Denuncian por sedición a los senadores que frenan el reemplazo de Zaffaroni

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, muy cercano al Gobierno, denunció por el delito de sedición a los senadores de la oposición que el miércoles se comprometieron a rechazar cualquier intento del Gobierno de elegir al reemplazante del juez Eugenio Raúl Zaffaroni , que dejará la Corte Suprema el 1° de enero.

Barcesat, que asesoró a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el juicio por el escándalo Sueños Compartidos, y fue nombrado por la Presidenta conjuez de la Corte, presentó la denuncia por sedición contra los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann, Fernando Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti y Luis Juez. Extendió la acusación "a cualquier otro senador" que haya sucripto el pronunciamiento.

Fueron 28 los senadores que, a instancias de Rubén Giustiniani (FAP-Santa Fe), firmaron el compromiso de rechazar cualquier pliego que envíe el Poder Ejecutivo.

El delito de sedición está mencionado en el articulo 22 de la Constitución. Además, el artículo 230, inciso 2, del Código Penal castiga con cuatro años de prisión "a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales". Sin embargo, los senadores, cuando aprueban o rechazan un pliego de juez, ministro de la Corte o embajador, ejercen atribuciones propias de la Cámara alta. La Constitución les reconoce esa decisión política.

El senador Gerardo Morales (UCR), uno de los 28 firmantes, rechazó la denuncia y la calificó de "política", a la vez que la describió como "otro intento del Ejecutivo, que está cerca de terminar su mandato, de dominar la Justicia".

"La Presidenta tiene la atribución de enviar el pliego que quiera, pero el Senado también tiene la atribución propia de aprobarlo o de rechazarlo. Para nombrar a un juez de la Corte, el presidente tiene que conseguir el respaldo de dos tercios de los senadores -48 senadores-, pero no es obligatorio que el Senado le preste el acuerdo. Hace falta consenso", dijo el jujeño Morales.

"Barcesat no es un abogado de la calle, sino que es como un funcionario. El Gobierno quiere condenar a 48 senadores de la oposición. Nos quiere amedrentar. La denuncia no tiene sentido jurídico y es una total locura", interpretó Sanz, titular de la UCR.

Necesidad de consenso

Como se sabe, el problema surgió luego del fallecimiento del juez de la Corte Enrique Petracchi, cuando Zaffaroni anunció su alejamiento del máximo tribunal, una dimisión que se hará efectiva a partir del último día del año.

La Corte Suprema tiene cinco puestos, pero tras la anticipada renuncia de Zaffaroni quedarán cuatro jueces y la primera mandataria, a través de su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hizo saber que promoverá la designación del eventual reemplazante.

Sin embargo, la Constitución establece expresamente en su artículo 99 que el nombramiento de los integrantes de la Corte es un acto en el que participan dos órganos de poder: el Ejecutivo, proponiendo un pliego, y también el Senado, que puede aprobarlo con dos tercios de los senadores, es decir, con el voto de 48 legisladores.

El miércoles último, más de un tercio de los senadores -28 sobre un total de 72- suscribieron un compromiso para bloquear cualquier nombramiento que el Gobierno proponga en su último año de mandato. Ello significa, en la práctica, que la Presidenta no podrá alcanzar la mayoría calificada de dos tercios para imponer a su candidato.

Ayer, en línea con la denuncia de Barcesat, Capitanich salió duro contra la Justicia, cuando dijo que la decisión del juez federal Claudio Bonadio de allanar Hotesur -la empresa que controla el hotel Alto Calafate- es un "golpismo activo".

"Quieren dominar la Justicia, para asegurarse la impunidad. Además, esta semana el Gobierno también avanzó sobre el control del Consejo de la Magistratura, porque impuso a un presidente kirchnerista y, en forma completamente irregular, cambió al administrador del Poder Judicial, para quedarse con la caja", dijo Sanz.

El senador Juez (Frente Cívico- Córdoba) dijo que la denuncia de Barcesat es "una torpeza desde cualquier punto de vista" y advirtió que se trata de "una amenaza velada". Patricia Bullrich (Unión Pro) identificó al abogado con el dictador Jorge Rafael Videla porque "cree que es la época de la dictadura".