Derogan un sistema de control de las pensiones graciables

El Congreso sancionó una ley para derogar una resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente que instituyó un mecanismo que permitía detectar irregularidades en el otorgamiento de pensiones graciables por parte de los legisladores.

La resolución fue adoptada en 2001 por el entonces ministro del gobierno de Fernando de la Rúa, Juan Pablo Cafiero. Dispuso la realización de un censo obligatorio a los beneficiarios. Y se habilitó a suspender el pago a quienes no respondieran, previa intimación a hacerlo.

El censo se realizó. Y aparecieron algunos datos interesantes. Por ejemplo, se conoció el de un legislador que había otorgado beneficios a sus nietos, cuando la legislación prohíbe a diputados y senadores beneficiar a sus familiares directos.

Las pensiones están destinadas a poder dar cobertura a personas pobres, en situaciones de extrema necesidad, ancianos sin cobertura. Es decir, todos aquellos que requieren asistencia social y que presumiblemente jamás estarán en condiciones de cumplir los requisitos para jubilarse.

De todas formas, muchas veces se conocieron casos de irregularidades en el otorgamiento de los beneficios y todo el esquema quedó bajo sospecha.

Cafiero lanzó el censo obligatorio en agosto del año último. Y le fijó como plazo de ejecución el que fue del 1° de septiembre al 1° de octubre siguientes.

Pronta oposición

Pero el 26 de septiembre apareció en el Senado un proyecto de ley para anular la resolución. Lo presentó el senador Emilio Cantarero, del PJ de Salta, uno de los que fueron investigados por la Justicia en el escándalo por el supuesto pago de coimas para la sanción de la reforma laboral en 2000.

El proyecto recibió media sanción. En Diputados fue tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que le dio dictamen favorable con las firmas de, entre otros, los entonces diputados Raúl Baglini (UCR), Oscar Lamberto y Jorge Remes Lenicov (PJ).

El texto de la ley apareció en el Boletín Oficial del último miércoles nueve. Lleva el número 25.524 y en su único artículo resolutivo dispone derogar la resolución 721 "del señor ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente".

De esta forma, se daba el marco legal para que volviera a recibir el beneficio cualquiera que no hubiera respondido al censo y por ello tuviera el pago bloqueado

La norma fue promulgada de hecho, al vencerse el plazo para que el Ejecutivo le aplicara el veto. Es difícil también saber si hubo intención de observarla por parte del Ejecutivo.

El plazo corrió en los afiebrados días en que una misión del FMI se fue del país dando un portazo y la conducción del organismo anunció que le retiraba el respaldo a la Argentina, mientras consumía sus primeras y traumáticas jornadas el corralito bancario y cuando las protestas sociales y la crisis económica llevaron a que en la Argentina hubiera cinco presidentes en sólo dos semanas.

El texto aparecido en el Boletín Oficial señala que el proyecto fue dado en la sala de sesiones el 27 de noviembre de 2001.

Pero lo curioso es que según las bases de datos de la Cámara de Diputados los legisladores intentaron en esa fecha lograr quórum por la mañana, y no lo consiguieron.

Por la tarde, el segundo intento también fue en vano.

La Cámara de Senadores, que fue la iniciadora de la norma, en ese día no sesionó,s según lo indican los registros oficiales.