Dudas legislativas por el presupuesto

Todos esperan las precisiones de Cavallo El Congreso aún no recibió el texto por parte del Poder Ejecutivo Podría no ser enviado a los legisladores ante el rechazo general a un recorte El PJ insiste en sesionar en el verano
Laura Serra
(0)
9 de diciembre de 2001  

A escasas semanas de finalizar el año, aún no se sabe cuándo el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de presupuesto 2002 al Congreso. Es más, no se sabe si efectivamente será enviado.

En medio de tanta incertidumbre, un dato aparece como el más certero: el Gobierno no hará ningún movimiento hasta el regreso del ministro de Economía, Domingo Cavallo, que encabeza en Washington cruciales negociaciones con el FMI.

El presupuesto es una de las leyes fundamentales para nuestro país y, desde hace una década, el Congreso ha cumplido con aprobarlo antes de cada fin de año. Esta vez es muy difícil que eso suceda, porque ni siquiera su texto está acordado en el Gobierno. Es que las turbulencias económicas han impedido a la cartera de Hacienda elaborar un detalle definitivo de ingresos, erogaciones y pronósticos de crecimiento.

Sin esta premisa básica, tampoco se pudo definir la magnitud del recorte de gastos por aplicar en la administración pública. Cualquiera que sea esa cifra (se habla ahora de un piso de 3000 millones y un techo de 4000), el ajuste será inevitable y constituye una exigencia del FMI, recitan los técnicos de Economía.

En el menú se barajan varias alternativas, ninguna muy popular. Entre ellas un nuevo recorte a las jubilaciones y sueldos estatales superior al 13 por ciento y la quita de los aguinaldos.

De impulsarse estas medidas, el rechazo en ambas cámaras legislativas sería generalizado, sin distinción entre oficialistas y opositores. Ante este escenario adverso, el Gobierno podría obviar el Congreso y aplicar los ajustes por decreto, apelando a la ley de facultades delegadas. Cuenta con una ventaja adicional: el Parlamento finaliza su labor el 21 del actual, cuando caduca el período extraordinario que convocó el Poder Ejecutivo.

Esta decisión sería de sumo riesgo, y el Gobierno no lo desconoce. No sólo recalentaría el ambiente político hasta niveles imprevisibles, sino que el clima social ya no lo toleraría.

¿Cuál sería la salida, entonces? Los legisladores aguardan, como el Gobierno, qué solución aportará Cavallo (si es que la aporta) desde Washington.

"Una posibilidad para lograr el equilibrio presupuestario sería mediante un ajuste de gastos burocráticos sumado a una importante rebaja en los intereses de la deuda, o directamente una quita de su capital, por parte de los tenedores externos que aún no participan del canje que impulsa nuestro país, como el FMI o el Banco Mundial", sostuvo el jefe del bloque de la Alianza, Darío Alessandro (Frepaso-Capital).

Si se materializa este acuerdo, el ahorro podría ser considerable, analiza el legislador del Frepaso. Sería la última carta de Cavallo.

Preocupación peronista

En el justicialismo la preocupación no es menor. Legisladores del ala económica de este partido admiten en voz baja que el ajuste de gastos será inevitable si se pretende un equilibrio presupuestario. Y como el PJ domina ahora ambas cámaras legislativas, deberá afrontar una difícil encrucijada: o rechaza el presupuesto oficial (si finalmente es enviado al Congreso), con lo que empujaría al Gobierno al borde del abismo, o bien convalida los recortes, convirtiéndose así en una suerte de "cómplice" de medidas impopulares.

Ninguna de las dos alternativas seduce a los justicialistas.

"Me parece que hay algunos ítem del ajuste que se pueden llegar a tratar sin afectar a las provincias, ni a las economías regionales, ni a la gente. Existen mecanismos para que la cifra de los recortes, que aparece abultada, sea al final relativamente pequeña -sostuvo a LA NACION Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires), flamante presidente de la Cámara baja-. Cuando digo pequeña, hablo de 1000, 1500 o 2000 millones. Pero una cosa es segura: no vamos a votar en contra de la gente."

¿Qué sucederá si el Poder Ejecutivo decide obviar al Congreso? El PJ no descarta una alternativa de máxima: impulsar una autoconvocatoria para que el Congreso prorrogue las sesiones ordinarias. Esta es una facultad exclusiva del Presidente, por lo que una embestida de esta naturaleza significaría un duro golpe al Gobierno.

"En medio de esta crisis tan delicada, es inconcebible un Congreso de vacaciones", insistió Camaño.

Definiciones

"Una posibilidad para lograr el equilibrio presupuestario sería mediante un ajuste de gastos sumado a una importante rebaja en los intereses de la deuda o una quita de su capital por parte de los tenedores externos que aún no participan del canje."

Darío Alessandro

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.