Detectan irregularidades en un subsidio laboral

En su rastrillaje por toda la administración pública, el Gobierno avanzó en su política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. En paralelo, también activó auditorías en organismos clave, entre los que está el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí, el ministro Jorge Triaca ordenó una revisión de los fondos de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia por el cual el Estado nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas cuya situación es crítica.

Con la auditoría todavía en proceso, ya se detectaron algunas irregularidades, como empresas beneficiadas con el subsidio desde hace 96 meses, o clubes de fútbol que no tendría razón alguna para recibir la ayuda, según supo LA NACION a partir de fuentes oficiales. "No se puede vivir en emergencia. No se puede otorgar un subsidio para toda la vida", argumentaron en la cartera laboral. Triaca, sin embargo, evitó dar precisiones de las fallas y se referirá al tema cuando el informe solicitado esté concluido.

A pesar de las irregularidades detectadas, Trabajo continuará con los Repro, aunque evalúa algunas modificaciones en su distribución. En principio, prorrogó el plan hasta el 31 de diciembre de este año en línea con la "emergencia ocupacional".

Actualmente, unas 300 empresas son beneficiarias de los Repro, que consiste en un auxilio estatal de 2000 pesos por trabajador. Esta política tuvo su pico en 2009, cuando alcanzó a 2769 compañías. Desde entonces, la cifra comenzó a bajar.

Durante el mandato del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, la ayuda del Estado fue de aproximadamente 2500 millones de pesos entre 2004 y 2015, según datos oficiales de la anterior gestión. Cerca del funcionario kirchnerista, aseguraron a LA NACION que el Repro se podía cobrar hasta 12 meses, pero que el plazo podía superarse excepcionalmente. Pero nunca 96 meses.

La participación de los gremios en el reparto de los subsidios es determinante. Cada empresa que se declare en estado de crisis y que aspire a obtener el auxilio financiero estatal deberá presentar, entre una serie de requisitos, la conformidad de la asociación sindical que represente a sus trabajadores. Es decir, tendrá que primar un trato de antemano entre el empleador y el gremio.

Las empresas cuyas solicitudes fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo se comprometerán a abonar a los beneficiarios de los Repro el suplemento de dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría que les corresponda, según el convenio colectivo de la actividad. Además, la compañía estará obligada a mantener la nómina total de personal, por lo que se frena cualquier eventual despido, aunque no así suspensiones o reducción de la jornada laboral.

A contramano de la gestión kirch-nerista, Triaca priorizó elevar el seguro de desempleo, que está congelado en 400 pesos desde 2006, antes que destinar más fondos a los Repro, que, a pesar de las contingencias, significa una apuesta a conservar el vínculo laboral y mantener al trabajador dentro del mercado.

El sector que más recurrió en los últimos dos años a la subvención estatal fue el de transporte de pasajeros, cuyo sindicato principal, la Unión Tranviaria Automotor (UTA), cerró recientemente una suba salarial anual de 29% para los colectiveros. En la paritaria, el gremio avaló los aumentos de hasta el 100% en las tarifas. El trato se escenificó en la Casa Rosada con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el jefe de la UTA, Roberto Fernández. No es la primera vez que los movimientos de Fernández quedan condicionados por el reparto de los subsidios. "Nos dijeron que a los Repro los iban a pagar hasta julio o agosto y que después se repartirán de otra manera", dijo el sindicalista a LA NACION.

Otros sectores que están en crisis son los vinculados a la energía y al petróleo. También, la producción de autopartes y la siderurgia, dos industrias que están golpeadas por los coletazos en Brasil, un socio fundamental. El freno de la obra pública hizo caer los índices de empleo en la construcción, donde ya hubo 30.000 bajas en lo que va de 2016. Para este caso, el Gobierno avanza en alternativas con inversión extranjera a fin de reactivar el circuito, aunque hay una decisión tomada de no destinar ayuda a empresas icónicas del kirchnerismo, como Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez.