Detectan anomalías en planes sociales

Son doce casos en la Corte de Corrientes
Gabriel Sued
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2 de agosto de 2005  

Doce empleados del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes cobraban, además de sus sueldos, planes sociales destinados a personas sin trabajo ni ingresos, según una denuncia que el fiscal Guillermo Marijuán radicó en la justicia federal de esa provincia.

La presentación de Marijuán, jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), es la primera que se hace contra el máximo tribunal de justicia de una provincia. La denuncia revela además que 192 empleados municipales de la ciudad de Goya también percibieron el beneficio en forma aparentemente irregular.

Ambos casos son, desde la semana pasada, investigados por el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Davila. Marijuán pidió la indagatoria de los doce empleados del máximo tribunal provincial y de los 192 agentes municipales, a quienes acusó de fraude en perjuicio de la administración pública, un delito que prevé hasta seis años de cárcel.

"El resultado del entrecruzamiento de datos es concluyente, por cuanto me permite vislumbrar -dice la denuncia- no sólo una situación de incompatibilidad con las condiciones para ser beneficiario de un plan social por parte de los empleados de los organismos mencionados, sino también que su accionar ha provocado un detrimento patrimonial en perjuicio de la administración pública."

Además, el fiscal solicitó al juez que profundizara la pesquisa para determinar las responsabilidades de los funcionarios jerárquicos del municipio que hoy encabeza Jorge Mazzaro (Partido Nuevo). "No debe descuidarse que la investigación también debe ahondarse en dirección a los funcionarios públicos municipales y a los miembros de los consejos consultivos que permitieron, participaron y/o encubrieron la maniobra delictiva que conforma el objeto de pesquisa", afirmó Marijuán.

Una larga lista

La denuncia del fiscal se concretó luego de una investigación preliminar de la Ufises y de la Anses, que consistió en entrecruzar la nómina de empleados del máximo tribunal provincial y de los agentes municipales con el padrón nacional de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar (de 150 pesos por mes) y otros programas de subsidios para desempleados. La pesquisa se había iniciado en una fiscalía de Goya a partir de una nota periodística.

La causa abierta la semana pasada se suma a los numerosos expedientes que hay en todo el país por el cobro presuntamente irregular de planes para desempleados, que demuestran el uso clientelar que se le dio a esta herramienta de emergencia que alcanza a 1.600.000 familias. Durante el último año, la Ufises denunció la asignación irregular de planes a 1200 policías provinciales, a 2500 empleados municipales bonaerenses y a casi 600 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales.

En el caso de Goya, Marijuán destacó la gravedad de que sean los empleados de la municipalidad, el organismo encargado de repartir los subsidios, los autores de las anomalías.

De que se trata

  • Según la denuncia del fiscal, una docena de empleados del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes cobraba, además de su sueldo, planes sociales.
  • En la mira están además 192 empleados municipales de Goya; ellos también habrían percibido de forma irregular los subsidios.
  • Todos están acusados por fraude en perjuicio de la administración pública, delito que prevé hasta seis años de cárcel; la causa se suma a los numerosos expedientes que hay en todo el país por el presunto cobro irregular de planes para desempleados.
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