Desaparecidos: piden que Bagnasco indague si hubo un Plan Cóndor

Abuelas de Plaza de Mayo sospecha del intercambio de detenidos en América del Sur

2 de Septiembre de 1998

Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un escrito ante el juez federal Adolfo Bagnasco por medio del cual intentan probar la existencia de un plan coordinado entre los países de América del Sur para la desaparición de personas y el intercambio de detenidos, llamado Plan Cóndor.

Entre las pruebas(remitidas por la Corte Suprema paraguaya a la Subsecretaría de Derechos Humanos argentina) que acompañan el escrito presentado ante Bagnasco, que investiga la existencia de un plan sistemático para la desaparición de 200 chicos, figura un documento caratulado "Poder Judicial-Corte Suprema de Justicia-Asunción-Paraguay-Copias de documentos de María Dora Landi y Alejandro José Logoluso".

Según la presentación del abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, tanto Landi como Logoluso fueron secuestrados en el Paraguay y desaparecieron en la Argentina.

El dossier entregado por la Corte Suprema paraguaya contiene antecedentes políticos de estas dos personas y de otras tres (el argentino José Nell y los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto) que, según consta en el folio 194 del documento, el 16 de mayo de 1977 "fueron expulsados del país por carecer de documentos de radicación".

En la última hoja del "informe", que lleva una firma que abajo dice "jefe de policía", las autoridades paraguayas dejaron constancia de que ese día, "por orden superior, viajaron a Buenos Aires, quedando los mismos a disposición de las autoridades argentinas; viajaron en un avión birreactor de la Armada Argentina, con matrícula 5-7-30-0653, piloteado por el capitán de corbeta José Abdala".

Según la información de Abuelas de Plaza de Mayo, estas cinco personas fueron recluidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero nunca más se supo de ellas.

"Responsables políticos"

Por este motivo, en la presentación, la agrupación considera responsables políticos a "quienes ejercían las más altas funciones del gobierno nacional, es decir, los integrantes de la Junta Militar como órgano supremo del Estado; al presidente de la República y a su ministro de Relaciones Exteriores", por ese entonces el almirante Oscar Antonio Montes.

Pero así como el Paraguay entregaba detenidos argentinos, la Argentina hacía lo mismo con ese país. Prueba de ello es el documento clasificado como 00021F-1852, fechado el 4 de diciembre de 1976 en Asunción, y en custodia de la Corte Suprema paraguaya.

Dicho documento es un informe del jefe de Policía de Asunción al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de su país en el que, entre otros conceptos, da cuenta de lo siguiente:"Ayer, 02 de diciembre al mediodía -dice el escrito- llegó a esta jefatura el B-2 del RI 29 de Monte, Formosa (ARG), quien por indicación de su jefe de regimiento, traía en la valijera de su coche para su entrega al ciudadano paraguayo Domingo Rolón Centurión (...)".

Pedroncini explica que "B-2" significa segundo jefe de brigada, y "RI", Regimiento de Infantería. Y agrega: "De modo que un oficial del Ejército Argentino llevaba encerrado en el baúl de su automóvil a un ciudadano paraguayo secuestrado en territorio argentino, trasponía ilegalmente la frontera y lo entregaba a la dictadura del país limítrofe".

Documentos apócrifos

Según el mismo informe, Centurión tenía 20 años cuando fue detenido en Puerto Pilcomayo (Argentina) "con un certificado de radicación falso" y otros documentos apócrifos, y que ante autoridades argentinas había declarado que era integrante de una organización subversiva. Centurión fue "entregado" al Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción y nunca más apareció.

Cabe aclarar que, en aquella época, el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 que, según el informe paraguayo, ordenó el traslado de este detenido, era el coronel Reinaldo Martín Alturria, jefe del área 234.

Cadena de mando

Alturria, a su vez, cumplía órdenes que emanaban del comandante de la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Cristino Nicolaides, por ser el jefe de la subzona 23.

Nicolaides, por su parte, respondía a Leopoldo Fortunato Galtieri, entonces comandante del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario.

Según el escrito presentado por las Abuelas de Plaza de Mayo, en el contexto de esta "multilateralidad del sistema represivo, y conforme con sus criminales mecanismos, fueron sustraídos los menores Carla Rutila Artés, Paula Logares, Simón Antonio Riquelo, Anatole y Victoria Julien Grisonas, Mariana Zaffaroni Islas y el niño o niña de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman".

Alejandra Florit

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