El acuerdo de la Mesa de Diálogo se firmará el 9 de julio

Será un documento sobre los consensos
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29 de junio de 2002  

El Gobierno recibió ayer a la Mesa de Diálogo Argentino, que coordinan la Iglesia y las Naciones Unidas (ONU), y acordaron avanzar en un acuerdo base para las nuevas políticas, que se firmaría el 9 de julio próximo y que se traduciría en un documento llamado Consenso para las Reformas.

"La idea es firmarlo el 9 de julio próximo; si se demora demasiado, porque no hay voluntad de algunos sectores, expondríamos públicamente todo lo hecho hasta ahora", dijo en la Casa Rosada el vocero de la Mesa, José Ignacio López. Sin embargo, aclaró: "No vislumbro que nos retiremos".

El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, fue el encargado de recibir a la reducida delegación de la Mesa, compuesta por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Agustín Radrizzani; el representante de la ONU, Carmelo Angulo Barturén, y el propio López. En la segunda parte del encuentro se sumó el ministro del Interior, Jorge Matzkin.

"El diálogo tiene que tener grandeza, aportes. Al diálogo se debe acudir para poner y no para sacar", dijo López. "Si no hay avances es porque no se cumple con las condiciones del diálogo tal como se lo convocó", añadió el vocero.

Reclamo ciudadano

El Consenso para las Reformas comprende una serie de medidas reclamadas por la sociedad, como las reformas judicial, política y del Estado, la relación Nación-provincias, una nueva ley de coparticipación y la creación de un órgano independiente que cooperaría con el monitoreo de los cambios.

Un capítulo aparte es la introducción de un plan de viviendas elaborado y reclamado por todas las asociaciones laborales y empresariales relacionadas con la construcción. La propuesta, conocida ayer, incluye los siguientes puntos, entre otros:

  • Readecuar la normativa vinculada con las variaciones de costos, que impide la ejecución de los contratos.
  • Establecer que los fondos específicos asignados a la construcción de viviendas se utilicen sólo para generar nuevos puestos de trabajo.
  • Poner en macha las obras que cuentan con financiamiento de organismos internacionales.
  • Destinar el patrimonio social que implican inmuebles ociosos del Estado aptos para construir viviendas.
  • Establecer que un porcentaje mínimo obligatorio del 10% de los fondos de las AFJP deba destinarse al financiamiento de estas obras y al de los adquirientes.
  • "Yo veo más voluntad de firmarlo hoy que hace dos meses", afirmó José Ignacio López. El documento, añadió, debería ser rubricado por el Gobierno, legisladores, gobernadores y organizaciones civiles. El texto pretende ser la base para un proceso de reconstrucción que contemple el restablecimiento de valores, como el bien común, la confianza en lo público y el contrato social.

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