Denuncian que está estancada la causa contra ex funcionarios
La abogada de la familia de uno de los piqueteros asesinados dijo a LANACION.com que “es evidente la falta de decisión” para investigar las responsabilidades políticas; desde la fiscalía, aseguraron que la demora es “absolutamente normal”
Dos días después de que su hijo Maximiliano Kosteki cayera muerto junto a Darío Santillán en la denominada "masacre de Avellaneda", Mabel Ruiz presentó una denuncia en la que pedía investigar al entonces presidente Eduardo Duhalde y a otros funcionarios por su presunta responsabilidad en los disturbios que terminaron con el asesinato de los dos piqueteros, el 26 de junio de 2002.
Hoy, cuatro años después, una de las abogadas de los familiares de las víctimas reafirmó su reclamo para que la Justicia avance sobre la línea política y denunció el estancamiento de la causa que derivó de aquella denuncia.
"Hace un año y medio que la causa esta totalmente estancada porque la fiscalía no investigó. Acá es evidente la falta de decisión para avanzar, para no llegar a la instancia de tener que imputar a los responsables políticos", denunció Claudia Bracamonte, abogada de la familia Kosteki a LANACION.com .
Movimiento. Sin embargo, la semana pasada se produjo un movimiento que podría dar nuevo impulso a la causa. El Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora, que sustanció el juicio que condenó a los ex policías Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta a prisión perpetua por ser los autores materiales de los asesinatos, remitió a la fiscalía que tiene a su cargo la causa contra Duhalde y varios miembros de su gobierno, las declaraciones de los ex funcionarios que dieron testimonio durante aquel proceso oral.
Los familiares de Kosteki y Santillán exigen que se investigue "a todos los que tuvieron a cargo el operativo de seguridad", indicó Bracamonte. La lista, que tiene a Duhalde en primer lugar, incluye al ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez, el ex jefe de la SIDE Carlos Soria, su entonces segundo, Oscar Rodríguez y el ex canciller Carlos Ruckauf, entre otros miembros de aquel gobierno.
Todos ellos están acusados de ser los autores intelectuales del delito de homicidio simple, según la carátula del expediente en su contra, que se inició el 1° de julio de 2002.
La causa. Por decisión de la Corte, la causa contra los presuntos responsables políticos de los asesinatos se dividió. De esta manera, las autoridades provinciales deben ser indagadas por los tribunales bonaerenses y las nacionales, por la justicia federal, específicamente por el juez Ariel Lijo. La investigación, sin embargo, está delegada en el fiscal federal Miguel Angel Osorio, a quien apuntan las críticas.
Para Bracamonte, los elementos sumados la semana pasada implican un avance pero no alcanzan para "lavar las responsabilidades" de la Justicia en la demora para avanzar con la pesquisa. "Se han empezado a mover recién ahora que nosotros intervinimos para pedir que los testimonios se sumaran. Pero tuvieron todo un año para empezar a investigar, incluso durante todo lo que duró el juicio oral, y no hicieron absolutamente nada", acusó la abogada.
Primer sentencia. En rigor, la sugerencia de que se avanzara sobre las responsabilidades políticas de los asesinatos en el puente Pueyrredón fue uno de los puntos de la sentencia que condenó a los ex policías en enero de este año.
Si bien el tribunal de Lomas de Zamora no juzgó la responsabilidad de los funcionarios del gobierno de Duhalde, en su fallo indicó: "El Estado fue incapaz (...) de evitar que se alargue la mano homicida para cobrarse dos víctimas en un desenlace evitable".
Así lo sentenció Elisa Beatriz López Moyano, presidenta del tribunal, que señaló que "alguno de los testimonios brindados por altas autoridades del ámbito del gobierno de la Nación y de la provincia de Buenos Aires podrían llegar a resultar de interés para el desarrollo de las investigaciones penales".
Demora normal. Desde la Fiscalía Federal 10, a cargo de Miguel Angel Osorio, en tanto, aseguraron que la demora para avanzar en la causa "absolutamente normal" y que el movimiento casi nulo tiene que ver justamente con la falta de los elementos que tiene en su poder el tribunal de Lomas de Zamora, entre ellos las escuchas de las comunicaciones policiales del día de los asesinatos.
Fuentes de la fiscalía dijeron a LANACION.com que todos los puntos que reclama la querella ya fueron pedidos al tribunal bonaerense y que recién cuando se reúna toda la prueba se podrá avanzar en la pesquisa.
Además, dijeron que la prueba que no surja de lo ventilado durante el juicio oral se producirá con una nueva ronda de citación de testigos que podría incluir a Duhalde y a cualquiera que "en alguna medida pudiera estar involucrado en el hecho", según indicaron desde la fiscalía.
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