DNI: el Gobierno tuvo que postergar la licitación

Corach suspendió por 5 días la notificación de la precalificación, prevista para pasado mañana; ordenó que la Sigen se expida sobre si debe intervenir Claudia Bello, que cuestionó el proceso.
Mariano Obarrio
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3 de enero de 1998  

El ministro del Interior, Carlos Corach, resolvió ayer postergar por cinco días hábiles, hasta el 12 del actual, el anuncio de la nómina de consorcios oferentes que precalificarán para competir en la cotización de la licitación del nuevo DNI y de la informatización de controles migratorios.

La controvertida concesión volvió a trabarse como consecuencia de que la secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, objetó la licitación ante la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por haber "omitido pasos esenciales" de control. Bello cuestionó que el Ministerio del Interior no haya girado a su área las actuaciones del proceso que impulsa la cartera política, como, según sostuvo, "lo establece la normativa vigente" para contrataciones informáticas por parte del Estado.

Esto planteó un duro enfrentamiento entre Corach, principal operador de la licitación, y la ultramenemista Bello.

"Su jurisdicción fue modificada por decreto hace un año y medio", retrucó ayer el ministro del Interior. Sin embargo, al suspender el proceso por cinco días, Corach realizó un pedido a la Sigen, órgano de control de la Presidencia de la Nación, para que se pronuncie a la brevedad sobre si Bello debe intervenir en el tema.

Al conocer la desautorización de Corach, la funcionaria hizo trascender, por medio de una de sus voceras, que "el Presidente la llamó al lugar donde descansa para felicitarla por lo que está haciendo". La colaboradora de Bello dijo a La Nación que el presidente Carlos Menem "quiere que se garantice la total transparencia en la licitación".

Este negocio de connotaciones políticas hizo elevar la temperatura de una disputa interna en el menemismo, cuyo verdadero alcance parece hoy escapar a cualquier pronóstico.

Los DNI dividen al Gobierno

El ministro del Interior postergó la precalificación de los oferentes porque Claudia Bello había objetado la licitación.

La complicada licitación del nuevo DNI y de la informatización de los controles migratorios sufrió ayer una nueva suspensión, como consecuencia de una tormenta desatada dentro del Gobierno. El ministro del Interior, Carlos Corach, operador del proceso licitatorio, postergó por cinco días (hasta el lunes 12 del actual) el anuncio de la precalificación de los tres consorcios que compiten en el negocio, trámite que estaba previsto para pasado mañana.

El ministro del Interior ordenó un pedido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que se pronuncie con urgencia acerca de si la Secretaría de la Función Pública, que conduce Claudia Bello, debe revisar o no la licitación. La funcionaria reclamó el derecho de auditoría y activó un sacudón en las entrañas del poder. Mientras observadores del oficialismo interpretan que Corach hizo recaer todo el peso de esa decisión en la Sigen, otros analistas vislumbran un juego oculto de negociaciones herméticas para una licitación que combina un serio problema político con descomunales intereses económicos. Existe la versión de que los dos grupos oferentes con mayor poder de "lobby", como son Itrón (grupo Macri) y Siemens, no están dispuestos a perder un ápice del negocio y trabajarían en una hipótesis de consorcio mixto, con reparto equitativo de atribuciones y beneficios. Para consumarla se necesitaría tiempo y, por ende, la prórroga.

El tercer oferente, Ivisa-TTI, contaría con menores posibilidades de pasar a la etapa de la oferta económica. Pero la controversia alcanzó un altísimo voltaje político en las últimas horas. La ultramenemista Bello, cuya secretaría depende del jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, objetó severamente ante el síndico general de la Nación, Héctor Luis Agustini, el trámite que realiza la Secretaría de Población, del profesor Aldo Carreras, bajo la férrea batuta de Corach.

Tal como informó ayer La Nación , Bello argumentó, en un informe del 19 de diciembre último a la Sigen, que su área goza de jurisdicción como ente de control en la licitación del DNI por tratarse de un tema informático. En su embestida contra Interior, la funcionaria denunció que a su secretaría "no se le dio la intervención prescripta por la normativa vigente", pese a reclamos reiterados, que comenzaron, según indicó, en 1995. "Se han omitido pasos sin duda esenciales para el cumplimiento del control (del proceso licitatorio)", se despachó en la nota a la Sigen. La jugada de Bello motivó nuevas presentaciones ante la Justicia de los diputados de la Alianza, con el fin de anular la licitación, de lo cual se informa en esta misma página. El jefe de la cartera política reaccionó sin contemplaciones contra la funcionaria. "Me llama la atención. Su eventual jurisdicción en proyectos informáticos fue modificada por decreto hace un año y medio", retrucó Corach.

Felicitación de Menem

Lo más sugestivo de esta historieta reside en que el presidente Carlos Menem bendijo a Claudia Bello, al felicitarla por teléfono, según informó oficialmente la joven funcionaria. "La llamó el Presidente al lugar donde descansa para felicitarla. Menem quiere que se garantice la total transparencia de todos los pasos del proceso licitatorio", reseñó a La Nación una vocero de Bello. Es inusual la actitud de la funcionaria, quien desde un lugar que no reveló instruyó a sus colaboradoras para que la congratulación presidencial trascendiera al periodismo.

Parece evidente el enfrentamiento entre Corach y Bello. En el Ministerio del Interior hacen la lectura de que todo se resume a una disputa entre la Sigen y la Secretaría de la Función Pública, que La Nación pudo comprobar que existe. Pero la novedad política estriba en que Menem respaldó a Bello, al tiempo que Corach la había desautorizado. Ergo, el Presidente laudó en sentido contrario de la opinión de su más operativo ministro político.

La puja por el control entre la Secretaría de la Función Pública y la Sigen tiene historia. El decreto 541/95 transfirió a la Sigen funciones de "auditoría" en contrataciones informáticas que tenía en su jurisdicción Función Pública por el decreto 1112/94. El decreto 660/96 transfirió el organismo de Claudia Bello, que revistaba en la Presidencia, a la órbita de la Jefatura de Gabinete. La funcionaria recuperó la supervisión en materia informática dos meses más tarde, cuando logró introducirla en el decreto 998/96.

La Sigen comenzó ayer a estudiar los vericuetos de esta legislación para satisfacer el requerimiento de Corach sobre el conflicto de jurisdicción.

El 30 de octubre de 1996, el titular de la Sigen, Héctor Agustini, le envió una nota al jefe de Gabinete en la que le recriminó la devolución a Bello de facultades de control (decreto 998). "Esas facultades generan una superposición con las competencias atribuidas a la Sigen, que comprometen la coherencia que debe mantener la administración pública, originando zonas grises en la que pueden diluirse responsabilidades", decía en la nota. Agustini reclamó "resolver la situación planteada mediante la concentración de las funciones de auditoría informática en la Sigen, por ser el órgano natural creado por la ley". El 14 de enero de 1997, reiteró su reclamo a Jorge Rodríguez y planteó que "el temperamento adoptado por la funcionaria puede paralizar o generar dilaciones en los procedimientos destinados a incorporar bienes y servicios informáticos".

En las cercanías de Corach se espera que Agustini se pronuncie ahora en línea con sus viejos razonamientos.

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