Echan a expertos antilavado y asumen militantes y familiares

El jefe del organismo que debe combatir el blanqueo ilegal sustituyó técnicos por, al menos, 20 sobrinos, amigos y seguidores de su corriente política, sin experiencia profesional
Hugo Alconada Mon
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1 de septiembre de 2012  

De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según reconstruyó La Nacion sobre la base de testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.

La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.

"Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF", lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar con LA NACION bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez , entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: "Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados".

Hoy, con más de 250 personas que trabajan en la UIF, menos de media docena son analistas profesionales, con experiencia en investigaciones sobre lavado. El resto aprende sobre la marcha –por "ósmosis", como lo definió uno de los informantes– o con cursos que reciben cuando ya están dentro de la unidad. Más aún, esa capacitación sólo se imparte para "los nuestros".

Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.

Sbattella designó a la sobrina de su mujer como secretaria, al marido de otra sobrina como director del área de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, a una tercera sobrina como encargada de la página web de la UIF y hasta a un sobrino en la Secretaría General Ejecutiva. (LA NACION se reserva sus nombres por las características de seguridad inherentes a la unidad antilavado.)

Sbattella también trajo a varios de sus ex colaboradores en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. Entre otros, a dos vocales (uno de los cuales ya renunció), a un analista y al encargado de Presupuesto y Pagos de la UIF, cargo que ocupa gracias a que obtuvo una designación excepcional por carecer de título profesional habilitante. Todos ellos, además, carecen de experiencia real en temas antilavado, según verificó LA NACION.

La misma práctica se repite en el área más sensible de la UIF, la Dirección de Análisis. Su director es Pablo Chena -que también viene del IEFE-; la segunda a cargo es su hermana, y el tercero en la línea jerárquica es su cuñado, que además se encarga de llevar adelante algunas de las "causas políticas" más sensibles.

A ellos se suman cuatro casos notables. Son analistas de la categoría "C" en el escalafón de la administración pública nacional. Tres carecen de títulos profesionales. Una trabajaba en una panadería y junto con otro de los cuatro también maneja "legajos con tinte político", como los caracterizó otro informante. Y la cuarta, amiga a su vez de Sbattella, es ingeniera, pero en pesca, por lo que también recibió una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia "por no reunir los requisitos mínimos de acceso" para un puesto de esa categoría.

De secretaria a coordinadora

Los vínculos con la esposa de Sbattella, vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, también pesan dentro de la UIF. De allí llegaron la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, quien sólo va por las tardes y aún concurre también al tribunal, más una vocal del Consejo Asesor de la Unidad, y un empleado de la Secretaría General Ejecutiva por el que se pidió que lo categorizaran con la letra "A", la más alta del escalafón y aun cuando hay un solo profesional, en Análisis, con ese nivel. Al final lo encuadraron en el nivel "B", cuando otros demoraron ocho o más años para conseguir esa categoría.

Una discrecionalidad semejante quedó expuesta al designar a cargo de las tareas de Coordinación Nacional -es decir, la interacción estratégica con todas las áreas del Estado abocadas a la lucha contra el lavado- a una ex secretaria privada de Sbattella, en tanto que al frente del área de Supervisión de Obligados -qué sectores y profesionales deben reportar operaciones sospechosas- se ubicó a un empleado de la AFIP que es el marido de esa ex secretaria.

Sin embargo, el caso paradigmático acaso sea el de Carlos Federico Millet, señalado dentro de la UIF como uno de los que ingresaron con un bombo a las instalaciones junto a su entonces jefe directo, el secretario general ejecutivo, Federico de Negri, para convocar a sus colegas de toda la unidad a participar en un acto político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su entonces aliado, Hugo Moyano.

Fanático de River Plate, Millet debió renunciar a su designación -también era excepcional por incumplir los requisitos legales- el 23 de junio de 2011. Es decir, lo echaron el día después de que un grupo de violentos ingresara a la cancha durante el partido que su equipo perdió contra Belgrano, en Córdoba, y quedó a un paso del descenso, que se concretó días después.

Millet apareció en unas imágenes de los desmanes, por lo que las autoridades lo desplazaron, temerosas de que se detectara que trabajaba en la UIF, un organismo que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, aunque Sbattella suele decir que tiene diálogo directo -por momentos incluso diario- con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de Millet, sin embargo, la UIF volvió sobre sus pasos a medida que el potencial escándalo quedaba atrás. Por ese motivo recontrataron al militante del Ateneo Conciencia Nacional, que fundó Sbattella a principios de los 90. Hoy trabaja en el área de presupuesto.

LA NACION intentó consultar a Sbattella por estas designaciones, y a Millet desde el jueves, pero no respondieron las llamadas y mensajes.

Ya investigado por el juez federal Daniel Rafecas por el uso político de la UIF, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, uno de los colaboradores de Sbattella ironizó en público sobre las consecuencias de su actuación. Según dos testigos, bromeó: "Si seguimos así, vamos presos".

Los cambios más resonantes en la UIF

Sbattella reemplazó a técnicos por gente propia.

  • CASO 1

    Los sobrinos

    Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
  • CASO 2

    Los platenses

    Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
  • CASO 3

    Los analistas

    El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
  • CASO 4

    Un hincha fanático

    Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet (foto); cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
  • CASO 5

    La ingeniera

    Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
  • CASO 6

    Los fiscales

    Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
  • Del editor: por qué importa.

    La UIF desnuda la cara oscura de la militancia: convertir la impericia en ley. Un gobierno que vigila al turista que compra un puñado de dólares vacía de expertos la unidad que investiga los grandes delitos económicos.

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