DNI: en el Gobierno objetan la licitación

Función Pública elevó un informe crítico a la Sigen.
Mariano Obarrio
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2 de enero de 1998  

La sensible y conflictiva licitación de la confección de los nuevos DNI y de la informatización de los controles migratorios profundizó enfrentamientos internos en el Gobierno, los que podrían alterar el humor del presidente Carlos Menem.

Como última muestra de estas contiendas, la secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, objetó severamente ante un organismo público de control el proceso licitatorio que tramita la Secretaría de Población del Ministerio del Interior, que comanda el profesor Aldo Carreras. Los reparos podrían abrir un frente tormentoso entre la funcionaria y el titular de la cartera política, Carlos Corach, superior de Carreras y operador estelar de esa privatización.

Para intranquilidad del jefe del Estado, el planteo de la funcionaria menemista dará pie a presentaciones ante la Justicia de los diputados de la Alianza Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro, quienes se proponen decididamente anular la licitación.

"Se han omitido pasos sin duda esenciales en lo que atañe a la posibilidad de cumplimiento del control de los contenidos técnicos de la convocatoria", declaró Claudia Bello en una nota que dirigió al titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Luis Agustini. La comunicación, registrada con el número de expediente 1408/97, fue firmada por la propia Bello y está fechada el 19 de diciembre último.

En rigor, entre los "pasos omitidos" que señala la carta a Bello le preocupa especialmente uno: que Interior no le dio intervención a la Secretaría de la Función Pública, ente que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por el decreto 541/95, esa área está facultada para revisar, entre otras cosas, las contrataciones del Estado en materia informática.

Ese trámite tiende a fortalecer los controles internos para las licitaciones que, como ésta, deparan dolores de cabeza en el Gobierno.

La nota de Bello a la Sigen llegó a las manos de los diputados de la Alianza Cafiero y Alessandro, que la recibieron como oro en polvo. Los legisladores frepasistas irán hoy al edificio de Tribunales de Comodoro Py 2002, en la Capital, para solicitar la reapertura de la causa penal que cerró provisionalmente el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El 26 de diciembre de 1996, los aliancistas pidieron la anulación de la licitación. Denunciaron que estaba hecha "a la medida" del empresario Alfredo Yabrán, que violaba la ley de contrataciones del Estado y que eludía los controles internos. Cafiero cree que encontró la llave para la reapertura. Los frepasistas, además, harán la semana próxima otra presentación en la Justicia, pero en el fuero contencioso administrativo. Cafiero y Alessandro presentaron el viernes último ante ese fuero un pedido de no innovar. El asunto pasó al juez Sergio Fernández, que anteayer rechazó una recusación pedida por los denunciantes y denegó el recurso de no innovar. Los legisladores, ahora, preparan una revocatoria de ese fallo y una apelación ante el juez de feria en el fuero.

Sin respuesta desde 1995

Las denuncias judiciales opositoras se apoyarán en la nota reservada de Claudia Bello. La funcionaria informó que, desde 1995, su secretaría hizo sucesivos reclamos a Carreras para que se le remitiera el pliego de bases y condiciones "y toda actuación vinculada con la licitación". Según Bello, pretendió ejercer la competencia que le confiere el decreto 541/95, pero nunca obtuvo respuesta alguna.

Para Cafiero, la misma funcionaria menemista sostiene los cuestionamientos de la Alianza acerca de la ausencia de controles. La licitación de los DNI resulta conflictiva, y comprende áreas estratégicas del Estado, como la informatización de los controles migratorios y de los padrones electorales.

La figura de Yabrán asoma desde un principio en el negocio por la participación de firmas (OCA y Ciccone Calcográfica), que se le atribuían, asociadas con el grupo Macri. El Gobierno anunciará el lunes próximo la nómina de consorcios que precalifican para competir en la apertura de la oferta económica. Los oferentes encabezados por Itron (Macri) y por Siemens son, según fuentes del oficialismo, los que accederían a la cotización.

El aliancista Raúl Alfonsín objetó el eventual control de información sensible por parte de empresas privadas. Corach le retrucó ayer que "lo que harán las empresas es posibilitar la informatización, pero los datos siempre quedarán en poder del Estado". El titular del Ministerio del Interior consideró "infantil" el planteo.

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