El 30 % de las autoridades de mesa convocadas en provincia se excusó y ahora emiten nuevas citaciones

María José Lucesole
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9 de agosto de 2019  • 10:48

LA PLATA.- Unos 21.000 electores empadronados en la provincia de Buenos Aires ya se excusaron de participar como presidente de mesa o presidente suplente en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran el domingo próximo.

Se trata del 30 por ciento de las 70.000 autoridades convocadas por la justicia federal con competencia electoral para certificar la legalidad en 36.392 mesas dispuestas para votar en este territorio.

Unos 12.515.361 electores votarán en esas 36.392 mesas nacionales bajo jurisdicción de la justicia federal electoral.

Sólo allí se excusó el 30 por ciento de los citados para autoridad de mesa. Es decir que 21.000 ciudadanos no van a cumplir con la responsabilidad cívica a la que fueron convocados.

Otros 669.676 electores extranjeros votarán en 1.312 mesas que están bajo el control de la junta electoral provincial. Ese organismo no dio detalles aún sobre las excusaciones recibidas.

La noticia de la inmensa cantidad de deserciones se conoce en el tramo final del operativo electoral más grande del país: millones de boletas viajan a 5.100 centros de votación dispersos en cada rincón de la provincia para celebrar el domingo las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La gran cantidad de excusaciones no implica que el domingo vaya a haber mesas vacías de control justo en tiempos de alerta sobre posibles fallas del nuevo software: la justicia electoral y luego el Correo Argentino volvieron a librar citaciones -de manera automática- por cada uno de los electores que evadirá su responsabilidad cívica. Las nuevas citaciones pueden llegar hasta mañana sábado, inclusive, a los domicilios de los votantes.

No es el registro más alto desde el regreso de la democracia: en 2001 la deserción de los electores en su rol de autoridad cívica fue aún mayor, se informó desde la justicia electoral a La Nacion.

Pero 21.000 excusados para actuar este domingo son sustancialmente más que los 17.000 que desertaron en 1999, por sólo poner un ejemplo.

"Desde el retorno de la democracia en 1983 hasta 2001 la gente buscaba participar. En 2001 se hizo un quiebre", se dijo en la Justicia. Y ya nunca fue igual el nivel de compromiso cívico.

Cada mesa electoral donde se habilitó una urna de votación debe contar con un presidente, un primer suplente y un segundo suplente. La ley permite excusarse por razones de salud, laborales o por encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de las elecciones.

"La persona que se excusa debe presentar sus razones: de salud o laboral. Lo grave es que se encuentre una falsedad. En ese caso se debe hacer una denuncia penal", dijo el juez Adolfo Gabino Ziulu.

El magistrado llamó a la reflexión, antes que mencionar la aplicación de las penas previstas por el Código Nacional Electoral para los que no asistan a cumplir con su responsabilidad cívica.

"Hace 36 años en nuestro país se vienen haciendo elecciones cada dos años de manera interrumpida. Hubo generaciones completas que no pudieron asistir a algo semejante. Nosotros debiéramos fortalecerlo. Es muy importante la concurrencia como autoridad de mesa", dijo el magistrado.

En la secretaria electoral se libraron citaciones hasta el 5 de agosto. Desde entonces el trámite lo realiza directamente el correo argentino: de forma automática cita a una nueva autoridad cada vez que recibe una excusación. Hay lugares donde las abstenciones son más altas, por ejemplo en esta capital. En el interior en cambio son menores.

Para estimular la participación el gobierno dispuso una paga de 1900 pesos para presidentes de mesa y 3.000 pesos para delegados electorales para cada acto. Es decir, se paga en las PASO y en la elección general.

Al menos unas 4.000 personas se inscribieron como autoridades de mesa voluntarias, pero la política del juzgado federal con competencia electoral de esta capital es rehusar a los voluntarios, ya que esconde la posibilidad de que sean personas con activa participación en partidos políticos.

Unos 10.000 agentes de seguridad se preparan para custodiar el operativo más grande del país, donde se liberará la batalla más ardua. La elección que puede modificar el rumbo de toda la Argentina.

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