Desconcertante giro: la Presidenta dice que fue asesinato y no un suicidio

La presidenta Cristina Kirchner cambió ayer el relato oficial y descolocó a todos los funcionarios de su Gobierno. La mandataria debió aceptar la hipótesis de que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue un homicidio y archivar la tesis del "suicidio inducido" que había levantado la Casa Rosada. "Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio", escribió la mandataria en una segunda carta en su página de Facebook.

Según la Presidenta, Nisman fue asesinado por los mismos que según su opinión "le plantaron información falsa" en su denuncia por encubrimiento del Gobierno a Irán por el atentado a la AMIA, que presentó el miércoles 14 de enero.

La mandataria acusó al ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio "Jaime" Stiusso de darle la información a Nisman para su denuncia. Con lo cual lo responsabilizó implícitamente de la muerte del fiscal.

Señaló en esa línea que "la operación contra el Gobierno no era la denuncia en sí misma" sino que "la verdadera operación contra el Gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la Presidenta".

Según la Presidenta, esos sectores, léase Stiusso, lo necesitaban muerto para consumar una operación contra ella. "Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible", escribió Cristina. En buen romance, los culpables pasaron a ser los que ayudaban a Nisman en la investigación y posterior denuncia y no los afectados por su informe.

"La denuncia plagada de información plantada quedaba sepultada por la muerte del fiscal", dijo ella.

En esta línea, confiaron a LA NACION fuentes del Gobierno, los funcionarios y la propia Presidenta podrían trazar en el futuro una supuesta conexión entre Stiusso y los servicios de Inteligencia extranjeros, como la CIA, de los Estados Unidos, y el Mossad, de Israel, que asistieron a Stiusso en la investigación de la pista iraní del atentado a la AMIA. Cerraría el círculo de la conspiración internacional perfecta para Cristina.

Así las cosas, la principal víctima para la Presidenta no sería Nisman, sino ella misma. Será el nuevo relato de Balcarce 50 y del PJ, que ayer denunció un complot de espías, jueces, sectores económicos y de la prensa para desestabilizar al Gobierno.

Los motivos del giro abrupto en el discurso y el cambio del "suicidio inducido" por el "no fue suicidio" fueron varios. Por un lado, se acomodó a las encuestas que indican que la mayoría de los ciudadanos cree que fue un atentado y no le creía a la Casa Rosada. Además, el Gobierno sintió la presión internacional de los principales diarios del mundo, que reclamaron esclarecer el caso.

En lo local, la clave del cambio de discurso fue la irrupción de elementos que hacían insostenible la tesis del suicidio. El principal fue el empleado de la fiscalía de la AMIA Diego Ángel Lagomarsino, que dijo haberle llevado una pistola Bersa 22 a Nisman el sábado pasado por pedido del fiscal para su seguridad, pese a que Nisman tenía dos armas. Cristina planteó sospechas sobre Lagomarsino y dijo que debe ser "muy custodiado".

También en Olivos pesaron la prueba de la pólvora que dio negativa sobre las manos del cadáver y las conductas de la custodia que abandonó el viernes a Nisman, incurrió en demoras el domingo y convocó antes a los familiares que dar aviso a su línea de superiores de la Policía Federal y luego no llamó al 911.

La Presidenta pidió un sumario administrativo para los custodios, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, lo ordenó de inmediato.

El Gobierno admitía que un conjunto de datos debilitaban la tesis del suicidio alentada desde el lunes: la carta a la empleada con una orden de compras de supermercado, la puerta de servicio sin traba y el tercer acceso al departamento mediante un pasadizo de aire acondicionado.

En su carta, difundida por su cuenta en Twitter, Cristina Kirchner señaló como el principal de los "datos falsos" que Stiusso le "plantó" a Nisman para su denuncia la acusación al supuesto espía Allan Bogado, que luego el Gobierno desmintió que fuera personal de la SI. Argumentó que Bogado había sido denunciado por Stiusso por "tráfico de influencias" por no ser de la SI en 2013 y 2014. Pero, precisamente, Nisman que tenía a Stiusso como asesor también lo imputaba, sin especificar si era orgánico o inorgánico en la secretaría, lo cual evidenciaba que lo tenían en la mira.

La Presidenta no se refirió a las pruebas y escuchas sobre los otros acusados como el piquetero Luis D'Elía; el jefe de Quebracho, Fernando Esteche; el diputado kirchnerista y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque, o el canciller Héctor Timerman.

Luego planteó una serie de interrogantes por los cuales se debilitaba la hipótesis del suicidio para concluir que fue un homicidio perpetrado por los enemigos del Gobierno.