado entre la Argentina e Irán y refutar la denuncia con documentación de la Cancillería, el Ministerio de Planificación, de Economía y de la SIDE.

Para Moldes, ese escrito de Abbona es "judicialmente inoportuno", máxime cuando "ni siquiera existía una causa legalmente promovida" para investigar el hecho denunciado por Nisman, pues aún Pollicita no había realizado el requerimiento de instrucción.

Para el denunciante, Abbona y los subprocuradores "habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones" de la Procuración del Tesoro. Dijo que utilizaron recursos del Estado para defender a personas físicas "antes de tiempo, sin una causa penal iniciada". Moldes entendió que esta conducta es un "desvío o distracción indebida de los servicios del Estado nacional en favor de los denunciados".

A su entender, que sean funcionarios "no explica ni justifica" la actuación de la Procuración del Tesoro, que emprendió parece una "embestida un poco torpe y a destiempo contra la actuación libre" del fiscal Pollicita que debía decidir sobre la denuncia contra la Presidenta.

La denuncia es por peculado, que castiga con penas de entre dos y diez años al funcionario que emplee su provecho o de un tercero los servicios pagados por la administración pública.

Tras el sorteo realizado en la Cámara Federal, la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello con intervención del fiscal Ramiro González.

Carta abierta de Stolbizer a la Presidenta

  • En una carta dirigida a la Presidenta, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) afirmó en su página de Facebook que le hubiera gustado encontrar "una persona sensible y respetuosa que, sin perder la impostura de su investidura, pudiera dirigirse al pueblo como ciudadana, sin ese tono de superioridad que se ha vuelto despreciable para muchos".
  • Tras cuestionar las "palabras de desprecio" hacia la manifestación del 18-F, dijo: "Es grave su denuncia del bautismo del Partido Judicial. Ya no hay inocencia en sus palabras, sino una clara intención de descalificar usando argumentos falaces".

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