Discretas gestiones en favor de los jueces

Le advirtieron a Losardo que habría amparos si modifican el 82% móvil
Hernán Cappiello
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21 de diciembre de 2019  

La reforma a la ley de emergencia que dejó por ahora intactas las jubilaciones de los jueces llegó luego de gestiones reservadas que realizaron magistrados con el Gobierno en las que le advirtieron a la administración de Alberto Fernández que se avecinaría una catarata de amparos si les suspendían la aplicación del 82% móvil.

También se movió Julio Piumato, el titular del gremio de los judiciales, que, al igual que los jueces, llevó su mensaje a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Piumato, vía Graciela Camaño y Roberto Lavagna, buscó que esta modificación llegara al recinto.

Pero los jueces estaban inquietos desde mucho antes. Un grupo de jubilados se congregó en al Asociación de Magistrados buscando información. Y plantearon de cambiar el régimen legal vigente podrían recurrir a plantear recurso de amparo para defender la ley.

Marcelo Gallo Tagle, el camarista que preside la Asociación de Magistrados, fue el vocero de los reclamos judiciales con la ministra. No sonó rara su queja, ya que Losardo había atendido el mismo reclamo de otros mensajeros del Poder Judicial.

El buen vínculo entre Losardo y la Asociación de Magistrados, que se evidenció en la cena de fin de año de la semana pasada, cuando se tiraron flores mutuamente en los discursos, se cristalizó en el cambio en la ley que excluyó temporariamente de la suspensión de la movilidad previsional las jubilaciones, pensiones, asignación vitalicia y haberes de retiro que perciben los jueces de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Al mismo tiempo los jueces se comprometieron con Losardo a discutir en una comisión especial, que dijo el gobierno que se convocará en breve, un cambio en el régimen jubilatorio de los magistrados.

Los jueces están dispuestos a seguir discutiendo lo que ya empezaron a conversar durante el gobierno de Mauricio Macri: aumentar la edad de jubilación, que hoy permite a jueces y juezas jubilarse a los 60 años y aumentar los aportes previsionales.

"Hay un dialogo abierto", dijo una fuente de la Asociación de Magistrados que reconoció la preocupación de los jueces jubilados y el modo en que le fue trasmitida al Gobierno. .

Según el texto que obtuvo media sanción en la Cámara baja, se conformará una comisión especial integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso que estudiará si corresponde excluir o no de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.

Los jueces estaban atentos ayer a ver si los convocaban durante enero para empezar a trabajar en los aspectos formales de esta reforma previsional.

La predisposición al diálogo es la misma que tuvieron durante el macrismo para sentarse a negociar una fórmula sobre el modo en que pagaban el impuesto a las ganancias. Les fue bien entonces, al punto que solo los nuevos jueces son los que tributan.

Mientras esa comisión estudia la cuestión, los haberes de los jueces continuarán siendo móviles, como establece la ley.

"Si en esta ley establecíamos la suspensión de la movilidad para los regímenes especiales, corríamos el riesgo de recibir una avalancha de juicios contra el Estado", se sinceró un integrante del oficialismo. El argumento es el mismo que esgrimieron los jueces ante la ministra Losardo.

Desde la política, fue el diputado nacional radical Emiliano Yacobitti el que lideró la embestida para conseguir excepciones para docentes e investigadores. Por esa rendija se colaron las jubilaciones del presidente y vice, jueces de la Corte y magistrados del Poder Judicial, y legisladores.

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