Dos renuncias conmueven a la Cancillería

En medio de la etapa más compleja que ha vivido la Cancillería en mucho tiempo, debido a la investigación judicial por las importaciones irregulares de autos con franquicias y a una serie de traspiés diplomáticos, ayer se conoció la renuncia de dos altos funcionarios: el vicecanciller Roberto García Moritán y el director de Ceremonial, Marcelo Pujó.

García Moritán, segundo del canciller Jorge Taiana, pidió el retiro anticipado de sus funciones. Lo hizo, según él mismo explicó a LA NACION, por “motivos personales que nada tienen que ver con la investigación en curso”.

Pujó tenía bajo su órbita el Departamento de Franquicias que conducía Jorge Matas, principal acusado en la causa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide. Anteayer había sido citado a declarar por Oyarbide (tendrá que presentarse el 28 de este mes).

En diálogo con LA NACION, Pujó sostuvo que su situación judicial era incompatible con sus funciones: como director de Ceremonial le correspondía la organización del protocolo presidencial durante las visitas de mandatarios extranjeros. Esta misión lo hacía tener un asiduo contacto con la presidenta Cristina Kirchner. De hecho, según el texto de su renuncia, Pujó dimitió para "aventar cualquier posible perjuicio o negativa gravitación" que su desempeño "pudiera ocasionar a la investidura ministerial y de altas autoridades de la Nación" en el transcurso de la investigación.

El caso de García Moritán es más complejo. El funcionario, de estrecha relación con el canciller y con una vasta carrera diplomática a cuestas -casi 40 años en el servicio exterior-, sorpresivamente decidió abandonar sus funciones.

"Es una decisión personal: tengo 60 años y quiero reprogramar mis próximos 10 años. Es hora de que dedique más tiempo a mis asuntos personales", dijo el funcionario a LA NACION.

El trámite de su retiro está en curso y debe ser aún aceptado por el canciller Taiana, por cuanto García Moritán no reúne aún la edad necesaria para la jubilación, fijada en 65 años.

El saliente vicecanciller no había sido citado por la Justicia ni había sido siquiera sumariado internamente por las irregularidades con los vehículos diplomáticos, una investigación promovida por el propio Taiana. Su área no tenía responsabilidades directas sobre las reparticiones que están en la mira de la Justicia.

Sin embargo, en la cúpula del poder se le asignaba anoche a su dimisión una lectura política: altas fuentes del Gobierno interpretaron su retiro como la consecuencia de una serie de traspiés que se sumaron al desgaste que vivió la Cancillería en los últimos meses, y que incluyeron la controvertida visita del dictador africano Teodoro Obiang y la fallida designación del ex ministro de Justicia Alberto Iribarne como embajador ante el Vaticano.

El caso Pujó

Pujó, en cambio, expresó que su renuncia tiene que ver con la causa.

"Poseo la plena convicción de haber prestado mis funciones en forma honesta y leal. Sin embargo, razones de delicadeza y decoro me obligan a adoptar la decisión", explicó el funcionario, también de larga trayectoria, en la nota que elevó al canciller.

"Es por ello (en alusión a la investigación abierta), sin perjuicio de ratificar mi absoluto desconocimiento y falta de competencia administrativa en todo lo atinente a Franquicias que considero oportuno dimitir en el cargo", agregó. Taiana aceptó anoche su renuncia. Tanto él como García Moritán gozaban de la plena confianza del canciller, que recibió ambas noticias con pesar, según supo LA NACION de altas fuentes oficiales.

Mientras tanto, el juez Oyarbide resolvió ayer que le corresponde seguir a cargo de la parte de la causa que investiga si hubo una asociación ilícita dedicada a cometer irregularidades en la importación de vehículos de lujo con franquicias diplomáticas.

El magistrado rechazó así un planteo del juez en lo penal económico Jorge Brugo, quien pretendía que Oyarbide se apartase para unificar toda la causa en su juzgado, donde ya instruye una pesquisa por el delito de "contrabando agravado".

El juez Oyarbide afirmó que por la "gravedad de los delitos" que considera pudieron cometerse en la maniobra y por estar supuestamente implicados funcionarios, le corresponde al fuero federal retener la investigación, en sintonía con un dictamen en su favor del fiscal del caso Patricio Evers, dijeron fuentes judiciales.

De esta manera, el dilema de qué juez se hace cargo de la causa quedará en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que hace pocos meses tomó una decisión parecida en la causa Skanska, donde desglosó las actuaciones y las repartió entre ambos fueros.

Oyarbide incluso dijo ayer que espera el análisis de las cuentas de los imputados.

Además, el magistrado señaló a la prensa que tras las indagatorias algún acusado podría ser encarcelado.