Echegaray se despegó de Báez y lo complicó con facturas truchas

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, tomó distancia de Lázaro Báez, al declarar ayer ante la Justicia que él mismo ordenó a los empleados de la AFIP seguir investigando las empresas proveedoras de facturas falsas que supuestamente usó la empresa Austral Construcciones para evadir impuestos.

A la vez, negó que hubiera desarmado las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca para proteger al empresario preso por lavado de dinero.

Echegaray fue indagado ayer durante seis horas por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo investiga por no avanzar sobre Báez y sus empresas como parte del plan de protección integral que le brindaba el kirchnerismo al empresario.

El ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo está en una situación política y judicial delicada: sus colegas de la AGN esperan a que termine procesado para pedirle que se vaya; el juez Ariel Lijo debe definir si lo indaga o no por el caso Ciccone; otro juez, Sergio Torres, envió a peritos de la Corte a analizar sus bienes en una causa por enriquecimiento ilícito, y el fiscal Gerardo Pollicita pidió que lo indaguen como sospechoso por permitir que Cristóbal López retuviera 8000 millones de pesos por el impuesto a los combustibles de su empresa Oil.

Echegaray, de sobretodo gris oscuro, entró al juzgado acompañado por sus abogados, León Arslanian y Martín Arias Duval. Otros tres asesores lo esperaron en el pasillo de los tribunales en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, frente al juzgado.

Ante Casanello, Echegaray aportó un escrito de 140 páginas en el que hizo una defensa estrictamente técnica y contestó preguntas.

Echegaray dijo que tenía una mirada estratégica sobre toda la AFIP y que las cuestiones operativas fiscales eran competencia del titular de la DGI Ángel Toninelli, que será indagado hoy.

Toninelli es justamente quien viajó junto a Báez en su jet privado de la Patagonia a Buenos Aires. Echegaray aseguró que no sabía que Toninelli había viajado en ese avión y que no le pidió autorización para hacerlo.

"En definitiva: la DGI en cabeza de cada director regional impositivo es responsable del padrón de contribuyentes con domicilio fiscal en su jurisdicción", explicó el funcionario para deslindar responsabilidad en sus empleados. Y hablando de sí mismo en tercera persona dijo que "el administrador federal de Ingresos Públicos no interviene, ni intervino en el circuito de fiscalización" porque las normas no lo prevén.

Echegaray miraba a sus letrados a la distancia, desde el otro lado de una puerta de vidrio en los pasillos de los tribunales, mientras Arslanian y Arias Duval hablaban con los periodistas, pues prefirió dejar su defensa pública en manos de ellos, sin hacer declaraciones a los medios.

Aportó un pen drive con un video de una teleconferencia que brindó a los empleados de la AFIP en Bahía Blanca en que los exhortó a seguir investigando las empresas proveedoras de facturas truchas que luego usó Austral Construcciones, según la imputación del juez. Además dijo que fue la AFIP la que instó la investigación sobre Juan Suris.

Una de las acusaciones en su contra es que desmanteló la AFIP en Bahía Blanca para que dejaran de investigar empresas relacionadas con Báez.

Las empresas sobre las que se hizo la inspección por facturas truchas son Calvento SA, Grupo Penta SA y Constructora Patagónica SA.

Uno de los argumentos de Echegaray fue que la evasión por las facturas apócrifas ascendía a lo sumo a 13 millones de pesos, cuando el monto de lo que sospecha que se lavó son unos 300 millones. El resto serían sobreprecios en la obra pública.

Echegaray dijo que no cerró las oficinas de Bahía Blanca para proteger a Báez, sino que en verdad cerró esa regional porque existía un conflicto gremial derivado de un cambio de horario que había dispuesto a nivel nacional en todas las oficinas de la AFIP.

Criticó un informe que presentó Jaime Mecikovsky, un funcionario de la AFIP que fue desplazado por investigar a Báez que declaró ante Casanello cómo el kirchnerismo, desde lo más alto del poder, protegía al empresario patagónico.

Echegaray dijo ayer que tenía límites para abocarse a casos individuales y que no lo hizo. En cambio, acusó a Mecikovsky de hacerlo.

Insistió en que una acusación similar a esta que le efectuó Casanello ya se la había hecho Norberto Oyarbide cuando era juez federal y recordó que ese magistrado lo sobreseyó antes de dejar su cargo al frente de la AFIP en diciembre pasado.

Por ello dijo que no correspondía investigarlo dos veces por el mismo delito. Este planteo -una excepción de falta de acción- ya se lo hicieron los abogados a Casanello y el juez rechazó la solicitud hace una semana. Apelarán la medida ante la Cámara Federal.

Echegaray dijo que nada sabe de Báez desde 2003, cuando ambos eran vecinos en Río Gallegos. Uno se hizo funcionario y el otro millonario.