Droga para consumo: no es delito

Adrián Ventura
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15 de octubre de 2008  

La Corte Suprema de Justicia, antes de fin de año, podría desincriminar la tenencia de muy pequeñas cantidades de estupefacientes para consumo personal.

El caso en cuestión se llama Villacampa y el hecho es simple: un hombre fue detenido en Rosario, en medio de un operativo policial amplio, pero tenía encima apenas una ínfima cantidad de estupefacientes.

Ya durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Corte, en el caso Basterrica (1986), había adscripto a ese criterio liberal, según el cual corresponde castigar la tenencia cuando está destinada para la comercialización, pero no para el consumo propio. Pero, en diciembre de 1990, en los albores del gobierno de Carlos Menem, la Corte, en el caso Capalbo, con una composición menos liberal que la anterior, consideró punible la tenencia para consumo personal.

En la agenda del alto tribunal también hay otros asuntos muy importantes:

  • La investigación del triple crimen quedaría dividida en dos causas: la pesquisa sobre los vínculos con el narcotráfico permanecerá en manos del juez federal Federico Faggionatto Márquez –un magistrado que debería ser investigado por el Consejo de la Magistratura–, mientras que el juez de garantías de Mercedes, Marcelo Romero, se ocupará de esclarecer los homicidios.
  • El 4 de noviembre se realizará la audiencia entre Eduardo Sosa, ex procurador general de Santa Cruz, y los representantes de la provincia. La Corte, en 2001, ordenó al gobierno provincial devolverle el mismo cargo del que Sosa fue echado. Pero ni el entonces mandatario local Néstor Kirchner ni el Tribunal Superior jamás cumplieron el fallo ni Sosa aceptó la indemnización sustitutiva. Ahora, el tribunal intentará conciliar a las partes.
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  • El máximo tribunal también resolverá un importante asunto relacionado con los derechos humanos: el caso de Emiliano Prieto-Gualtieri, que de niño fue apropiado en la década del setenta y entregado a un suboficial de la Marina.
  • La Corte resolvería que el Estado o un juez no pueden obligar a una persona a someterse a una extracción compulsiva de sangre para determinar su identidad (causa Prieto I), pero sí aceptaría la validez de un allanamiento que permitió secuestrar cabellos, piel y otro material genético para obtener datos sobre la filiación (causa Prieto II).

  • En materia económica, la Corte también prepara un fallo muy interesante que involucra a la delegación legislativa al Poder Ejecutivo.
  • Invocando una ley de emergencia, un decreto delegado del ex presidente Fernando de la Rúa dispuso que los abogados del Estado no deben matricularse en el Colegio Público, que ahora reclama por ello y por el pago de la tasa.

    La Corte Suprema prepara una sentencia importante: establecería límites más estrictos a la posibilidad del Congreso de delegar atribuciones, pero no cambiará su tradicional doctrina de que es de resorte exclusivo del Congreso apreciar si realmente existe una situación de emergencia.

  • También está pendiente de resolución la causa Halabi, en la que está cuestionada la obligación de las empresas de telefonía de guardar los registros punto a punto de todas las llamadas telefónicas realizadas por todos los ciudadanos. Si la Corte estableciese, con carácter general ( erga omnes ), que las empresas no pueden guardar esos registros, habría un mayor espacio para la intimidad individual, pero también peligrarían muchas investigaciones penales cuyos resultados dependen de esos registros telefónicos.
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