Echegaray buscó darle a Ciccone 75% de quita con una inusual maniobra

Aceptó una moratoria especial a 20 años, que después modificó con una enmienda a mano
Hugo Alconada Mon
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17 de junio de 2012  

El primer pedido de moratoria que hizo la ex Ciccone Calcográfica fue el más polémico de todos. Y aunque al final esa solicitud inicial fue rechazada, demostró la disposición que había en el Gobierno por privilegiar a la empresa con beneficios especiales.

Este intento incluyó una jugada desconocida hasta ahora. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó otorgarle a la empresa una quita explosiva, que poco después, cuando LA NACION difundió la decisión, intentó diluir con un desprolijo agregado a mano en el expediente para atenuar el grado de beneficios.

El primer pedido que hizo la ex Ciccone para afrontar su deuda consistió en un plan de 20 cuotas anuales –una por año–, sin intereses, y sólo por el capital adeudado. Es decir, que sobre una deuda total de más de $ 247 millones, sólo devolvería $ 62,7 millones. Es decir, el 25,3% del total.

Así se inició el expediente administrativo 1-257899-2010, que es el que trata en la AFIP el pedido de la imprenta. Ese documento circuló por varias áreas de la agencia, en las que se sostuvo que Echegaray podía arrogarse facultades propias del juez de la quiebra, Javier Cosentino, y disponer quitas sobre las deudas de la empresa, apoyado en las facultades discrecionales que le otorga el artículo 32 de la ley 11.683, que define el funcionamiento de la AFIP.

Incluyó el expediente un pronunciamiento del jefe de asesores de Echegaray , Rafael Resnick Brenner, quien afirmó que resultaba "razonable" otorgar el plan "en las condiciones solicitadas por la contribuyente". Sin embargo, como parte del trámite, Echegaray involucró al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, al remitirle una consulta con la advertencia de que sería "determinante" lo que opinara el actual vicepresidente.

Cuando Boudou apoyó concederle el beneficio excepcional a la empresa que ya presidía Alejandro Vandenbroele –una de las principales evidencias que lo involucran–, la AFIP completó el trámite. Resnick Brenner emitió su segundo y también cuando menos polémico dictamen favorable a la ex Ciccone, que dice: "Resulta razonable en función de las competencias de esta instancia el otorgamiento del plan en las condiciones solicitadas por la contribuyente". Es decir, con una quita del 75%, aunque estaba taxativamente prohibido por la ley 11.683.

Y es entonces cuando Echegaray interviene decisivamente, aunque con un insólito movimiento. El 18 de noviembre de 2010 dio su visto bueno al plan para beneficiar a la ex Ciccone con una moratoria de 20 cuotas anuales con una quita del 75%, tal como había pedido la empresa. Pero luego agregó, a mano, en la foja 66: "Ajústese a la Resolución 970". Así consta en las dos copias de la misma disposición –una sin y otra con ese agregado– a las que tuvo acceso LA NACION (ver aparte). Esa resolución 970 establece los parámetros para que una empresa concursada obtenga una moratoria de 96 cuotas mensuales, es decir, un plan menos conveniente que el que originalmente había solicitado la empresa y sobre el cual nadie, ni Echegaray, ni sus colaboradores, ni Boudou, habían evaluado hasta ese mismo momento.

Conejo blanco, gato negro

"Es como si la empresa hubiera pedido un conejo blanco, todos discutieron si podían dárselo, firmaron que sí, y luego Echegaray, en una línea, pasó a hablar de un gato negro", graficó una fuente que participó en esa operatoria a LA NACION. "Algo pasó después de que firmó", sostuvo. Ese "algo" pudo haber sido la difusión a través de este diario de que la AFIP se disponía a otorgarle una moratoria con quita a la ex Ciccone .

LA NACION contactó a Resnick Brenner, quien declinó responder preguntas "toda vez que hay una causa judicial". También se consultó desde el jueves al vocero de Echegaray, quien no respondió las llamadas.

A partir de allí el expediente evidencia un comportamiento misterioso. Porque desde su inicio en agosto de 2010, mostraba una correlación perfecta con la "hoja de ruta" disponible en el sistema informático de la AFIP, cuya copia también obtuvo LA NACION. Pero desde ese momento, los papeles y el registro por computadora siguen caminos distintos y en vez de aumentar la cantidad de fojas, el expediente decreció en al menos trece carillas.

El impacto que tuvo la filtración de estos movimientos fue tal que la propia AFIP terminó rechazando el pedido de la imprenta.

Es decir, resolvió no darle ni el plan de 20 cuotas anuales que había analizado en el expediente, ni el de 96 mensuales que había planteado Echegaray luego como atenuante.

Todas estas idas y venidas fueron omitidas 16 meses más tarde por Echegaray cuando ofreció una conferencia de prensa. "La ley no faculta a la AFIP a hacer una quita de la deuda de una empresa", afirmó ante los medios, el 9 de marzo de este año, cuando ya había estallado el escándalo. "Consultamos a Boudou porque Ciccone pidió una quita de la deuda y nosotros no le dimos esa quita", insistió el titular de la AFIP. Efectivamente, no le dio la quita, pero no dijo que en realidad se la había querido otorgar y que la dejó sin efecto recién cuando había trascendido a los medios el plan para beneficiar a la empresa con una reducción del 75%.

Ante los periodistas, el titular de la AFIP tampoco detalló que recién once meses después, el 14 de noviembre de 2011, Vandenbroele presentó el segundo intento de conseguir una moratoria excepcional. Y algo más: el supuesto testaferro de Boudou volvió a insistir en que quería obtener una moratoria excepcional sobre la base del artículo 32 de la ley 11.683. Y que esa vez sí se lo concedieron. Por partida doble. Con una nueva firma convalidatoria de Echegaray, obtuvo dos planes por un total de $ 107 millones, que tras el estallido del escándalo amplió con otras dos moratorias, por otros $ 140 millones omitidos hasta entonces por un "error en la carga de datos".

Todos esos planes –conocidos como "del artículo 32"– registran, sin embargo, un límite preciso. La ley 25.678 vetó de manera expresa la posibilidad de que la AFIP disponga quitas por su cuenta.

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