El año próximo se podrá elegir la obra social

Decretos: Menem concretó su amenaza de quitar a los sindicatos el manejo absoluto de las prestadoras médicas gremiales, que manejan 2500 millones de dólares por año; regulación de las prepagas.

8 de octubre de 1996

El presidente Menem firmó ayer el decreto que pone en marcha, a partir del 1 de enero próximo, la desregulación de las 300 obras sociales que atienden a 11 millones de personas, con un presupuesto anual de 2500 millones de pesos. Menem concretó así la medida tan temida por los sindicalistas que, recientemente, realizaron dos paros generales en dos meses. A partir de esa fecha entrará en vigor el mecanismo de libre elección de las obras sociales.

Sin embargo, la utilización por parte del afiliado de la prestadora elegida se efectivizará desde el 31 de marzo del año próximo en el caso de aquellas entidades que no se hubiesen presentado al programa de reconversión dispuesto por el Gobierno, consistente en el saneamiento de sus finanzas, la fusión de las más pequeñas y la reingeniería de los planes médicos.

En cambio, las obras sociales calificadas dentro de ese programa, brindarán servicio a sus nuevos afiliados tan sólo a partir del 30 de junio, es decir, que tendrán más tiempo para acomodar su prestación.

Temores sindicales Con este decreto, el Gobierno disparó sobre la principal fuente de financiamiento de los gremios, que temen perder no sólo su peso social, sino el político.

Mediante este instrumento, el Presidente no ha hecho otra cosa que poner en vigor un decreto desregulatorio de 1993.

Desde entonces, ese texto fue utilizado políticamente por el Gobierno a modo de fantasma para presionar a los sindicatos cada vez que, en el Congreso, sus representantes cuestionaban o demoraban leyes consideradas vitales por Balcarce 50 para la marcha del país.

Las prepagas

Un segundo decreto dispone que antes del 31 de diciembre próximo el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de medicina prepaga, por el que se establecerá el marco regulatorio de esa actividad. Aunque la norma no lo dice, la idea es que esas empresas puedan competir, en un futuro, con las manejadas actualmente por los sindicatos.

Paralelamente, queda abierta la posibilidad para que, también más adelante, se sumen administradoras de obras sociales, como las que existen en los Estados Unidos, donde prestan el denominado seguro de salud.

Obras sociales: castigarán el ocultamiento de datos

Censo a empleadores: el decreto por el que se concreta la desregulación ordena un registro obligatorio de beneficiarios y faculta a la Anses para penalizar a las empresas que no den información.

El decreto suscripto anoche por Carlos Menem referido a la puesta en marcha de la desregulación de las obras sociales dispone la realización, a partir del lunes próximo, de un operativo denominado "censo a empleadores", que responde a un acuerdo previo entre la Anses y la DGI, tendiente a recoger toda la información sobre trabajadores y sus grupos familiares, que obren en las empresas comprendidas en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esos datos deben ser suministrados por los empresarios bajo la forma de una declaración jurada y antes del 31 de marzo proximo.

Si no lo hiciesen, la Anses queda facultada para intimarlos y sancionarlos, dice el decreto, aunque no especifica qué tipo de penalidades regirán para los casos de ocultamiento de esa información.

Las medidas

El programa de desregulación de obras sociales está contemplado en dos decretos. El NÝ 1141, por el cual el presidente Menem estableció el mecanismo de libre elección de la entidad por parte del afiliado al sindicato, y el NÝ 1142, que dispone que la Anssal estará a cargo del registro de las nuevas entidades que "deseen registrarse como agentes del sistema nacional del seguro de salud". Este último sostiene que "el Ministerio de Salud y Acción Social elevará al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de medicina prepaga que establezca el marco regulatorio de la actividad dentro del plazo de 45 días corridos" a partir de ayer. El proyecto que deberá aprobar el Congreso "será remitido (al Parlamento) antes del 31 de diciembre próximo".

Obras sociales

El decreto de reconversión de obras sociales consta de 10 artículos, en los cuales se dispuso, entre otros puntos, los siguientes:

Establecer el ejercicio de la opción de cambio entre las obras sociales sindicales a partir del 1Ý de enero de 1997, la que se efectivizará desde el 31 de marzo del mismo año para aquellas entidades que no se hubiesen presentado en el programa de reconversión. Para las obras sociales que se encuentren calificadas dentro del mencionado programa y hayan presentado su plan de reconversión antes del 31 de diciembre de 1996, la efectivización del cambio regirá a partir del 30 de junio de 1997.

El Ministerio de Salud y Acción Social, en su calidad de autoridad de aplicación, deberá dictar las normas complementarias para la realización de lo establecido en el artículo anterior, en un plazo de 60 días a partir de la publicación del decreto.
La Anses, con la colaboración de la DGI y sobre la base de los requerimientos formulados por la Anssal, deberá finalizar el padrón de beneficiarios al Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones el 31 de marzo próximo.
La Anssal entregará a la Anses la información existente sobre los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud. El plazo para presentar esa información fue fijado en 90 días a partir del inicio del operativo.
Todo beneficiario titular del Sistema Nacional del Seguro de Salud está obligado a informar a la Anses cualquier novedad producida en la constitución de su grupo familiar para mantener actualizado el padrón. La Anses queda facultada, en caso de incumplimiento, para aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente. Esto implica que se puede llegar a la inhabilitación para la realización de cualquier trámite ante la misma entidad, en tanto no se cumpla con la obligación mencionada.
El padrón administrado por la Anses, conformado por las informaciones del censo de empleadores de las obras sociales y de las novedades declaradas por los titulares del Sistema Nacional del Seguro de Salud integrará una base única.
La Anses entregará a la DGI la información relevada para asignar la Clave Unica de Identificación Tributaria.

Daer avala, pero critica

El secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, afirmó ayer que está de acuerdo con la libre afiliación de trabajadores a las obras sociales sindicales, pero acusó al Gobierno de tomar la salud como un "negocio". El titular de la central obrera bajó el tono de sus críticas y se mostró a favor de que los afiliados puedan elegir libremente su obra social. "Estoy de acuerdo en que se lleve adelante un programa de reconversión, que ya existe", dijo Daer, quien afirmó que trabajó junto a la Anssal en un programa de reconversión.

Por otra parte, aseguró que no hay una política sanitaria a nivel nacional. "El Gobierno toma la salud como un negocio, uno de los tantos que existen en el país", dijo.

"Las obras sociales son parte de un sistema integrado de salud y surgieron por la dificultad de los hospitales públicos en brindar prestaciones asistenciales", señaló Daer, pocas horas antes de que Menem le pusiera la firma al controvertido decreto.

El sindicalista defendió el sistema vigente: "No existe mal manejo de fondos". Sin embargo, desde marzo de 1997 habrá libre competencia de todas las obras sociales, y en 1998 se incorporarán a la compulsa las empresas de medicina prepaga.

Por su su parte, el ministro de la Producción bonaerense, Carlos Brown, opinó: "La flexibilización es una parte la solución del problema. Si creemos que con eso solo alcanza para superar el problema del desempleo nos equivocamos". El funcionario advirtió que la modernización laboral es una de las alternativas contra el desempleo, pero no es suficiente. Además agregó que pelear con la CGT es un error "grande".

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