Derogan los cupos para retirar fondos

El Congreso también anuló los superpoderes que se habían otorgado al Ejecutivo
Gustavo Ybarra
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21 de diciembre de 2001  

En medio de una ciudad convulsionada y cuando el presidente Fernando de la Rúa todavía no había presentado su renuncia, el Senado completó ayer la ofensiva parlamentaria justicialista y convirtió en ley la derogación de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo y la eliminación de las restricciones a las cuentas bancarias de salarios.

Fue, tal vez, el último gesto de fuerza de un Parlamento que había comenzado a divorciarse definitivamente del Gobierno tras las últimas medidas económicas y el agravamiento de la crisis social.

Esto quedó demostrado en el hecho de que ambas medidas fueron aprobadas con el apoyo de la bancada de senadores radicales, actitud diametralmente opuesta a la asumida anteayer por los diputados de la UCR que, aunque con timidez, realizaron un esfuerzo final por defender a un presidente que ya se encontraba recorriendo las últimas horas de su gestión.

En realidad, la sesión del Senado fue un parentésis dentro de un contexto social cada vez más explosivo. Mientras los legisladores daban uno de los últimos empujones para desplazar al Gobierno, manifestantes y policías se enfrentaban violentamente en las inmediaciones de un Congreso que, pocas horas después, debió ser cerrado ante la posibilidad de un ataque contra sus instalaciones.

Esa situación de caos sólo mereció una breve mención del titular del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja, quien antes de la finalización de la reunión le reclamó al Poder Ejecutivo que instrumentara "una represión más racional".

"En los hechos que están ocurriendo en Plaza de Mayo y otros puntos del país se está haciendo uso de la fuerza pública. Pedimos que la represión sea lo más racional posible. Comprendemos el uso de la fuerza en determinados momentos, pero pedimos la más absoluta racionalidad en el uso y ejercicio de esas facultades", fue la tibia intervención de Gioja para repudiar la represión policial.

Gesto político

Tal como había ocurrido en la Cámara de Diputados la secuencia contempló la derogación de los denominados superpoderes y la eliminación de las restricciones bancarias para sueldos y jubilaciones, en ese orden.

La sanción del primer proyecto sirvió sólo como un gesto político, ya que al momento de votar la derogación de las facultades delegadas Domingo Cavallo ya había renunciado al Ministerio de Economía y el Gobierno enfrentaba tal crisis social y situación de debilidad política que difícilmente pudiera hacer uso de esa concesión.

Sin embargo, marcaron toda una señal. Es que en virtud del uso de esas facultades, Cavallo instrumentó una gran cantidad de las medidas económicas que implementó desde marzo último, cuando asumió como titular del Palacio de Hacienda.

De hecho, Diputados también aprobó anteayer la apertura de la revisión de todos los decretos de necesidad y urgencia que hicieran mención al uso de esos poderes, con lo que se podría abrir -si es que el vértigo institucional así lo permite- una amplia marcha atrás parlamentaria de las decisiones adoptadas por la gestión de De la Rúa.

Por otra parte, la liberación de las restricciones bancarias para las cuentas de sueldos, jubilaciones y pensiones dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos institucionales generados tras la renuncia de De la Rúa.

Es que el Poder Ejecutivo tiene siete días hábiles para vetar la norma, pero recién en las próximas horas se definirá quién ocupará ese sitial y qué rumbo económico tomará.

Lo concreto es que ambas propuestas se aprobaron sin debate y con el fantasma de la ilegalidad flotando en el ambiente. Es que el Congreso se encuentra en período de sesiones extraordinarias, plazo en el que sólo puede tratar los temas habilitados por el Poder Ejecutivo.

Argumento de Carrió

Ayer, el Senado sancionó dos leyes que no estaban incluidas en el decreto de convocatoria a extraordinarias.

Precisamente, el debate sobre la legalidad de la movida concretada por el Congreso fue motivo de un áspero debate en la Cámara de Diputados, anteayer. Allí, cuando los proyectos recibieron media sanción, el PJ, el Frepaso y el ARI hicieron valer su posición de que el Parlamento se encontraba habilitado para tratar ambos temas.

Lo hicieron con el argumento esgrimido por la radical disidente Elisa Carrió (ARI) de que como se trata de facultades inherentes al Congreso, éste puede recuperarlas cuando lo desee, sin necesidad de tener la autorización del Poder Ejecutivo.

La única voz que intentó frenar la embestida opositora -en el Senado nadie objetó la cuestión- fue la del diputado radical Marcelo Stubrin, quien advirtió sobre las dudas que se podrían plantear en torno de la legalidad de las normas al haber sido aprobadas sin estar incluidas en el temario de extraordinarias.

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