Efecto Cristina: busca el Gobierno reflotar un proyecto para limitar la prisión preventiva

Luego del conflicto político por el pedido de desafuero y detención a la ex presidenta Cristina Kirchner , el gobierno de Mauricio Macri impulsará en febrero de 2018 un proyecto de ley demorado que limitaría la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva, con pautas objetivas para determinar el peligro de fuga y de obstrucción de Justicia.

La iniciativa se había presentado en septiembre de 2016 en el Senado y el peronismo no la trató. Según pudo saber LA NACION, la primera decisión de Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano , tras el pedido de detención a Cristina Kirchner, fue reflotar la iniciativa. La modificación es parte de la reforma del Código Procesal Penal, que se tratará con la del Código Penal.

El Gobierno reaccionó así porque el fallo del juez federal Claudio Bonadio , que anteayer pidió el desafuero y la prisión preventiva de Cristina Kirchner, causó sorpresa y desagrado, porque Macri lo consideró, en privado, un exceso y abuso de la ley.

En la Casa Rosada temen por el efecto político del fallo: puede generar ruido en las reformas que Macri busca aprobar en el Congreso. Si Cambiemos apoya el desafuero, se enfrentaría al PJ; si lo rechaza, se desgasta ante su electorado.

Por eso dilatará la decisión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y dejará que el PJ rechace el desafuero. En tanto, el Gobierno toma distancia del caso y espera que la Cámara Federal confirme o rechace las prisiones.

Garavano acordó el miércoles último con el senador peronista Rodolfo Urtubey impulsar la reforma de todo el sistema penal en 2018.

Pero luego del fallo de Bonadio sobre Cristina y de las detenciones de varios ex funcionarios, arrancarán por la reforma procesal y del uso de la prisión preventiva en las sesiones extraordinarias de febrero.

El proyecto que limitaba el uso de las prisiones preventivas recayó en la Comisión de Justicia del Senado, que preside el kirchnerista Pedro Guastavino y que no lo hizo debatir. El Código Procesal de 2015, impulsado por la ex presidenta, no fijó causales precisas para fundar los peligros de fuga u obstrucción de Justicia, y lo dejaba a la discrecionalidad de los jueces. Las pautas objetivas para el peligro de fuga se fijarían ahora en:

a) Arraigo determinado por domicilio de residencia, familia y negocios o trabajo y facilidades para abandonar el país.

b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, detenciones previas y reincidencia.

c) El comportamiento del imputado durante el procedimiento, rebeldía, intento de fuga, resistencia o violencia contra la fuerza pública.

Las pautas para el peligro de entorpecimiento de la causa serán:

a) Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar pruebas.

b) Intentar provecho del delito.

c) Hostigar o amenazar a la víctima o a testigos.

d) Influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal.

e) Inducir a otros a hacerlo.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes del oficialismo, con esa reforma Cristina Kirchner tendría más chances de evitar la prisión preventiva con el fallo de Bonadio. Cerca de Macri cuestionan el uso del delito de traición a la patria, porque no había una guerra, y la "ayuda" a los prófugos de la causa del atentado a la AMIA para eludir la Justicia.

Un penalista afín al Gobierno observó que con esta reforma "el juez podría invocar capacidad para influir en testigos y peritos", y que "con este criterio tan amplio cualquier funcionario puede ir preso".

Bonadio le imputa a Cristina Kirchner traición a la patria por el supuesto encubrimiento a Irán en la causa del atentado a la AMIA como consecuencia de la firma del memorándum con el gobierno iraní en enero de 2013 para poder indagar a los imputados en Teherán.

El 14 de enero de 2014, el fiscal de la AMIA Alberto Nisman denunció encubrimiento y el 18 apareció muerto de un balazo en la cabeza. El juez federal Julián Ercolini señaló hace dos meses que fue víctima de un homicidio por esa denuncia.

De todos modos, no se podría invocar la muerte de Nisman como obstrucción de Justicia, porque nadie probó aún quién habría sido el autor del hecho.

Garavano y Macri impulsan así la idea de restringir el uso de la prisión preventiva mediante la aceleración del proceso de instrucción, para elevar rápido las causas a juicio oral y producir condenas o sobreseimientos, que queden firmes e incuestionables. Temen que ante el abuso general de la prisión preventiva, los funcionarios actuales vayan presos. "Nadie querrá ser funcionario", se alarman. La Casa Rosada y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostienen que la Cámara Federal fundó bien la prisión preventiva para Julio De Vido, pero ese fallo no encuadraría para detener a Boudou, Cristina o Zannini.