Denuncian una falta de interés del Gobierno por combatir la corrupción

Objeciones a los organismos de control
Mariano Obarrio
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6 de diciembre de 2004  

Un grupo de 35 jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno relacionados con la lucha contra la corrupción coincidió en afirmar que existe una alarmante falta de funcionamiento de los controles administrativos y sostuvo que no ve que inquiete al Gobierno que esos controles no funcionen adecuadamente.

Así lo expresaron en un curso de posgrado de Derecho sobre reglas internacionales contra la corrupción, que se dicta en la Universidad Católica Argentina (UCA) y cuenta con el apoyo de prestigiosas organizaciones norteamericanas y británicas.

Los magistrados y fiscales también advirtieron que el periodismo registra mayores reticencias que antaño a investigar los hechos ilícitos cometidos desde el poder, según informó a LA NACION el abogado Carlos Manfroni, un experto en políticas anticorrupción que dirige el curso de la UCA.

“En términos generales (la prensa) no acompaña la lucha anticorrupción con la misma intensidad con que lo hacía en años anteriores”, señalaron los funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo que participaron del curso.

Ante una consulta de LA NACION, en el Gobierno no quisieron opinar sobre las acusaciones formuladas por los jueces y fiscales durante el curso.

Después de algunos días de análisis, un vocero del ministro de Justicia, Horacio Rosatti, señaló que se trata de “consideraciones muy generales y elministerio no puede emitir ninguna opinión; se está recabando más material para saber más".

Manfroni dicta el curso en la UCA que es sostenido por el auspicio de diversas instituciones de peso de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Por tercer año consecutivo, concurrieron a este curso 35 jueces federales y de instrucción, fiscales y funcionarios de la administración pública vinculados con la prevención y combate contra la corrupción.

Más precisamente, sus ámbitos de acción son los juzgados federales, las fiscalías federales, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, entre otros.

"Son abogados y jueces de actuación destacada en la Justicia o en el Poder Ejecutivo. Prefiero mantener los nombres en reserva, porque de lo que se trata es de encontrar soluciones, antes que de provocar más confrontaciones entre los poderes y funcionarios del Estado. Se hace el relevamiento para establecer un diagnóstico de cómo está el asunto", expresó Manfroni ante una consulta de LA NACION.

Conforme a sus propias experiencias en sus puestos de trabajo, según detalló Manfroni, los cursantes esbozaron verbalmente las siguientes conclusiones:

  • Falta de funcionamiento adecuado de los controles administrativos.
  • No se observan inquietudes del Gobierno para que esos controles funcionen.
  • Los organismos de investigación chocan a cada paso con trabas administrativas apoyadas en pequeñas dificultades de interpretación o procedimiento por parte de otros organismos.
  • Bloqueo

  • En numerosos casos, se bloquea la participación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en los sumarios que se llevan adelante en el área del Poder Ejecutivo, fundamentalmente cuando se trata de los grados más altos del escalafón.
  • La Oficina Anticorrupción (que fue creada por decreto presidencial y es la encargada de hacer un seguimiento de los actos del Poder Ejecutivo y de sus integrantes) encuentra una seria limitación en su dependencia del poder político.
  • El periodismo -sostuvieron en términos generales los fiscales y magistrados en sus conclusiones- no acompaña la lucha contra la corrupción con la misma intensidad con la que lo hacía en años anteriores.
  • Faltan capacitación y recursos para la investigación de delitos de alta complejidad, especialmente los que están vinculados con transacciones financieras y lavado de dinero.
  • No hay colaboración de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el Congreso pone trabas a los informes de la Auditoría General de la Nación.
  • Falta capacitación en la policía para llevar adelante en forma adecuada los secuestros de documentación.
  • El procedimiento penal vigente carece de agilidad, según el análisis de los cursantes.
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