Duhalde pidió a la Justicia que investigue un supuesto complot

Presentó pruebas para demostrar que se intentó derrocar los poderes constituidos
Presentó pruebas para demostrar que se intentó derrocar los poderes constituidos
Mariano Obarrio
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28 de junio de 2002  

El gobierno de Eduardo Duhalde le pidió ayer a la Justicia que investigue un supuesto complot destinado a derrocar a "los poderes constituidos", al presentar los elementos de prueba reunidos luego de los enfrentamientos que anteayer causaron dos muertos durante una marcha piquetera.

La grave denuncia se produjo tras una jornada cargada de nerviosismo y tensión en la Casa Rosada. Sus principales funcionarios estuvieron pendientes, minuto a minuto, de las marchas piqueteras programadas para ayer que terminaron sin incidentes mayores en la Plaza de Mayo.

El Gobierno temió en verdad que recrudeciera la violencia luego de que anteayer, en el Puente Pueyrredón, en la ciudad de Avellaneda, se produjeran dos muertos entre los piqueteros, durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La presentación del ministro de Justicia, Jorge Vanossi, ante el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, resultó contundente. "No escapa a nuestra percepción que los sucesos de los últimos días indican una escalada de acciones violentas que parten de la alteración del orden público, continúan con la pérdida de vidas humanas, graves destrozos materiales y amenazan -incluso- con el derrocamiento de los poderes constituidos", dice el escrito.

Vanossi se interrogó en la denuncia "si estamos o no en presencia de una maquinación concertada para alcanzar con intencionalidad objetivos de máximo alcance que puedan poner en peligro más vidas, más derechos, más libertades y hasta la totalidad de las instituciones de la República".

Las más altas fuentes del Gobierno aseguran que las primeras averiguaciones de las fuerzas policiales y de inteligencia apuntan a las agrupaciones piqueteras Corriente Aníbal Verón y Movimiento Teresa Rodríguez. Y, dentro de ellas, estarían identificados activistas vinculados con el representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Javier Claderón, entre otros grupos revolucionarios.

En la presentación de Vanossi, se enumeran diversos hechos, pruebas y posibles delitos configurados en el Código Penal y en la ley de defensa de la democracia, como se informa por separado. Vanossi elaboró el escrito tras permanentes consultas telefónicas con Duhalde, y frenéticas reuniones en la Casa Rosada con el jefe del Gabinete, Alfredo Atanasof; el ministro del Interior, Jorge Matzkin; el secretario de Seguridad Interior; Juan José Alvarez, y el jefe de la SIDE, Carlos Soria.

Preocupación

Por su parte, el Presidente siguió el asunto desde su residencia de Olivos, conversó con gobernadores, ministros, jueces, fiscales y autoridades policiales. Por la noche, recibió a Atanasof y a Alvarez, para continuar con el análisis de la situación.

Pese a la versión oficial de que la policía no disparó municiones de plomo y que los tiros provinieron de los mismos manifestantes, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, ordenó la detención de los jefes de la Policía Bonaerense, a cargo del trágico operativo, de lo que se informa aparte.

Alvarez aclaró a última hora que Solá tomó la decisión de detenerlos preventivamente por indicación del mismo Duhalde, en una determinación tomada anoche en Olivos.

Alvarez, en rigor, había dispuesto la investigación del accionar de todas las fuerzas de seguridad nacionales -la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura- y la Policía Bonaerense.

El argumento más fuerte del Gobierno era, hasta entonces, el de un supuesto complot de las organizaciones piqueteras en contra del orden democrático. Matzkin, a media tarde, había informado que los trágicos hechos ocurridos "no constituyen un hecho aislado, porque el Gobierno tiene elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático".

El ministro del Interior añadió que este supuesto plan "puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula de consenso, que los argentinos, mayoritariamente, hemos elegido".

Matzkin notificó ante los periodistas, sin aceptar preguntas, que el Gobierno estaba "informando a todos los gobernadores las acciones que presumiblemente se pueden desarrollar en sus jurisdicciones".

Declaraciones en el mismo sentido habían hecho durante el día Atanasof y el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. Fuentes gubernamentales aseguraron que la política disuasiva del Gobierno debió cambiar hace una semana cuando la asamblea piquetera del 22 y 23 del actual dispuso un plan de lucha organizada para tomar rutas, puentes y plazas y realizar grandes acciones en todo el país.

Esa asamblea se había realizado en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda y marcó el cambio del discurso oficial. Desde entonces, varios funcionarios advirtieron que no tolerarían esta acción organizada.

Fuego cruzado

Atanasof

Oportunista: Atanasof acusó ayer al diputado Luis Zamora de ser un “infame oportunista” por sus declaraciones sobre los graves incidentes entre policías y piqueteros ocurridos anteayer y se preguntó por qué el legislador “no contribuyó a que esto no sucediera”. “Yo quiero decir, y esto es a título personal, que el señor diputado Luis Zamora, a mi juicio, es un infame oportunista, y si él dice que sabía que estos hechos iban a ocurrir, por qué no lo advirtió con anterioridad.” El jefe de Gabinete señaló que Zamora “goza de todas las garantías del sistema democrático”.

Zamora

Réplica: Zamora calificó los dichos del jefe de Gabinete como una “amenaza” y responsabilizó al Gobierno de “cualquier cosa” que le suceda a él, a su familia o a sus seguidores. El líder de la agrupación Autodeterminación y Libertad respondió así a las declaraciones que Atanasof hizo por la mañana, en la Casa Rosada. También acusó al presidente Duhalde de encabezar “un gobierno de mafiosos”. Anteriormente, había responsabilizado al Gobierno de favorecer la represión.

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