Diputados: es ley la precoparticipación

La Cámara baja cumplió con el reclamo del Gobierno al sancionar la norma exigida por el FMI

17 de diciembre de 1998

Tal como pretendía el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto de precoparticipación, complementario de la reforma tributaria y una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para preservar el acuerdo firmado con la Argentina.

Pese a las fuertes resistencias de un importante sector de la oposición, el oficialismo logró obtener la mayoría especial exigida por la Constitución para la sanción de la iniciativa. En rigor, el PJ contó con el apoyo de 140 diputados, cuando se requería un mínimo de 129 votos favorables.

El oficialismo se retiró satisfecho de la sesión: no sólo venció a la Alianza, que votó la iniciativa en forma dividida, sino que pudo satisfacer las urgencias del Gobierno.

No le resultó una tarea sencilla, ya que las negociaciones con los bloques de la oposición se prolongaron durante toda la jornada.

La Alianza, a sabiendas del esfuerzo del PJ para reunir la mayoría especial requerida, presionó para que se introdujeran modificaciones al proyecto. Tras largos cabildeos, el PJ no aceptó las propuestas de sus pares aliancistas y confió en conseguir en el recinto los votos favorables de los diputados de la oposición que comulgaban con el proyecto oficial.

Finalmente lo logró. Los legisladores aliancistas oriundos de Catamarca, Chubut, la Capital Federal y Río Negro (provincias gobernadas por la UCR) votaron en favor del proyecto por expresa instrucción de sus gobernadores, que entienden que el proyecto del PJ les permitiría contar mensualmente con mayores recursos por la coparticipación del nuevo ingreso que representará la reforma tributaria.

Detalles

El proyecto aprobado ayer faculta al Tesoro a disponer de ese excedente de la recaudación de la reforma tributaria para destinarla a la rebaja de aportes patronales desde el año próximo. Establece un mecanismo por el cual se autoriza al Estado a retener hasta 2154 millones de pesos anuales de los impuestos que recauda, aunque se garantiza a las provincias un piso de 920 millones de pesos mensuales.

Según la iniciativa, el dinero destinado a la Nación deberá ser aplicado a la rebaja de aportes patronales, a partir de abril próximo, proceso que se completará en igual mes del 2000.

"Se pretende convencer que este proyecto es una panacea para las provincias, cuando es inconstitucional -afirmó en el recinto la diputada Ana María Pando (liberal correntina). Las provincias -dijo- verán reducidos sus ingresos por coparticipación." El Gobierno había advertido que si fracasaba la sanción del proyecto, se produciría un fuerte aumento del déficit como consecuencia de afrontar, sin recursos, la baja de los aportes patronales dispuesta por la reforma tributaria. "Apelo a la sensatez de la oposición para aprobar por mayoría especial este proyecto", urgió el diputado Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe).

Contra los condicionamientos del organismo internacional, la Alianza anticipó que votaría en contra del proyecto, salvo que se le introdujeran modificaciones: la primera, que la aplicación de la ley se extendiera sólo hasta la sanción de una nueva norma madre de coparticipación federal, exigida por la Constitución de 1994, cuyo plazo de sanción venció en 1996.

La Alianza también solicitó que se elevara el piso a 950 millones de pesos anuales para las provincias y que se destinaran de ese monto 30 millones al fondo de financiamiento docente, ya aprobado por el Congreso.

Los planteos de la Alianza fueron más allá al presionar también con una serie de requerimientos para las provincias gobernadas por la UCR, referidos al otorgamiento de créditos y obras públicas. Tal era la urgencia del PJ para sancionar la ley que convocó al viceministro del Interior, Jorge Matzkin, para garantizar el cumplimiento de los pedidos requeridos.

El oficialismo no estaba dispuesto a introducir cambios en el proyecto, pues implicaba nuevas demoras para su sanción. Ante la ofuscación del PJ, la UCR dio libertad de acción a sus legisladores para decidir sobre su voto.

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