Desde Chile, habló Otilio Romano y se declaró "perseguido político"

Se trata del juez que escapó para no ser sometido a juicio por violaciones a los derechos humanos; "No sé de qué carajo (sic) se me acusa", afirmó
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16 de septiembre de 2011  • 10:33

El juez argentino Otilio Romano, procesado en su país y que ha solicitado asilo político en Chile, aseguró que es un "perseguido político" y rechazó las acusaciones que pesan en su contra.

"Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa", dijo el juez en declaraciones al diario El Mercurio.

Otilio Romano viajó a Chile el pasado 24 de agosto después de que fuera citado para responder por su presunta participación en más de un centenar de delitos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuando fue fiscal de la provincia de Mendoza (oeste), vecina a Chile.

"No se qué carajos de delitos son esos", insistió el juez, que fue contactado telefónicamente por el rotativo chileno.

El magistrado argentino presentó el pasado 2 de septiembre una solicitud de asilo político, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición.

Otilio Romano declinó realizar más declaraciones sobre su caso para "respetar el principio de confidencialidad", aunque precisó: "Las leyes funcionan y tengo la esperanza de que se comprobará mi total inocencia de lo que se me acusa".

Según El Mercurio, el juez reside en el acomodado barrio de Las Condes, en el oriente de la capital chilena, mientras se desarrolla la investigación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, organismo que debe decidir si le otorga asilo político.

El lunes pasado, el Consejo de la Magistratura argentina, organismo encargado de la designación y remoción de los jueces, informó que juzgará a Otilio Romano antes de fin de año.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, aseguró que la Justicia de este país tramitará un eventual pedido de Argentina para extraditar al juez, aunque recordó que solo puede actuar si las autoridades argentinas lo solicitan.

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