Detectan irregularidades y piden no aprobar los balances electorales de Pro y del kirchnerismo

Por primera vez desde 2007, la Justicia pone en duda las cuentas electorales de los principales partidos políticos en una campaña presidencial. El fiscal Jorge Di Lello pidió ayer que los balances con los gastos oficiales de Mauricio Macri y Daniel Scioli no sean aprobados por la Justicia hasta que los partidos puedan "subsanar" las irregularidades marcadas por distintas auditorías.

El funcionario avaló su decisión, presentada ante la jueza electoral María Romilda Servini, en las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última presidencial. A la espera de una nueva respuesta de los partidos -que ya intentaron justificar sus desajustes en varias ocasiones-, Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos.

"Habiendo analizado los informes referidos entiendo que las observaciones que se formulan no han sido subsanadas en debida forma y entiendo que no se ha podido demostrar de forma clara y precisa el origen y destino de los fondos recibidos", escribió Di Lello en su dictamen, al que accedió LA NACION.

El fiscal hizo foco en los números presentados por el Frente para la Victoria (FPV) a nivel nacional, representados en los últimos comicios por Scioli. Las cuentas del oficialismo también fueron objetadas. La Justicia objetó el balance del partido Pro nacional durante el año 2015 ya que –considera- canalizó millonarios fondos de campañas entre los gastos ordinarios del partido.

Falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar son algunas de las observaciones realizadas por los auditores de la Cámara Electoral, que analizó los informes de financiamiento de todas las fuerzas políticas. Los partidos respondieron las inquietudes de los analistas, pero en la mayoría de los casos no pudieron justificar sus faltas, informaron fuentes judiciales.

El otro partido que señaló el fiscal por desajustes financieros es Compromiso Federal, cuyo candidato fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Mientras espera la decisión de la jueza Servini, Di Lello continúa con el análisis sobre las cuentas de la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel De la Sota), que también fueron objetadas por los peritos de la Cámara Electoral, así como el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.

La suspensión de fondos públicos, la sanción propuesta por el fiscal, difícilmente pueda molestar a los partidos en esta elección legislativa. La medida sólo puede concretarse en el caso de que un posible fallo de Servini quede firme, lo que permitiría tanto al oficialismo como al kirchnerismo contar con esos fondos para estos comicios con una simple apelación.

La resolución de Di Lello ocurre semanas después de que la Cámara Electoral emitiera una acordada que apuraba a la Justicia a tomar una resolución sobre las inconsistencias que presentaban los balances electorales después de un año de idas y vueltas entre el juzgado de Servini y los partidos. El fiscal ya dio el primer paso, ahora resta la resolución de la magistrada.

Las irregularidades

La Cámara Electoral hizo hincapié, en el caso de Cambiemos, en los aportes indirectos de empresarios a su campaña electoral y, también, en la canalización de fondos electorales a través de su partido político camuflados como "gastos de desenvolvimiento institucional", maniobra que atraviesa un gris legal, consideraron fuentes judiciales.

Tal como reveló LA NACION, casi 300 empresas aportaron dinero a la campaña de Cambiemos en 2015 a través de los aportes partidarios que declaró el partido Pro. Los especialistas coinciden en que esa metodología aplicada por el oficialismo elude la prohibición de que las personas jurídicas donen dinero para hacer proselitismo, así como desvirtúa el límite de gastos de campaña impuesto por la Justicia.

La Cámara Electoral también tomó nota que en ese balance partidario aparecen importantes empresarios que donaron fondos al partido durante el año electoral. Ahora la Justicia investiga si lo hicieron en nombre propio o, indirectamente, en nombre de las compañías a las que representan.

Los auditores también pusieron la lupa sobre el asesor más conocido de Mauricio Macri. "En varias publicaciones se informa que Jaime Durán Barba es el principal asesor de campaña de Macri. Sin embargo, no se declaran gastos relacionados con lo antes expuesto". Desde Pro respondieron que el ecuatoriano "asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente".

El FPV también sufrió fuertes cuestionamientos sobre su financiamiento electoral. Ante las observaciones de la Cámara Electoral sobre la falta de solvencia de sus donantes, la alianza reemplazó 212 aportantes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de "un error administrativo". Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de 200 aportantes que tampoco cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.

Los auditores detectaron también que el sciolismo omitió informar el dinero ingresado en las millonarias cenas de recaudación de Parque Norte y Costa Salguero. Desde el FPV le respondieron a la Justicia: "El gobernador [Scioli] sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio".

La siempre polémica relación entre políticos y empresarios tomó otra dimensión en San Luis. El gobernador Alberto Rodríguez Saá sentó a su lado el martes 12 de abril a los empresarios que construirán el megaproyecto parque La Pedrera, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Seis meses antes, buena parte de esas empresas puntanas habían desembolsado los millones que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, el hermano del gobernador.

¿Cómo se hicieron los aportes? Como la ley no permite el aporte de empresas, las compañías utilizaron a empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos. Por ejemplo, Cecilia Ciccarone, empleada de Rovella Carranza SA, aportó $ 385.000. También aparecen aportes similares de al menos otros dos empleados que trabajan para proveedores que la constructora suele subcontratar en las obras públicas.Rovella Carranza construirá el estadio único ($ 600 millones) y el autódromo de San Luis. Pero los vínculos de Rovella Carranza con la política no se limitan a esta provincia: ganó obras públicas por $ 17.000 millones durante el kirchnerismo.

Las refacciones en el parque La Pedrera ($ 300 millones) quedaron a cargo de Lumma SA, una empresa puntana que suele construir casas para la provincia. Meses antes, la familia Moreno -a cargo de la firma- había desembolsado $ 700.000 para la campaña de Rodríguez Saá.